Organismos internacionales alarmados por impunidad militar para reprimir protestas
Por: El Pa铆s
Noviembre 2019
Fotografia: Twitter @CIDH

El Gabinete interino que asumi贸 el poder la semana pasada en Bolivia repite un mantra: "Pacificar el pa铆s". Esa declaraci贸n de intenciones choca con unas decisiones que han elevado la tensi贸n en las protestas. Jeanine 脕帽ez, la mandataria que sucedi贸 a Evo Morales sin el apoyo de la mayor铆a del Parlamento, firm贸 un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones. Su equipo asegura que no es una "licencia para matar", pero alarm贸 a los organismos internacionales.La orden, que regula la intervenci贸n de las Fuerzas Armadas al lado de la Polic铆a en las calles del pa铆s, fue emitida el viernes, el mismo d铆a en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba. "El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad p煤blica", se lee en el Art铆culo 3 del decreto 4078, "estar谩 exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actu茅 en leg铆tima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".聽 El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Morales, anunci贸 este domingo un recurso de inconstitucionalidad. "Queremos informar de que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esto [el decreto] se declare inconstitucional", se帽al贸 la diputada Sonia Brito, seg煤n informa la agencia boliviana Fides.

La decisi贸n dispar贸 la preocupaci贸n de varias organizaciones. La Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un 贸rgano de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA), lo conden贸 sin medios t茅rminos. "El grave decreto de Bolivia desconoce los est谩ndares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represi贸n violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligaci贸n de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", denunci贸 la comisi贸n.

Human Rights Watch pidi贸 ayer su derogaci贸n. Seg煤n el director para las Am茅ricas del organismo, Jos茅 Miguel Vivanco, sienta un precedente peligroso. "El anunciado decreto supremo 4.078 de Bolivia no se ajusta a los est谩ndares internacionales y en la pr谩ctica env铆a a las fuerzas militares el peligros铆simo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente", manifest贸.

El equipo de 脕帽ez, que lleva d铆as argumentando que las protestas han derivado en disturbios, destrozos y actos de vandalismo, trat贸 de rebajar la preocupaci贸n. "Se ha autorizado para que el Ej茅rcito, la fuerza armada de la naci贸n, pueda participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que de manera distorsionada, evidentemente, se constituye en una licencia para matar de la fuerza armada. Lo que no significa ello", dijo el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en declaraciones a periodistas.

La represi贸n de los agentes y militares en las protestas, en las que ya han muerto al menos 23 personas, seg煤n el balance de la CIDH, recibi贸 tambi茅n las cr铆ticas de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien expres贸 su preocupaci贸n por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente vol谩til en el que la brecha entre las partes parece insalvable.

Las acciones de los uniformados, en su opini贸n, "pueden poner en peligro cualquier camino de di谩logo posible". Los intentos de acercamiento entre el MAS, que durante casi 14 a帽os sostuvo a Evo Morales -asilado en M茅xico desde el pasado martes-, y las nuevas autoridades han quedado de momento en agua de borrajas.

La presidenta interina insiste en que su prioridad es convocar elecciones cuanto antes, pero ayer por la tarde a煤n no lo hab铆a hecho. Ni siquiera se han apuntado unas fechas indicativas. 脕帽ez, ex vicepresidenta segunda del Senado, se escuda en que la renovaci贸n del Tribunal Supremo Electoral tiene que salir del Parlamento, donde la formaci贸n de Morales conserva la mayor铆a absoluta.

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