En octubre se conocerá el dato del crecimiento económico al primer semestre y si este año se paga el segundo aguinaldo. Si se concreta el beneficio, el sector público demandará un gasto de 2.663 millones de bolivianos.

La proyección fue realizada por el economista Julio Linares, experto en descentralización, según estimaciones realizadas a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) de este año y datos del SIGEP Móvil.

El segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia, es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto esté por encima del 4,5% (entre julio de 2017 y junio de este año), de acuerdo con el Decreto Supremo 1802.

Los datos analizados revelan que el mayor gasto para cancelar el beneficio este año se concentrará en los servicios de educación y salud, 851,5 millones de bolivianos; luego las Fuerzas Armadas y Policía, 295,6 millones de bolivianos; municipios, 237,9 millones de bolivianos e instituciones de la seguridad social.

En 2014 el doble aguinaldo exigió un gasto de 1.911,9 millones de bolivianos y en 2015 de 2.203,6 millones de bolivianos.

Esto incrementó el gasto corriente de sueldos y salarios (en 6% en cada gestión, que correspondería porcentualmente a un Sueldo 14); y significó en esos años , por ejemplo, mayor a la inversión en el sector salud de cada año, señala el análisis.

El 25 de septiembre se promulgó la Ley 1103 de modificaciones del PGE con un adicional de 3.975 millones de bolivianos.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, casi la mitad de estos recursos adicionales deriva de mayores ingresos por la venta de gas natural, por el incremento del promedio del barril de petróleo que sube a 67 dólares americanos (de un precio promedio estimado de 45,5 dólares).

El nivel que más recursos adicionales recibe para lo que resta de la gestión es la departamental (582,3 millones de bolivianos), mientras que el Gobierno central recibirá 450 millones de bolivianos adicionales.

El análisis señala que los recursos necesarios para pagar el segundo aguinaldo ocuparían el 67% de los recursos adicionales del PGE 2018. Para las gobernaciones representará el 32% de recursos y en los municipios, 57%. "Para las universidades, la situación es más complicada, porque se programaron 45 millones de bolivianos adicionales para 2018, pero el gasto del segundo aguinaldo superaría los 200 millones de bolivianos, por lo que deberían reprogramar el presupuesto actual", precisó Linares.

Aún así los municipios tendrán que sacrificar proyectos comprometidos, porque los recursos adicionales de IDH y regalías son para inversión.

"Suponiendo que los gastos corrientes de las instituciones estatales ya están totalmente programados, el monto superior a los 2.600 millones de bolivianos estimados para pagar el segundo aguinaldo significaría sacrificar inversión pública", advirtió Linares.

Los recursos necesarios para financiar el beneficio, además, superan en 23% la inversión programada este año de todos los gobiernos departamentales y 57% de la inversión de todo los municipios. En los primeros días de octubre se conocerá si se paga o no el doble aguinaldo.

El bono llega al 20% de los trabajadores del país

En 2015 el pago del segundo aguinaldo sólo benefició al 20% de los trabajadores en el país (5% del área rural) y no significó una modificación de la estructura de distribución del ingreso nacional, según un análisis del Centro de Estudios Laborales para el Agro (Cedla).

Este tipo de ingreso, de acuerdo con la entidad de investigación, sólo beneficia a trabajadores del Estado y empleados estables del sector privado formal.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares del INE de 2017, se infiere que cuatro de cada 10 trabajadores "formales" pertenecen al sector estatal (de todos los niveles) y que, por lo tanto, reciben aguinaldo (y segundo aguinaldo cuando correspondió).

El economista Julio Linares observa que este beneficio no discrimina un real esfuerzo de los gestores públicos, porque si se toma como medida la ejecución presupuestaria, en 2015, por ejemplo, 161 instituciones (de todos los niveles del Estado) no lograron si quiera el 60% de eficiencia.

Reportes del Ministerio de Economía dan cuenta que a junio de 2018, el 38% de las entidades estatales no había superado el 25% de ejecución.

En el caso de las empresas públicas, dependientes del nivel central del Estado, la duda es aún más seria, pues empresas como Construcciones del Ejército y Enatex cerraron sus puertas en 2014 y 2015, respectivamente, sin embargo, en ambos casos se pagó el segundo aguinaldo a sus trabajadores.

"La pregunta específica es, si sus gerentes y jefes, por ejemplo, merecían haber recibido este bono. Situación que también debería ser cuestionada en casos de Quipus, Cartonbol, San Buenaventura y el Mutún, que tuvieron pérdidas 2014 y 2015, pero que también cancelaron el beneficio incrementando aún más su déficit y dañando las finanzas estatales", critica Linares.