El Ministerio de Justicia informó que con el Decreto de Amnistía e Indulto se pretende beneficiar a un total de 3.180 privados de libertad, de los cuales son 2.781 varones y 399 son mujeres de las diferentes cárceles del país.

El objetivo, según el Ministerio, es reducir el hacinamiento carcelario en el país, el cual llega a 167% por sobre la capacidad instalada en los recintos penitenciarios.

La entidad señaló que los beneficiados de la amnistía e indulto son principalmente mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, progenitores de menores de 12 años o con discapacidad, perseguidos políticos y víctimas de retardación de Justicia.

La norma generó polémica porque entre los beneficiarios de la amnistía e indulto están quienes fueron procesados por protagonizar conflictos sociales, durante el gobierno transitorio. La oposición considera que se beneficiarán incluso quienes quemaron buses PumaKatari en 2019 y quienes bloquearon la provisión de oxígeno en 2020.

El Ministerio de Justicia enfatizó que la finalidad de la normativa es "resguardar la vida, la salud y la integridad de las personas, por el incremento de contagios de Covid-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país".

Aclaró que las personas que no se beneficiarán de la amnistía ni del indulto son quienes hayan sido sentenciadas a pena privativa de libertad de más de 10 años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

Tampoco se beneficiarán los autores de delitos de homicidios o lesiones gravísimas en accidentes de tránsito ni responsables de delitos contra la libertad sexual. No se podrán acoger a este decreto personas que cometieron delitos cuyas víctimas fueron niñas, adolescentes o personas con discapacidad; entre otros factores excluyentes.

Hacinamiento

Hasta febrero de 2021 el porcentaje de hacinamiento en las cárceles del país era del 167%, según datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, según refiere la publicación del Ministerio de Justicia.

A nivel nacional las cárceles del país cuentan con una capacidad carcelaria para albergar a 6.765 privados de libertad, sin embargo, reporta 17.863 personas en sus instalaciones, según la entidad gubernamental.

De esa cifra global, la capacidad en centros penitenciarios urbanos la capacidad está prevista para albergar a 5.346 reos y al momento alberga a 15.130, lo que genera un nivel de hacinamiento del 189%.

El informe señala que lo mismo ocurre en las carceletas provinciales, donde se reporta un hacinamiento del 86%, debido a que cuenta con una capacidad para albergar a 1.419 personas, pero al momento se tiene 2.733.

Respecto a los centros urbanos, la cárcel de San Pedro en La Paz al momento acoge a 2.566 privados de libertad, pese a que cuenta con una capacidad para 400 personas, lo que quiere decir que la cantidad de sobrepoblación es de 2.166, con un hacinamiento de 542%.

En Chonchocoro, la capacidad está calculada para 103 privados de libertad, pero se cuenta con 488 internos, es decir que se tiene una sobrepoblación de 385 personas, con un hacinamiento de 374%.

Mientras que en el penal de Palmasola de Santa Cruz, sección varones, la capacidad está prevista para 1.171, sin embargo al momento alberga a 5.110, dejando una sobrepoblación de 3.939 personas y un hacinamiento de 336%.