El gobierno de Joe Biden debería apoyar las inversiones en energía limpia y las protecciones ambientales en la región.

Joe Biden ha dejado claro que el cambio climático estará al centro de su agenda política nacional e internacional con una relevancia que ningún presidente le ha dado antes. Como candidato, propuso el plan climático más ambicioso de cualquier gobierno en la historia, pues prometió llegar a cero emisiones netas para 2050. Como presidente electo, nombró al exsecretario de Estado John Kerry funcionario encargado del cambio climático dentro de su gabinete.

Será importante que Estados Unidos coordine el combate al cambio climático a nivel mundial, desde los emisores de rápido crecimiento en Asia hasta los socios determinados en Europa. Sin embargo, tal vez América Latina es donde más le conviene al gobierno entrante comenzar a formar alianzas. Biden ya conoce bien la región y entiende cómo debe trabajar con nuestros países para eliminar obstáculos, sobre todo en materia de producción energética, a fin de reducir emisiones.

En 2014, cuando ocupó la vicepresidencia, Biden instauró la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI, por su sigla en inglés), un programa que buscó brindar apoyo a la seguridad energética y al crecimiento económico sustentable mediante una mejor gobernanza, un mayor acceso al financiamiento y el fortalecimiento de la coordinación de donantes. Asimismo, fundó un programa ambicioso de asistencia energética para Centroamérica, cuya finalidad era ayudar a esos países a proporcionar energía limpia y asequible. En una conferencia de 2016, destacó el apoyo estadounidense para centrales geotérmicas en las islas de Nieves, San Vicente y las Granadinas, y para la interconexión eléctrica en Centroamérica.

Como presidente electo, Biden ha sugerido que retomará la iniciativa energética en la región. Pero ha habido muchos cambios desde 2014. Excepto por una caída temporal debido a la pandemia del coronavirus, las emisiones globales han estado al alza desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015. La mayoría de los países no han logrado implementar políticas que habrían ayudado a evitar un cambio climático catastrófico en la segunda mitad del siglo.

Sin embargo, una porción creciente del electorado estadounidense está preocupado por las condiciones climáticas. Las tecnologías no contaminantes han evolucionado; las energías renovables, los vehículos eléctricos y el almacenamiento energético se han vuelto cada vez más confiables y competitivos frente a las tecnologías convencionales. El ambicioso plan climático de Biden refleja esta nueva realidad.

En sus primeras llamadas telefónicas con líderes latinoamericanos en noviembre, Biden habló sobre el cambio climático con los presidentes de Argentina, Chile y Costa Rica. Su presidencia promete marcar el inicio de una nueva era de cooperación en torno al cambio climático y las energías limpias que debería ser el pilar de una relación más constructiva entre Estados Unidos y los países de la región.

Para lograr sus objetivos ambiciosos en materia de política exterior ambiental, su gobierno debería dar prioridad a las siguientes áreas de cooperación.

En primer lugar, debe encontrar maneras de incrementar las exportaciones de tecnología no contaminante a América Latina y las inversiones en energías renovables en la región por parte de empresas estadounidenses. Este enfoque cumpliría con las promesas de campaña que hizo Biden de promover una industria y empleos ecológicos, y de sustituir a China como el principal proveedor de tecnología no contaminante en el mundo. China es el mayor vendedor de autobuses eléctricos, paneles solares y otras tecnologías limpias en la región.

Por su parte, América Latina necesita tener acceso a tecnologías limpias de vanguardia, como el almacenamiento energético en red, los vehículos eléctricos, los sistemas de detección de fugas de metano y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. El financiamiento internacional y la inversión extranjera directa son cruciales para desplegar estas tecnologías, y Estados Unidos tiene las mejores condiciones para proporcionar ambas cosas.

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés) deberían concentrarse en otorgar préstamos para la aplicación de soluciones de energía limpia y bajas emisiones de carbono en América Latina. Por ejemplo, estas agencias podrían ser de inmensa ayuda en Argentina, donde decenas de proyectos de recursos renovables que estaban programados para ya estar operando a estas alturas han sido retrasados por falta de financiamiento.

En segundo lugar, el gobierno de Biden debería intensificar la cooperación para reforzar la resiliencia ante el cambio climático, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, que son territorios especialmente vulnerables. Las redes eléctricas en estos países con alta propensión a los huracanes han sido devastadas por las tormentas, lo cual ha derivado en apagones prolongados, en particular en las islas donde, por lo general, solo hay una central eléctrica y una red de electricidad.

Cuando el huracán Matthew tocó tierra en Haití en 2016, provocó fallas eléctricas generalizadas, que les causaron aún más dificultades a las personas que ya habían perdido sus hogares. Con el apoyo de Estados Unidos, la inversión en tecnologías energéticas como las redes eléctricas inteligentes, los sistemas de energía descentralizados de "minirredes" y las soluciones de almacenamiento energético pueden hacer que las redes sean mucho más resistentes a las adversidades climáticas. El transporte eléctrico también puede aliviar los problemas de la región con respecto a la contaminación del aire y la dependencia del petróleo importado.

Biden ha prometido que Estados Unidos volverá a comprometerse con el Fondo Verde para el Clima. Por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y organizaciones ambientales internacionales, Estados Unidos también podría ofrecer apoyo técnico y financiamiento para programas de adaptación nacional y planes de energía limpia a fin de atraer inversión en infraestructura resistente.

Por último, el gobierno de Biden debería apoyar la lucha contra la deforestación de la Amazonía. Este año, la deforestación en Brasil ha aumentado casi un 10 por ciento, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de ese país, y los incendios forestales han alcanzado cifras históricas. Se pueden utilizar herramientas económicas y comerciales, junto con asistencia técnica y humanitaria, para persuadir y presionar al gobierno de Brasil para que mejore la conservación de la Amazonía y promueva el desarrollo económico sustentable en la región.

Es probable que esto se vuelva una fuente de tensión con Brasil. Sin embargo, la conservación también presenta una oportunidad de colaboración con otros países amazónicos como Bolivia, Colombia y Perú, que también albergan grandes franjas del bosque tropical de la Amazonía y están batallando para contener la deforestación.

El gobierno de Estados Unidos podría apuntalar la asistencia internacional para ayudar a los países a expandir las áreas protegidas, ampliar los programas de desarrollo económico sustentable y ofrecer incentivos financieros para que las agencias locales den mantenimiento a los bosques existentes. El apoyo técnico para mejorar la transparencia y las normas ambientales de los programas de infraestructura también podría ayudar a los países amazónicos a proteger los bosques, ya que las carreteras son un motor importante de la deforestación.

Si el cambio climático va a convertirse en un pilar de la política exterior estadounidense, el gobierno de Biden tendrá que elaborar una agenda constructiva que incorpore las prioridades de sus aliados, pero que también cumpla con los objetivos de Washington. En sus relaciones con América Latina y el Caribe, Estados Unidos tiene muchas oportunidades de colaboración que lograrían estas metas paralelas.

 

Lisa Viscidi es la directora del programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano, un centro de investigación en Washington.