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América Latina en el limbo de la vacunación global
Febrero de 2021
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Las policÃas y fuerzas de seguridad de la región necesitan una reforma urgente. De lo contrario, es probable que sigamos viendo graves abusos contra manifestantes. En muchos paÃses de América Latina, los ciudadanos salieron masivamente a las calles a protestar en 2019 tras años de expectativas frustradas y de insatisfacción con las polÃticas sociales de sus gobiernos. Desde comienzos de este año, sin embargo, las medidas de respuesta a la pandemia han obligado a la población a aguantar sus quejas en la soledad de sus hogares. Pero las causas del malestar social expresado en 2019 no han sido resueltas. La desigualdad económica -un tema central en las manifestaciones del año pasado- se ha agudizado por la pandemia. Además, siguen sobre la mesa otros temas presentes en las manifestaciones de 2019, como el deficiente sistema de pensiones en Chile y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. En las últimas semanas han ocurrido manifestaciones en Chile, Colombia, Costa Rica y, con motivo de la reciente destitución del presidente, también en Perú. Es posible que haya protestas en otros paÃses a medida que se alivie la crisis sanitaria causada por la COVID-19. En 2019, Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales la policÃa, y a veces las fuerzas armadas, reprimieron manifestaciones empleando la fuerza de manera excesiva y negligente en Ecuador, Colombia, Chile, Haità y Bolivia. Algunos manifestantes murieron y cientos fueron heridos. También se presentaron casos en los que manifestantes cometieron actos de violencia. En Ecuador, manifestantes retuvieron a decenas de policÃas contra su voluntad durante varias horas. En Chile, más de 1800 policÃas sufrieron lesiones. La policÃa sin duda puede arrestar a quienes cometen delitos. Pero el año pasado los agentes de seguridad usaron la fuerza de manera excesiva en algunos casos, incluso contra transeúntes y manifestantes pacÃficos. La violencia policial a menudo exacerbó el malestar y los desórdenes. Los abusos policiales en Latinoamérica suelen ser el resultado de la impunidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional de opacidad que tolera y, en ocasiones, alienta el abuso. Considerando lo ocurrido el año pasado, los gobiernos deberÃan adoptar polÃticas urgentes en tres áreas: protocolos y equipos antidisturbios; el trato a detenidos y facultades para arrestar; y rendición de cuentas. En primer lugar, la policÃa debe contar con normas claras y capacitación para proteger los derechos humanos durante manifestaciones. Sólo debe usar la fuerza como último recurso y siempre de manera proporcional a amenazas concretas. En 2019, los policÃas utilizaron armas que muchos de ellos denominaban "no letales" casi como si se tratara de armas de juguete. El gas lacrimógeno, las escopetas de perdigones y las pistolas táser no son armas "no letales", sino armas "menos letales" que pueden causar lesiones graves, incluso la muerte. Hace un año, tres policÃas chilenos nos dijeron que las escopetas de perdigones eran inofensivas, incluso a quemarropa. Para entonces, más de 200 manifestantes habÃan sufrido lesiones oculares por causa de dichas armas. Ese mismo mes, a pedido de Human Rights Watch y en vista de un informe técnico sobre la composición de los perdigones, la policÃa chilena suspendió el uso de las escopetas en la mayorÃa de las circunstancias. En segundo lugar, las reformas deberÃan poner fin a las detenciones arbitrarias y al maltrato a los detenidos, que son facilitados por normas excesivamente amplias y fallas en la fiscalización. En Colombia, los policÃas detuvieron a manifestantes abusando de una disposición que les permite "trasladar" a una persona para su propia "protección". Y en Ecuador muchos fueron acusados de "rebelión", un delito definido vagamente en la legislación. En Chile, la policÃa obligó a muchos detenidos, incluyendo a niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas desnudos. En tercer lugar, deben aplicarse sanciones serias cuando se producen abusos. Algunos paÃses cuentan con normas que favorecen la impunidad. En Bolivia, más de 20 manifestantes fueron asesinados en noviembre del año pasado luego de que el gobierno interino emitiera un decreto que otorgó a los militares discreción excesiva en el uso de la fuerza. Aunque el gobierno derogó el decreto poco después, nadie ha sido imputado por esas muertes hasta el momento. En Colombia y Brasil, muchos policÃas que cometen abusos son juzgados en tribunales militares que no garantizan investigaciones imparciales e independientes. Incluso en los paÃses de la región que cuentan con legislación adecuada, las investigaciones sobre abusos policiales suelen avanzar muy lentamente. De acuerdo con la fiscalÃa chilena, solo un policÃa ha sido condenado por los abusos cometidos en las protestas del año pasado. En Ecuador, Bolivia y Colombia no se ha impuesto ninguna condena. Los sistemas de justicia actúan lentamente en todo tipo de casos en la región. Pero la falta de voluntad polÃtica para impulsar investigaciones en contra de policÃas y la escasa colaboración de las fuerzas de seguridad dificultan aún más los procesos que involucran a agentes. A su vez, los procedimientos disciplinarios internos son usualmente poco transparentes, arbitrarios y propensos a ocultar abusos. Las autoridades de la región no parecen haber aprendido mucho de las protestas de 2019. Agentes de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos en la implementación de medidas contra el coronavirus en El Salvador, Honduras y Argentina, asà como en respuesta a manifestaciones. El caso más reciente es Perú, donde la policÃa usó gas lacrimógeno y escopetas de perdigones de forma excesiva y agentes vestidos de civil llevaron a cabo algunas detenciones arbitrarias. Dos manifestantes han muerto. En Colombia, 13 personas murieron y cientos fueron heridas durante manifestaciones en septiembre. Chile es el único paÃs de la región que está discutiendo seriamente una reforma policial. En Colombia, la Corte Suprema ordenó recientemente que se lleven a cabo reformas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido cambios fundamentales en ninguno de los dos paÃses. En otros paÃses han ocurrido graves retrocesos. Perú aprobó una ley que dificulta el procesamiento de policÃas que hacen uso excesivo de la fuerza. Ecuador promulgó una reglamentación similar para las fuerzas armadas, aunque la Corte Constitucional frenó su aplicación. Los abusos policiales no son casos aislados, sino el resultado de fallas estructurales. América Latina necesita fuerzas policiales profesionales que cuenten con la capacitación y supervisión adecuadas para rendir cuentas sobre su desempeño. El proceso para lograrlo será largo, pero es necesario ponerlo en marcha de inmediato, por el bien de los ciudadanos y de la propia policÃa.  Juan Pappier y César Muñoz Acebes son investigadores sénior sobre América Latina de Human Rights Watch. Â
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Opinion
- América Latina necesita aumentar el número de pruebas y rastreo de contactos para reabrir .
- América Latina se está quedando al margen del mundo que viene .
- América Latina necesita ayuda para combatir el cambio climático .
- América Latina se enfrenta a un retroceso de la democracia durante la pandemia .
- América Latina en el limbo de la vacunación global .
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Jorge Zepeda Patterson / El PaÃs
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MartÃn Caparrós / The New York Times
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Cayo Salinas
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Cayo Salinas
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El llanto de un árbol Dat0s 193 |