'Nos van a exterminar': indígenas colombianos enfrentan una ola de violencia
Por: Julie Turkewitz y Sofía Villamil / The New York Times
Octubre 2020
Fotografia: Federico Rios /The New York Times

 

Despu√©s de un largo conflicto armado, un nuevo tipo de violencia est√° arrasando a las comunidades ind√≠genas de Colombia. Seg√ļn organizaciones de derechos humanos, cada dos d√≠as se producen asesinatos masivos.

Esta semana miles de manifestantes salieron a las calles de Bogotá, la capital de Colombia, horrorizados por una ola de violencia brutal que azota al país. Es tan intensa que, en promedio, cada dos días se han producido asesinatos masivos.

La mayoría viajó cientos de kilómetros, desde las comunidades indígenas rurales que han sido particularmente devastadas por la violencia que atribuyen a las fallas del gobierno para protegerlas bajo el proceso de paz que se detuvo en el país.

Llaman a su movimiento la "minga indígena".

Minga es una palabra ind√≠gena, usada mucho antes de que los espa√Īoles llegaran a Sudam√©rica, para referirse a un acto de trabajo comunal, un acuerdo entre vecinos para construir algo juntos, como un puente, una carretera o un gobierno.

Pero, con el tiempo, minga también ha llegado a significar un acto colectivo de protesta, un llamado a recuperar lo que una comunidad cree que perdió: territorio, paz, vidas.

Y las protestas, que duraron toda la semana -e incluyeron una gran marcha que se celebró el miércoles- se han convertido en un grito prolongado y cooperativo.

"La comunidad dijo: 'Tenemos que movernos porque si no mostramos ante el mundo lo que est√° pasando nos van a exterminar'", dijo Ermes Pete, de 38 a√Īos, un l√≠der ind√≠gena del suroeste del pa√≠s. "Si no protestamos nos van a exterminar, f√≠sica y culturalmente".

Las manifestaciones son otra se√Īal de la frustraci√≥n y el enojo p√ļblico ocasionados por el ritmo del proceso de paz en Colombia.

Hace cuatro a√Īos, el gobierno firm√≥ un acuerdo de paz hist√≥rico con el grupo rebelde m√°s grande del pa√≠s, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), poniendo fin al conflicto de mayor duraci√≥n en las Am√©ricas. El acuerdo exig√≠a que el gobierno colombiano brindara servicios b√°sicos -como educaci√≥n, atenci√≥n m√©dica y seguridad- en las zonas afectadas por el largo conflicto armado.

Pero muchos manifestantes dijeron que cuando las Farc se marcharon de sus comunidades, el gobierno nunca llegó. En cambio, surgieron nuevos grupos criminales.

"Tememos por nuestras vidas", dijo Samay Sacha, un manifestante de 61 a√Īos. "Por eso estamos aqu√≠".

Muchas de las personas que participaron en las manifestaciones son agricultores, maestros y organizadores comunitarios de pueblos peque√Īos que juntaron sus salarios para alquilar unos coloridos autobuses llamados "chivas", y dejaron a sus ni√Īos y trabajos en casa.

Acamparon en un campo deportivo provisto por el gobierno de la capital o en las zonas verdes exteriores, y se reunieron alrededor de las fogatas para cocinar, planificar y contar sus historias.

A medida que nuevos grupos criminales se han trasladado al territorio de las antiguas Farc, las comunidades indígenas, a menudo ubicadas en las rutas de la droga y en zonas ricas en minerales y madera, se encuentran entre las poblaciones más vulnerables. Las organizaciones delictivas han utilizado una violencia mortal para reprimir la disidencia y disuadir a la gente de trabajar con sus rivales.

Los l√≠deres comunitarios que se pronuncian contra la brutalidad se han convertido en objetivos de los delincuentes. Solo este a√Īo, al menos 233 l√≠deres c√≠vicos han sido asesinados, seg√ļn Indepaz, un grupo de derechos humanos. M√°s de mil han muerto desde que se firm√≥ el acuerdo de paz.

