América Latina, es hora de acabar con los abusos policiales
Por: Juan Pappier y C√©sar Mu√Īoz Acebes/ The New York Times
Noviembre 2020
Fotografia: Rodrigo Abd/Associated Press

Las policías y fuerzas de seguridad de la región necesitan una reforma urgente. De lo contrario, es probable que sigamos viendo graves abusos contra manifestantes.

En muchos pa√≠ses de Am√©rica Latina, los ciudadanos salieron masivamente a las calles a protestar en 2019 tras a√Īos de expectativas frustradas y de insatisfacci√≥n con las pol√≠ticas sociales de sus gobiernos. Desde comienzos de este a√Īo, sin embargo, las medidas de respuesta a la pandemia han obligado a la poblaci√≥n a aguantar sus quejas en la soledad de sus hogares. Pero las causas del malestar social expresado en 2019 no han sido resueltas.

La desigualdad econ√≥mica -un tema central en las manifestaciones del a√Īo pasado- se ha agudizado por la pandemia. Adem√°s, siguen sobre la mesa otros temas presentes en las manifestaciones de 2019, como el deficiente sistema de pensiones en Chile y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia.

En las √ļltimas semanas han ocurrido manifestaciones en Chile, Colombia, Costa Rica y, con motivo de la reciente destituci√≥n del presidente, tambi√©n en Per√ļ. Es posible que haya protestas en otros pa√≠ses a medida que se alivie la crisis sanitaria causada por la COVID-19.

En 2019, Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales la policía, y a veces las fuerzas armadas, reprimieron manifestaciones empleando la fuerza de manera excesiva y negligente en Ecuador, Colombia, Chile, Haití y Bolivia. Algunos manifestantes murieron y cientos fueron heridos. También se presentaron casos en los que manifestantes cometieron actos de violencia. En Ecuador, manifestantes retuvieron a decenas de policías contra su voluntad durante varias horas. En Chile, más de 1800 policías sufrieron lesiones.

La polic√≠a sin duda puede arrestar a quienes cometen delitos. Pero el a√Īo pasado los agentes de seguridad usaron la fuerza de manera excesiva en algunos casos, incluso contra transe√ļntes y manifestantes pac√≠ficos. La violencia policial a menudo exacerb√≥ el malestar y los des√≥rdenes.

Los abusos policiales en Latinoamérica suelen ser el resultado de la impunidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional de opacidad que tolera y, en ocasiones, alienta el abuso.

Considerando lo ocurrido el a√Īo pasado, los gobiernos deber√≠an adoptar pol√≠ticas urgentes en tres √°reas: protocolos y equipos antidisturbios; el trato a detenidos y facultades para arrestar; y rendici√≥n de cuentas.

En primer lugar, la polic√≠a debe contar con normas claras y capacitaci√≥n para proteger los derechos humanos durante manifestaciones. S√≥lo debe usar la fuerza como √ļltimo recurso y siempre de manera proporcional a amenazas concretas.

En 2019, los policías utilizaron armas que muchos de ellos denominaban "no letales" casi como si se tratara de armas de juguete. El gas lacrimógeno, las escopetas de perdigones y las pistolas táser no son armas "no letales", sino armas "menos letales" que pueden causar lesiones graves, incluso la muerte.

Hace un a√Īo, tres polic√≠as chilenos nos dijeron que las escopetas de perdigones eran inofensivas, incluso a quemarropa. Para entonces, m√°s de 200 manifestantes hab√≠an sufrido lesiones oculares por causa de dichas armas. Ese mismo mes, a pedido de Human Rights Watch y en vista de un informe t√©cnico sobre la composici√≥n de los perdigones, la polic√≠a chilena suspendi√≥ el uso de las escopetas en la mayor√≠a de las circunstancias.

