Ayotzinapa: Cuatro a√Īos de dolor e incertidumbre
Por: The New York Times
Septiembre 2018
Fotografia: Rodrigo Arangua/Agence France-Presse ‚ÄĒ Getty Images

Los jóvenes estudiantes hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.

Pero terminaron siendo v√≠ctimas de otra matanza. En un episodio a√ļn confuso, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una c√©lula de narcotr√°fico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro m√°s a bordo del cual iba un equipo de futbol).

Cinco j√≥venes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 j√≥venes, cuyo √ļltimo paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, est√°n desaparecidos desde entonces.

De all√≠ naci√≥ una consigna que ser√° coreada de nuevo este mi√©rcoles, a cuatro a√Īos de los hechos, junto con la lectura en voz alta de los nombres de cada uno de los j√≥venes: "Vivos se los llevaron. Vivos los queremos".

La pregunta a√ļn irresuelta sobre el destino de los j√≥venes ha convertido el caso en "un s√≠mbolo de las decenas de miles de inocentes que tambi√©n han desaparecido" en los √ļltimos a√Īos en M√©xico, en palabras del escritor Francisco Goldman, con investigaciones atascadas por la "complicidad penal y la corrupci√≥n por todos los niveles del gobierno".

Lo que sigue es, a grandes rasgos, un resumen de lo que ha sucedido desde esa noche en Iguala y algunos de los textos de The New York Times que reflejan esta historia de irregularidades, sospechas de encubrimiento y heridas abiertas.

El 26 septiembre de 2014 y la polémica

La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya hab√≠an tomado el control de los autobuses, fueron interceptados por miembros de la polic√≠a local y por presuntos grupos armados. Estos abrieron fuego contra los j√≥venes y contra los integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, que tambi√©n viajaban por la zona en un autob√ļs y que presuntamente pidieron la ayuda de militares en la zona, que habr√≠an respondido que no era su "jurisdicci√≥n".

Un grupo de expertos que se sirve de la arquitectura y de la tecnología para investigar casos de violaciones a los derechos humanos, Forensic Architecture, creó hace poco una plataforma que intenta hilvanar todas las historias de lo sucedido ese día.

Seg√ļn el gobierno federal de Enrique Pe√Īa Nieto, cuya Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) tom√≥ cargo de la investigaci√≥n unos d√≠as despu√©s, la pareja que gobernaba la ciudad de Iguala -Jos√© Luis Abarca y Mar√≠a de los √Āngeles Pineda Villa- ten√≠a v√≠nculos estrechos con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos. La versi√≥n de la PGR sobre por qu√© la polic√≠a local abri√≥ fuego contra los j√≥venes es que la pareja gobernante pensaba que los estudiantes iban a irrumpir en un evento p√ļblico y orden√≥ detenerlos. Varios integrantes de la polic√≠a tambi√©n habr√≠an estado involucrados con Guerreros Unidos.

Los primeros d√≠as de octubre, durante la b√ļsqueda inicial de los j√≥venes, fueron encontradas una serie de fosas comunes con supuestos restos calcinados de personas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula. La PGR asegur√≥ en noviembre de 2014 que partes de esos restos correspond√≠an a los estudiantes, a partir de supuestas confesiones de presuntos delincuentes. El Equipo Argentino de Antropolog√≠a Forense dijo que el gobierno le entreg√≥ restos que tienen coincidencias de ADN con uno de los j√≥venes, Alex√°nder Mora Venancio, pero se desconoce el origen de esos restos.

Sin embargo, los cuestionamientos a la versión oficial -que la PGR calificó como la "versión histórica"- y a esa investigación no han hecho más que multiplicarse.

Las otras versiones

Ante las exigencias de organismos internacionales como Amnist√≠a Internacional y Naciones Unidas, al igual que de los representantes de las familias de los 43 estudiantes, el gobierno de Pe√Īa Nieto solicit√≥ la ayuda de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos.

Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), compuesto por cinco latinoamericanos expertos en temas legales y de derechos humanos. Durante 2015, los integrantes del grupo recopilaron información de diversas fuentes sobre lo sucedido esa noche de septiembre y los días posteriores, aunque en varias ocasiones denunciaron que el gobierno no les daba acceso a sitios o a figuras que podrían tener información.

Los expertos publicaron dos informes a partir de la evidencia que recabaron, y sus hallazgos contrastan las afirmaciones de las autoridades. Por ejemplo, aunque la PGR asegura que los estudiantes fueron incinerados en aquel basurero en Cocula, expertos consultados por el GIEI para un peritaje independiente afirman que no hay evidencia alguna que corrobore que en ese sitio se hayan realizado cremaciones como las descritas por el gobierno.

M√°s a√ļn: el GIEI se√Īal√≥ que diversas autoridades manipularon evidencia, torturaron a sospechosos (algo tambi√©n denunciado por la ONU) y no investigaron pistas que pod√≠an apuntar a conclusiones distintas que la de incineraci√≥n, como la hip√≥tesis de que uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes habr√≠a tenido escondida droga que los delincuentes habr√≠an querido recuperar sin que los j√≥venes lo supieran.

El Times incluso tuvo acceso a un borrador interno del mismo gobierno que parec√≠a reconocer falencias como estas, pero que nunca fue hecho p√ļblico.

El gobierno de Pe√Īa Nieto decidi√≥ no extender el mandato del GIEI y los expertos tuvieron que dejar M√©xico a mediados de 2016, al poco tiempo de publicar su informe (el Times despu√©s revel√≥ que llegaron a ser espiados por un programa que hab√≠a adquirido el aparato de seguridad del gobierno mexicano).

Un nuevo mecanismo tras cuatro a√Īos de incertidumbre

Los familiares de los estudiantes contin√ļan exigiendo que se esclarezca lo que ocurri√≥ -ya tomando en cuenta lo encontrado por el GIEI-, y a mediados de este a√Īo tuvieron un atisbo de esperanza gracias al poder judicial mexicano.

Varios de los sospechosos detenidos, cuya tortura para declarar ha sido documentada por la ONU y por la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos, presentaron amparos en contra de su arresto. El caso termin√≥ frente al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de M√©xico, que en julio fall√≥ que toda la investigaci√≥n hab√≠a estado viciada y la √ļnica manera de remediarlo era empezarla de nuevo con un mecanismo in√©dito: una Comisi√≥n de Investigaci√≥n en la que participaran tanto la PGR y la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como los representantes de las familias. Aunque hubo un freno inicial a ese fallo, otro tribunal dijo esta semana que debe proceder la creaci√≥n de la comisi√≥n.

La Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos que envi√≥ al GIEI a M√©xico hace tres a√Īos mantiene la vista sobre las investigaciones por medio de un mecanismo de seguimiento en colaboraci√≥n con la oficina de la ONU en M√©xico y la CNDH. Y hay expectativas de que el GIEI pueda regresar, quiz√° con una composici√≥n distinta, cuando asuma el cargo el presidente electo de M√©xico, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador. El equipo de L√≥pez Obrador ya habr√≠a expresado su visto bueno a que regresen los expertos, seg√ļn Mario Patr√≥n, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust√≠n Pro Ju√°rez (Prodh), que representa a los padres.

Estos se reunirán hoy con López Obrador y después habrá una marcha en Ciudad de México.

Los familiares, los estudiantes que sobrevivieron, los que ahora asisten a la Normal y miles de mexicanos mantienen la esperanza de que pueda esclarecerse lo sucedido con esos 43 jóvenes y con otros miles de desaparecidos en México.

"No podemos olvidar que no solo se trata de los 43 de Ayotzinapa", dijo al Times Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, "sino de m√°s de 30.000 casos de desapariciones en total".

 

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