Cinco fallas del INRA precedieron la crisis ambiental en Chiquitan铆a
Por: Los Tiempos
Septiembre 2019
Fotografia: La voz de Tarija

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) cometi贸 al menos cinco irregularidades que precedieron a los incendios forestales en la Chiquitan铆a, donde el fuego ya ha consumido m谩s de 1,7 millones de hect谩reas, el 41% dentro de 谩reas protegidas de gran biodiversidad.

Seg煤n un experto y dirigentes de la Chiquitan铆a, el INRA cometi贸 cinco irregularidades聽 que llevaron al desastre como la autorizaci贸n de asentamientos humanos en reservas y 谩reas protegidas y, adem谩s, no hizo seguimiento al uso de las tierras una vez que fueron dotadas, por lo que varias no cumplieron su funci贸n e incluso las revendieron.

Tambi茅n, el INRA no realiz贸 la reversi贸n ni expropiaci贸n de tierras que no cumplieron con el prop贸sito asignado,聽 incumpli贸 con el control y coordinaci贸n con los municipios y organizaciones local y tuvo un tratamiento flexible que favoreci贸 al empresariado agroindustrial.

Sobre el primer punto, el bloque c铆vico chiquitano denunci贸 que al menos mil nuevas comunidades se asentaron en la Chiquitan铆a e invadieron 谩reas protegidas.

"Impotente al ver el abuso y atropello que hace el INRA con nosotros, lo que hace el INRA en nuestro territorio. Hemos hecho miles de denuncias ante el INRA pero sabiendo de todas estas falencias siguen cometiendo atropellos", dijo el dirigente c铆vico de San Rafael, Agust铆n Pe帽a, al denunciar que el 谩rea protegida municipal de San Rafael, que tiene 70 mil hect谩reas, fue invadida por varios asentamientos aprobados por el INRA.

El segundo problema聽 deriva del primero, y es que a parte de aceptar los asentamientos en zonas no aplicables,聽 la instituci贸n estatal no monitore贸 el cumplimiento de la funci贸n de las tierras que, seg煤n normativa, debe hacer por dos a帽os antes de consolidar la dotaci贸n.

El investigador del Centro de Estudios Jur铆dicos e Investigaci贸n Social(Cejis), Leonardo Tamburini, asever贸 que muchos de los asentados al final vendieron sus tierras a empresarios vulnerando as铆 el principio fundamental de la dotaci贸n: las tierras no son de beneficio comercial.

"Cuando esto (de las dotaciones) arranc贸 m谩s o menos en el 2010 ya al 2017 se sab铆a que varias de estas comunidades dotadas no estaban siendo ocupadas por sus beneficiarios, s贸lo se hab铆a hecho algunos trabajos especulativos para demostrar alg煤n tipo de funci贸n social y luego fueron comercializadas a brasile帽os, uruguayos y argentinos", dijo.

Muchas de las tierras dotadas est谩n en zonas forestales聽 (bosques) y son cedidas de manera gratuita a los comunarios para su aprovechamiento. Estos para desmontar el terreno realizan quemas que producen varios focos de fuego.

Mil comunidades en Chiquitan铆a. Seg煤n el bloque c铆vico chiquitano, el INRA autoriz贸 m谩s de mil asentamientos de comunidades nuevas en la Chiquitan铆a.

DOS INSTITUCIONES EST脕N EN LA MIRA

El INRA y la ABT son las dos instituciones que se encargan de la pol铆tica de tierras y de la forestal, respectivamente, del Estado. Sus decisiones respecto a los asentamientos, en el caso del INRA, y sobre las quemas y desmontes, en el segundo, incidieron directamente en los incendios registrados en la Chiquitan铆a, donde seg煤n el 煤ltimo reporte ya se han perdido 1,7 millones de hect谩reas, casi la mitad de ellas en zonas protegidas de gran biodiversidad.

El dirigente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Dur谩n, dijo que pedir谩n la renuncia de las principales autoridades del INRA y la ABT por su papel en esta crisis.

REVERSIONES Y CONTROLES FUERON IRREGULARES

AGENCIAS

La tercera irregularidad cometida por el INRA fue que no expropi贸 ni reverti贸 las tierras y los asentamientos que no cumplieron la funci贸n social que les fue encomendada, explic贸 el especialista Leonardo Tamburini.

"Entonces lo que sucedi贸 es que mucha gente entr贸 como beneficiaria, cort贸 toda la madera, no pag贸 ning煤n impuesto, comercializ贸 la madera y en varios casos la ha vendido a otras personas", dijo.

La cuarta irregularidad est谩 relacionada con la falta de coordinaci贸n y complementaci贸n con normas locales, pues, seg煤n el alcalde de San Rafael, Julio Alviz, a pesar de que ese municipio emiti贸 normativas de protecci贸n ambiental y creaci贸n de 谩reas protegidas desde 2004, el INRA permiti贸 los asentamientos en esa regi贸n.

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