Los asesinatos masivos, definidos como tres o m√°s muertes, tambi√©n se han disparado. Este a√Īo, Indepaz ha registrado 68 y, entre julio y septiembre, se produjo un aumento significativo.

Estos asesinatos están sucediendo después de décadas de conflictos en los que las comunidades se vieron presionadas entre las Farc y el ejército en una guerra que dejó más de 200.000 muertos y desplazó a unos seis millones de personas.

Muchos pensaron que, después del acuerdo, experimentarían un periodo de paz. Pero no siempre ha sido así.

"Después de la firma del acuerdo de paz se recrudeció la guerra", dijo Aida Quilcue, lideresa de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Los manifestantes exigieron reunirse con el presidente Iván Duque, un político conservador que fue elegido después de la firma del acuerdo de paz de 2016. Su partido se opuso al acuerdo argumentando que fue demasiado indulgente con las Farc.

Los cr√≠ticos de Duque lo han acusado de no hacer lo suficiente para cumplir el acuerdo, se√Īalando, por ejemplo, que solo un n√ļmero limitado de familias han podido participar en un programa que les ayudar√≠a a dejar de cultivar coca -la planta utilizada para hacer coca√≠na- y as√≠ poder dedicarse a la producci√≥n de sembrad√≠os legales.

Muchos siguen cultivando coca, por lo que el tr√°fico de drogas y la violencia han proliferado en esas zonas.

Duque no se reunió con la minga en Bogotá, sino que envió una delegación para reunirse con personas en el suroeste del país, que se ha visto muy afectado por la violencia. Su oficina dijo que estaba gastando millones de dólares para abordar el problema.

En una entrevista a principios de este a√Īo, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, inst√≥ a los colombianos a ser pacientes con el proceso de paz.

"Denle al hombre una oportunidad", dijo, refiri√©ndose al presidente Duque. "Es que nosotros no podemos en dos a√Īos cambiar 56 a√Īos de guerra".

Pete, uno de los líderes de la protesta, recuerda que creció con la guerra en su casa en el departamento del Cauca, donde las Farc prácticamente dormían en su puerta.

En esa época, los militares acusaron a su familia de colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los acusó de colaborar con los militares. Algunos días, veía helicópteros sobrevolando la zona. Y, de vez en cuando, llovían balas.

La violencia hizo que Pete se postulara para un puesto de liderazgo en su comunidad, y cuando las Farc se fueron, instó a sus vecinos para que abandonaran los cultivos de coca. Pensó que el Estado actuaría para protegerlos.

"La institucionalidad nunca llegó", dijo.

Muy pronto, Pete se convirtió en un objetivo de los grupos delictivos. En un día de 2017, dos hombres comenzaron a dispararle cuando salió de su casa. Cayó al suelo y sobrevivió.

Bertha Rivera, una manifestante de 53 a√Īos, lleg√≥ a Bogot√° desde un territorio ind√≠gena ubicado a casi 640 kil√≥metros de distancia.

Ella durmi√≥ en una tienda de campa√Īa ubicada en el campo deportivo. Al d√≠a siguiente, march√≥ con la minga por las calles de la capital.

"Teníamos tanta ilusión", dijo sobre el proceso de paz. "Ahora ya no vamos a escuchar los muertos, ya no vamos a escuchar las bombas, no vamos a escuchar las amenazas".

Y continuó: "Cuando estuvo lo de la paz, pensábamos que era lo mejor. Y aunque a nosotros ya nos habían contado otros pueblos y otras naciones que vivieron esta misma experiencia que el posconflicto era más fuerte que el mismo conflicto [...] no creíamos".

"Pero hoy nos damos cuenta que tenían mucha razón", concluyó.

 

Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Per√ļ, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a Sudam√©rica, fue corresponsal nacional y cubr√≠a el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz

 

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