Una semana después de que se confirmara la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta de Argentina compareció durante casi una hora en cadena nacional, es decir, ante todos los canales de radio y televisión, para anunciar un proyecto de ley que contempla la disolución de la Secretaría de Inteligencia. La presidenta achaca a este organismo la denuncia que Nisman planteó contra ella, así como buena parte de las denuncias que también se ha planteado contra su Gobierno en los últimos años. Y el origen de esos planteos judiciales que sufrió Fernández tuvo su origen, según la presidenta, en el acuerdo que su Gobierno firmó con Irán en 2013 sobre los atentados de la AMIA.

Fernández aseguró que la disolución de la Secretaría de Inteligencia), más conocida por los argentinos por su antiguo nombre de SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) es una deuda que tenía la democracia desde 1983. La presidenta pretende iniciar el trámite legislativo del proyecto esta misma semana, antes del viaje que emprenderá el próximo sábado a China. La reforma concluirá "en un plazo no prorrogable de 90 días" con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia.

Esta nueva Agencia estará a cargo de un director y un subdirector general, que serán nombrados por el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado. Con la entrada en vigor del proyecto, el sistema judicial de escuchas -es decir el de los pinchazos de teléfono- ya no dependerá del Ejecutivo sino del ministerio público fiscal. Y los agentes solo podrán tener contacto con jueces y fiscales a través del director del organismo.

La presidenta volvió a insistir sobre la idea, ya avanzada en las dos cartas que publicó en Facebook la semana pasada, de que a Nisman le escribieron su denuncia contra ella agentes de los servicios secretos. "No hay un solo abogado", señaló, "un solo doctrinario, un solo magistrado que, una vez que se conoció la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado, mucho menos por un fiscal. No puede caber en la cabeza de nadie". Fernández informó de que se enteró de la confirmación de la muerte de Alberto Nisman a las dos y media o las tres de la mañana del lunes. A esa hora supo que la persona que yacía en el baño de la casa de Nisman en un charco de sangre era el propio Nisman.

En cuanto terminó de hablar, varios diputados de la oposición criticaron el proyecto de Fernández. Uno de los principales argumentos esgrimidos en su contra es que el proyecto porque delega el sistema de escuchas en el ministerio fiscal, al frente del cual se encuentra Alejandra Gils Carbó, a quien la oposición critica por su aparente obediencia incondicional a la Casa Rosada.

"La presidenta no puede victimizarse porque todo lo que ha pasado es de la exclusiva responsabilidad de su Gobierno" indicó en el canal TN el senador de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz. "Esta cadena [nacional tuvo un gran ausente: la autocrítica. No puede ser que ante cualquier cosa que ocurre en la Argentina siempre hay un tercero que tiene la culpa", añadió Sanz.

Por otra parte, el día trajo una pequeña novedad en el caso Nisman. Diego Lagomarsino, el colaborador que le prestó la pistola que finalmente provocaría la muerte del fiscal, ha sido imputado en el caso, ya que prestar un arma propia está penado con hasta seis años de cárcel.