Las policías y fuerzas de seguridad de la región necesitan una reforma urgente. De lo contrario, es probable que sigamos viendo graves abusos contra manifestantes.

En muchos países de América Latina, los ciudadanos salieron masivamente a las calles a protestar en 2019 tras años de expectativas frustradas y de insatisfacción con las políticas sociales de sus gobiernos. Desde comienzos de este año, sin embargo, las medidas de respuesta a la pandemia han obligado a la población a aguantar sus quejas en la soledad de sus hogares. Pero las causas del malestar social expresado en 2019 no han sido resueltas.

La desigualdad económica -un tema central en las manifestaciones del año pasado- se ha agudizado por la pandemia. Además, siguen sobre la mesa otros temas presentes en las manifestaciones de 2019, como el deficiente sistema de pensiones en Chile y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia.

En las últimas semanas han ocurrido manifestaciones en Chile, Colombia, Costa Rica y, con motivo de la reciente destitución del presidente, también en Perú. Es posible que haya protestas en otros países a medida que se alivie la crisis sanitaria causada por la COVID-19.

En 2019, Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales la policía, y a veces las fuerzas armadas, reprimieron manifestaciones empleando la fuerza de manera excesiva y negligente en Ecuador, Colombia, Chile, Haití y Bolivia. Algunos manifestantes murieron y cientos fueron heridos. También se presentaron casos en los que manifestantes cometieron actos de violencia. En Ecuador, manifestantes retuvieron a decenas de policías contra su voluntad durante varias horas. En Chile, más de 1800 policías sufrieron lesiones.

La policía sin duda puede arrestar a quienes cometen delitos. Pero el año pasado los agentes de seguridad usaron la fuerza de manera excesiva en algunos casos, incluso contra transeúntes y manifestantes pacíficos. La violencia policial a menudo exacerbó el malestar y los desórdenes.

Los abusos policiales en Latinoamérica suelen ser el resultado de la impunidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional de opacidad que tolera y, en ocasiones, alienta el abuso.

Considerando lo ocurrido el año pasado, los gobiernos deberían adoptar políticas urgentes en tres áreas: protocolos y equipos antidisturbios; el trato a detenidos y facultades para arrestar; y rendición de cuentas.

En primer lugar, la policía debe contar con normas claras y capacitación para proteger los derechos humanos durante manifestaciones. Sólo debe usar la fuerza como último recurso y siempre de manera proporcional a amenazas concretas.

En 2019, los policías utilizaron armas que muchos de ellos denominaban "no letales" casi como si se tratara de armas de juguete. El gas lacrimógeno, las escopetas de perdigones y las pistolas táser no son armas "no letales", sino armas "menos letales" que pueden causar lesiones graves, incluso la muerte.

Hace un año, tres policías chilenos nos dijeron que las escopetas de perdigones eran inofensivas, incluso a quemarropa. Para entonces, más de 200 manifestantes habían sufrido lesiones oculares por causa de dichas armas. Ese mismo mes, a pedido de Human Rights Watch y en vista de un informe técnico sobre la composición de los perdigones, la policía chilena suspendió el uso de las escopetas en la mayoría de las circunstancias.

En segundo lugar, las reformas deberían poner fin a las detenciones arbitrarias y al maltrato a los detenidos, que son facilitados por normas excesivamente amplias y fallas en la fiscalización. En Colombia, los policías detuvieron a manifestantes abusando de una disposición que les permite "trasladar" a una persona para su propia "protección". Y en Ecuador muchos fueron acusados de "rebelión", un delito definido vagamente en la legislación. En Chile, la policía obligó a muchos detenidos, incluyendo a niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas desnudos.

En tercer lugar, deben aplicarse sanciones serias cuando se producen abusos. Algunos países cuentan con normas que favorecen la impunidad.

En Bolivia, más de 20 manifestantes fueron asesinados en noviembre del año pasado luego de que el gobierno interino emitiera un decreto que otorgó a los militares discreción excesiva en el uso de la fuerza. Aunque el gobierno derogó el decreto poco después, nadie ha sido imputado por esas muertes hasta el momento.

En Colombia y Brasil, muchos policías que cometen abusos son juzgados en tribunales militares que no garantizan investigaciones imparciales e independientes. Incluso en los países de la región que cuentan con legislación adecuada, las investigaciones sobre abusos policiales suelen avanzar muy lentamente. De acuerdo con la fiscalía chilena, solo un policía ha sido condenado por los abusos cometidos en las protestas del año pasado. En Ecuador, Bolivia y Colombia no se ha impuesto ninguna condena.

Los sistemas de justicia actúan lentamente en todo tipo de casos en la región. Pero la falta de voluntad política para impulsar investigaciones en contra de policías y la escasa colaboración de las fuerzas de seguridad dificultan aún más los procesos que involucran a agentes. A su vez, los procedimientos disciplinarios internos son usualmente poco transparentes, arbitrarios y propensos a ocultar abusos.

Las autoridades de la región no parecen haber aprendido mucho de las protestas de 2019. Agentes de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos en la implementación de medidas contra el coronavirus en El Salvador, Honduras y Argentina, así como en respuesta a manifestaciones.

El caso más reciente es Perú, donde la policía usó gas lacrimógeno y escopetas de perdigones de forma excesiva y agentes vestidos de civil llevaron a cabo algunas detenciones arbitrarias. Dos manifestantes han muerto. En Colombia, 13 personas murieron y cientos fueron heridas durante manifestaciones en septiembre.

Chile es el único país de la región que está discutiendo seriamente una reforma policial. En Colombia, la Corte Suprema ordenó recientemente que se lleven a cabo reformas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido cambios fundamentales en ninguno de los dos países.

En otros países han ocurrido graves retrocesos. Perú aprobó una ley que dificulta el procesamiento de policías que hacen uso excesivo de la fuerza. Ecuador promulgó una reglamentación similar para las fuerzas armadas, aunque la Corte Constitucional frenó su aplicación.

Los abusos policiales no son casos aislados, sino el resultado de fallas estructurales. América Latina necesita fuerzas policiales profesionales que cuenten con la capacitación y supervisión adecuadas para rendir cuentas sobre su desempeño. El proceso para lograrlo será largo, pero es necesario ponerlo en marcha de inmediato, por el bien de los ciudadanos y de la propia policía.

 

Juan Pappier y César Muñoz Acebes son investigadores sénior sobre América Latina de Human Rights Watch.