Colombia, los militares y la sistematización de la violencia sexual contra las mujeres
Por: Catalina Ruiz-Navarro / The Washington Post
Julio 2020
Fotografia: Carlos Ortega/EPA-EFE/Shutterstock

El 22 de junio, una ni√Īa de 13 a√Īos de la etnia embera cham√≠, fue v√≠ctima de violencia sexual por parte de siete soldados del Ej√©rcito colombiano, en el departamento de Risaralda, Colombia. La denuncia conmocion√≥ al pa√≠s, y luego de 72 horas de investigaci√≥n por parte de la Fiscal√≠a, los militares aceptaron los cargos por el delito de "acceso carnal abusivo con menor de 14 a√Īos". Grupos de mujeres han protestado por el uso de este tipo penal, pues implica cierto nivel de consentimiento, algo imposible para una ni√Īa en esas circunstancias, y piden que se tipifique como "acceso carnal violento agravado".

En agosto de 2019, una adolescente de 15 a√Īos de la etnia nukak mak√ļ fue v√≠ctima de violencia sexual por parte de dos soldados que la secuestraron por cinco d√≠as, en el departamento de Guaviare. Su caso fue denunciado ante la justicia y a la fecha contin√ļa archivado. El 1 de julio de este a√Īo, las mujeres de la comunidad arhuaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, tambi√©n denunciaron en el diario El Espectador haber sido v√≠ctimas de violencia sexual por parte de todos los actores armados. "Cuando se acercan a una comisar√≠a de familia o quieren iniciar un proceso, no es posible porque el funcionario que atiende no maneja su idioma", le dijo la abogada Dunen Muelas al diario.

Quienes defienden al Ej√©rcito dicen que se trata de unas cuantas manzanas podridas, pero el verdadero problema es que es una pr√°ctica sistem√°tica y estructural. Seg√ļn un estudio de la Corporaci√≥n Sisma Mujer, entre enero y mayo de este a√Īo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiz√≥ cinco ex√°menes por "por presuntos hechos de violencia sexual contra mujeres, cometidos por miembros de las fuerzas militares, en dos casos las v√≠ctimas eran menores de edad". En octubre de 2012, miembros del Ej√©rcito abusaron sexualmente de al menos 11 ni√Īas en Nari√Īo. Una ten√≠a ocho a√Īos.

"Los grupos de mujeres que recopilan y analizan datos sobre violencia sexual relacionada con el conflicto, coinciden en que se trata de un crimen perpetrado por todos los actores armados y que es una pr√°ctica habitual, extensa, sistem√°tica e invisible", explica el estudio. De acuerdo con la primera Encuesta de Prevalencia sobre Violencia Sexual en el Contexto del Conflicto Armado, en el per√≠odo 2001-2009 al menos 489,687 mujeres y ni√Īas fueron v√≠ctimas directas de violencia sexual. Esto significa seis mujeres cada hora. La encuesta mostr√≥ que las fuerzas militares fueron reportadas en 79.9% de las agresiones.

Por esto, es necesario tener una conversaci√≥n sobre c√≥mo los ej√©rcitos no protegen la vida de las mujeres, y peor, las agreden activamente. "No es una pr√°ctica expl√≠citamente avalada por las instituciones. Sin embargo, en los grupos armados prima una concepci√≥n patriarcal, que valora lo masculino y desprecia lo femenino. En esa concepci√≥n las mujeres quedan reducidas a un recurso m√°s del territorio, un activo que se utiliza y se desecha al antojo de los hombres" dice la acad√©mica Roc√≠o Rubio en el medio digital Raz√≥n P√ļblica. La feminista Rita Segato se√Īala en el libro La guerra contra las mujeres: "La victimizaci√≥n de la mujer, entonces, es parte de un entrenamiento militar para la guerra. Vemos ah√≠ la funcionalidad de la victimizaci√≥n sexual, de la crueldad contra el cuerpo de la mujer en el campo de la guerra, un campo donde el pacto entre hombres tiene que ser muy estrecho y en donde la disoluci√≥n de patrones comunitarios de existencia es vital".

Para las mujeres racializadas la violencia es mucho peor porque se combina con actitudes hist√≥ricas coloniales, racistas y esclavistas. En nuestros territorios, los ej√©rcitos violan a mujeres y ni√Īas ind√≠genas desde la conquista. "Las mujeres y ni√Īas ind√≠genas han vivido a lo largo de sus vidas m√ļltiples vulneraciones articuladas a la hist√≥rica desatenci√≥n estatal en sus territorios, que se evidencian en la ausencia de derechos b√°sicos como la salud, la educaci√≥n y el trabajo en condiciones de dignidad. La militarizaci√≥n de sus vidas ha estado asociada a un incremento de los riesgos que enfrentan", explica Sisma. Por eso estos casos se conectan con otros como el de Sepur Zarco en Guatemala: es una pr√°ctica com√ļn de los ej√©rcitos de Am√©rica Latina.

El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016 es el primer acuerdo del mundo en lograr una trasversalizaci√≥n de enfoque de g√©nero, y reconoce que las desigualdades de g√©nero est√°n en las ra√≠ces del conflicto. "Fue el primer acuerdo que nombr√≥ la violencia sexual como crimen de guerra, y establece medidas diferenciadas para su investigaci√≥n y reparaci√≥n. Todo esto fue un logro sin precedentes de los movimientos de mujeres", explica la feminista Claudia Mej√≠a en entrevista telef√≥nica. La violencia sexual ha sido usada hist√≥ricamente como una herramienta para la guerra porque, en palabras de ONU Mujeres, "desaf√≠a las nociones convencionales de lo que constituye una amenaza para la seguridad, es m√°s barata que las balas, no requiere ning√ļn sistema de armas que no sea la intimidaci√≥n f√≠sica, por lo que es de bajo costo pero de alto impacto".

El Ej√©rcito colombiano, apoyado √ļltimamente por tropas de Estados Unidos, adem√°s de dar una -in√ļtil- "guerra contra las drogas", violenta de forma sistem√°tica a la poblaci√≥n civil. Hay muchas poblaciones ind√≠genas y rurales cuya presencia del Estado en sus territorios se reduce al Ej√©rcito. Por eso es necesario iniciar un proceso de justicia transicional con las fuerzas armadas por todos los ataques que han hecho a la poblaci√≥n civil en los territorios del conflicto, es necesario un proceso de reparaci√≥n por todos sus ataques. Tambi√©n es inaplazable desmontar el mandato contrainsurgente del Ej√©rcito, que tiene un enfoque represivo contra la poblaci√≥n y se traduce en violaciones sistem√°ticas a los derechos humanos. En Colombia ya tenemos delineadas las salidas: est√° en el Acuerdo de Paz, pero este gobierno no ha mostrado la voluntad pol√≠tica para su implementaci√≥n, y esa desidia se paga con las vidas de los grupos m√°s vulnerables, como las mujeres y ni√Īas ind√≠genas.

 

 

Catalina Ruiz-Navarro es feminista colombiana autora del libro 'Las mujeres que luchan se encuentran' y columnista del diario 'El Espectador' desde 2008. Directora de la revista 'Volc√°nicas' y cofundadora del colectivo feminista Viejas Verdes.

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