Tormenta en el TIPNIS

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Los planes que manejo el Gobierno del MAS para evitar que la VIII Marcha Indígena llegue a La Paz. Un relato desde adentro de la marcha.

Cuando el Gobierno, vino a “dialogar” a la VIII Marcha de los Pueblos Indígenas quería hablar de todo menos de la carretera que pasa por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). Al viejo estilo colonialista, el presidente “indígena” de Bolivia, mandó a los cocaleros a conquistar a las mujeres del TIPNIS para ganar territorio, luego vilipendió a los indígenas llamándolos agentes de USAID y manipulados por ONGs y por asesores extranjeros.  Como esto no surtió efecto, el Gobierno comenzó a acusarlos de que estaban involucrados en el tráfico de tierras y de madera.

El presidente también ridiculizó a los indígenas afirmando que no quieren que se construyan otras carreteras que no están incluidas en sus demandas, que se oponen al desarrollo y a la vertebración nacional, en un país donde los caminos son una necesidad muy sentida. A pesar de  toda su costosa campaña mediática plagada de mentiras, los bolivianos se dieron cuenta de que se trataba de una burda manipulación.

El Gobierno intentó comprar a los dirigentes indígenas, de dominar a través de caciques. Durante la marcha sus emisarios hablaban de “mesas de diálogo” y “metodología de trabajo” para tratar las 16 demandas indígenas, tal como aprendieron en las ONGs donde trabajaron los “ideólogos” del “proceso de cambio”.  Repetían machaconamente que quería el diálogo, pero sin  “cambiar lo que el presidente ya ha decidido”.  Frente a esa estrategia distraccionista, los pueblos indígenas tenían ya muy claro que no se dejarían engañar y dijeron: “empezamos con la negociación punto por punto, donde el primer punto es que la carretera no cruce el TIPNIS”. Por eso se produjeron tantas idas y venidas de los ministros. “Los indígenas andamos descalzos y con arco y flecha, pero tenemos siglos de heroica resistencia”, era lo que se decía en los intervalos de la marcha, cuando los marchistas se reunían a probar algo de comida de las ollas comunes que se cocinaban  para mitigar el cansancio de la jornada.

“El Gobierno está utilizando esta estrategia para hacernos pelear entre indios. Montaron un grupo de choque de hermanos cocaleros que son los que pugnan por que se construya la carretera para invadir el TIPNIS”. Es así que montaron el bloqueo en Yucumo, un punto estratégico, como lo fue La Calancha o en el aeropuerto de Pando, para reprimir justificando evitar una pelea entre hermanos. Esta fue la estrategia, urdida en el departamento de Inteligencia de las FF.AA y su estratega Juan Ramón de la Quintana, que el Gobierno ha utilizado constantemente.

Pero finalmente, como ya no pudieron esperar porque el apoyo a la marcha se convirtió en una avalancha de protestas y crecía en todo el país, la policía antimotines, la mejor entrenada del país, invadió brutalmente el campamento indígena, utilizando gases lacrimógenos  y perdigones, comenzó a cazarnos y a amarrar a hombres y mujeres como animales para  obligarnos a subir a unos buses. En medio de la violencia las madres perdieron a sus hijos. No tuvieron ninguna compasión por los niños, por los bebés, por las mujeres embarazadas, ni por los ancianos.

Este operativo minuciosamente planeado, tenía el objetivo de amedrentar, traumatizar y escarmentar para que los indígenas no se atrevieran a alzar la voz nuevamente.  Es así como quisieron dar fin con la marcha, pero el efecto de la intervención y la brutal represión generó decenas de marchas y un paro en todo el país.

Es indefendible lo que ha hecho el Gobierno,  es una violación flagrante de la Constitución y de los derechos de los Pueblos Indígenas. La suma de ilegalidades en las que el Gobierno ha incurrido desde que firmó el contrato con la empresa brasileña OAS es bien extensa. Por ejemplo, la construcción no podía comenzar sin un Estudio de Impacto Ambiental de la carretera, pero en cambio se apresuro a su construcción. Hay más de 200 kilómetros que han sido construidos, alguien deberá pagar su costo si finalmente la carretera no se construye.

A pesar de estas transgresiones a la ley, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, el Poder Judicial, o las gobernaciones, no han dicho nada. Esta falta de cuestionamiento de las instituciones  que deben defender la democracia nos muestra que vivimos en un estado de indefensión donde no hay la mínima institucionalidad democrática: lo que dice el presidente se hace, igual que en  las dictaduras.

 

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