En segundo lugar, las reformas deber√≠an poner fin a las detenciones arbitrarias y al maltrato a los detenidos, que son facilitados por normas excesivamente amplias y fallas en la fiscalizaci√≥n. En Colombia, los polic√≠as detuvieron a manifestantes abusando de una disposici√≥n que les permite "trasladar" a una persona para su propia "protecci√≥n". Y en Ecuador muchos fueron acusados de "rebeli√≥n", un delito definido vagamente en la legislaci√≥n. En Chile, la polic√≠a oblig√≥ a muchos detenidos, incluyendo a ni√Īos y ni√Īas, a desvestirse y hacer sentadillas desnudos.

En tercer lugar, deben aplicarse sanciones serias cuando se producen abusos. Algunos países cuentan con normas que favorecen la impunidad.

En Bolivia, m√°s de 20 manifestantes fueron asesinados en noviembre del a√Īo pasado luego de que el gobierno interino emitiera un decreto que otorg√≥ a los militares discreci√≥n excesiva en el uso de la fuerza. Aunque el gobierno derog√≥ el decreto poco despu√©s, nadie ha sido imputado por esas muertes hasta el momento.

En Colombia y Brasil, muchos polic√≠as que cometen abusos son juzgados en tribunales militares que no garantizan investigaciones imparciales e independientes. Incluso en los pa√≠ses de la regi√≥n que cuentan con legislaci√≥n adecuada, las investigaciones sobre abusos policiales suelen avanzar muy lentamente. De acuerdo con la fiscal√≠a chilena, solo un polic√≠a ha sido condenado por los abusos cometidos en las protestas del a√Īo pasado. En Ecuador, Bolivia y Colombia no se ha impuesto ninguna condena.

Los sistemas de justicia act√ļan lentamente en todo tipo de casos en la regi√≥n. Pero la falta de voluntad pol√≠tica para impulsar investigaciones en contra de polic√≠as y la escasa colaboraci√≥n de las fuerzas de seguridad dificultan a√ļn m√°s los procesos que involucran a agentes. A su vez, los procedimientos disciplinarios internos son usualmente poco transparentes, arbitrarios y propensos a ocultar abusos.

Las autoridades de la región no parecen haber aprendido mucho de las protestas de 2019. Agentes de las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos en la implementación de medidas contra el coronavirus en El Salvador, Honduras y Argentina, así como en respuesta a manifestaciones.

El caso m√°s reciente es Per√ļ, donde la polic√≠a us√≥ gas lacrim√≥geno y escopetas de perdigones de forma excesiva y agentes vestidos de civil llevaron a cabo algunas detenciones arbitrarias. Dos manifestantes han muerto. En Colombia, 13 personas murieron y cientos fueron heridas durante manifestaciones en septiembre.

Chile es el √ļnico pa√≠s de la regi√≥n que est√° discutiendo seriamente una reforma policial. En Colombia, la Corte Suprema orden√≥ recientemente que se lleven a cabo reformas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido cambios fundamentales en ninguno de los dos pa√≠ses.

En otros pa√≠ses han ocurrido graves retrocesos. Per√ļ aprob√≥ una ley que dificulta el procesamiento de polic√≠as que hacen uso excesivo de la fuerza. Ecuador promulg√≥ una reglamentaci√≥n similar para las fuerzas armadas, aunque la Corte Constitucional fren√≥ su aplicaci√≥n.

Los abusos policiales no son casos aislados, sino el resultado de fallas estructurales. Am√©rica Latina necesita fuerzas policiales profesionales que cuenten con la capacitaci√≥n y supervisi√≥n adecuadas para rendir cuentas sobre su desempe√Īo. El proceso para lograrlo ser√° largo, pero es necesario ponerlo en marcha de inmediato, por el bien de los ciudadanos y de la propia polic√≠a.

 

Juan Pappier y C√©sar Mu√Īoz Acebes son investigadores s√©nior sobre Am√©rica Latina de Human Rights Watch.

 

Imprimir
Enviar Articulo

Lo más leido en:
Opinion
Personajes
Jorge Zepeda Patterson / El País
Martín Caparrós / The New York Times
Cayo Salinas
Cayo Salinas
El llanto de un √°rbol Dat0s 193