Perú ha creado, a través de un decreto supremo publicado ayer, el Parque Nacional Sierra del Divisor. El territorio abarca 1.354.485 hectáreas que el Estado consideró en 1991 "zonas de vida y ecosistemas muy amenazados y poco representados en el resto de unidades de conservación". Se trata del tercer parque nacional más grande del país, rodeado de concesiones forestales y mineras, y lotes petroleros, ocupa el territorio ancestral de un pueblo indígena en aislamiento: los isconahuas.

El ingeniero forestal Antonio Tovar, uno de los autores del libro Sierra del Divisor, una sierra al este de Ucayali, publicado en 2009, destaca que los cerros aislados le dan el nombre al parque porque se encuentran en plena llanura amazónica. "Allí, elevándose hasta 700 metros, viven una serie de especies raras de fauna y flora", explica por teléfono desde el Centro de Datos para la Conservación, una unidad de la Universidad Agraria La Molina. "Es una cordillerita aislada, una parte es volcánica y otra tectónica, producto de un movimiento de tierras".

Según el inventario biológico realizado en 2006 por el Field Museum de Chicago, la Sierra del Divisor es el único hábitat protegido nacionalmente del huapo colorado, un mono con rostro rojo. Los botánicos registraron entonces más de 1.000 especies de plantas, seis de ellas nuevas para la ciencia, y una nueva variedad para el Perú, el ficus acreana, pero también reportaron a un grupo de madereros ilegales viajando por un río.

"Encontramos que había 16 especies de monos en el lado peruano. Si sumamos los de Brasil [en este país, el Parque Nacional Serra do Divisor fue creado en 1989], llegan a 18. En ninguna otra parte hay concentración de tantos primates", comenta Tovar, y anota que el alimento no es el único determinante del hábitat sino "la cobertura, es decir, que las especies puedan realizar sus actividades protegidos de los depredadores: sea por el follaje, la vegetación o las ramificaciones".

Con éste, Perú tiene actualmente 14 parques nacionales en más de 9.400.000 hectáreas, en las que el Estado debe dar la máxima protección al entorno. Sin embargo, la decisión llega retrasada: representantes de los pueblos indígenas matsés, ashéninka, huambisa, isconahua y shipibo-conibo acudieron en septiembre a la Defensoría del Pueblo porque el Gobierno no emitía el decreto de creación del parque nacional como se comprometió en un acuerdo en enero de 2014.

En octubre, la Defensoría presentó una demanda de amparo contra dos ministerios por 20 meses de retraso desde que el Estado realizó el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, un procedimiento de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. "La falta de protección los hace vulnerables frente a actividades ilícitas: sembríos de coca, tala y minería ilegal", anotó entonces Daniel Sánchez, de la Defensoría del Pueblo.