Vacunas con mordaza: el secretismo en torno a los contratos en Argentina
Por: France24
Abril 2021
Fotografia: AFP

La carrera por las vacunas es una con obst谩culos,聽un recorrido que no se conoce previamente. Un desaf铆o para los laboratorios y para los Estados. Una carrera que en momentos se sigue por senderos de opacidad que pueden considerarse contrarios a los est谩ndares internacionales vigentes. Este es un caso.

Primero lleg贸 el anuncio de que Argentina聽avanz贸 en la firma de acuerdos para la provisi贸n de vacunas, all铆 por la segunda mitad de 2020. Luego, las consultas period铆sticas para conocer el contenido de esos contratos, a Presidencia, al Ministerio de Salud. Sin respuesta siempre. Finalmente, una explicaci贸n lac贸nica: no se divulgan porque son confidenciales. 驴Por qu茅 son confidenciales? En su聽momento, otra vez, no hubo respuesta.聽La confidencialidad.

Ante las constantes negativas, llegaron pedidos de acceso a la informaci贸n p煤blica, un mecanismo para que el Estado entregue informaci贸n que no est谩 poniendo a disposici贸n de la ciudadan铆a o explique por qu茅 privilegia la falta de transparencia. Hubo un pedido de -al menos una- ONG y tambi茅n de este corresponsal.

En respuesta a este 煤ltimo, el Ministerio de Salud de la Naci贸n, 谩rea responsable de la vacunaci贸n, entreg贸 el contrato con el mecanismo COVAX de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, en el que hay un compromiso de pago adelantado de US$28.117.000 para adquirir 9.070.000 millones de dosis, suficientes para vacunar aproximadamente al 10% de la poblaci贸n (algo m谩s de 4,5 millones de personas).

Pero el Ministerio de Salud聽rechaz贸 presentar los contratos para la provisi贸n de las vacunas de AstraZeneca/Oxford y Sputnik V. Simplemente argument贸 que "los mismos fueron suscritos en el marco de la Ley 27.573, la cual en su art铆culo 4, segundo p谩rrafo facult贸 al Poder Ejecutivo Nacional, a trav茅s de esta Cartera de Estado聽a incluir cl谩usulas o acuerdos de confidencialidad". La 27.573,聽denominada 'Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida Contra el Covid-19',聽fue aprobada en noviembre de 2020 por el Legislativo, a pedido del Ejecutivo, para poder ajustar el marco normativo argentino a las exigencias de los laboratorios.

"La pandemia no puede ser una excusa para el secretismo y la opacidad"

Los pedidos de acceso a la informaci贸n en este caso tienen como fin conocer cu谩les son los compromisos que el pa铆s asumi贸 en los contratos, puesto que las cl谩usulas firmadas pueden afectar a sus ciudadanos en a帽os por venir, si, por ejemplo, hay garant铆as especiales para los laboratorios o si la naci贸n compromete recursos extraordinarios en caso de dificultades de cumplimiento o si los proveedores dejaron puertas abiertas para arbitrariamente negar la provisi贸n de las dosis comprometidas.

Se present贸 entonces un reclamo a la Agencia de Acceso a la Informaci贸n P煤blica (AAIP, organismo dedicado a hacer cumplir el procedimiento de acceso) para que se entreguen los dos contratos que mantuvieron en reserva y esta entidad emiti贸 una聽resoluci贸n en la que argumentaba que el Ministerio de Salud deb铆a darlos a conocer, al menos con tachaduras de las partes en las que se justificara la confidencialidad. Algo que hab铆a hecho, por ejemplo, la Uni贸n Europea el 29 de enero de 2001 con su聽contrato con AstraZeneca.

En su momento, la resoluci贸n de la AAIP fue celebrada por el director de la Divisi贸n de las Am茅ricas de Human Rights Watch, Jos茅 Miguel Vivanco, que le dijo a France 24 en Espa帽ol que lo resuelto por la AAIP "sienta un precedente notable en la regi贸n sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a los contratos sobre vacunas contra el Covid-19". Vivanco agreg贸 adem谩s que "la pandemia no puede ser una excusa para el secretismo y la opacidad".

"Aquellas farmac茅uticas en capacidad de ofrecer tales bienes gozan de una posici贸n dominante"

Algo deben haber intuido en la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando en su聽resoluci贸n de abril de 2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Am茅ricas dijeron que se deb铆a "otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la informaci贸n relacionadas con la emergencia de salud p煤blica". Y unos meses despu茅s, en diciembre de 2020, en su聽Declaraci贸n sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales del Consejo Econ贸mico y Social de Naciones Unidas dijo: "El car谩cter secreto de ciertos acuerdos tambi茅n se opone al deber de los Estados de establecer mecanismos transparentes que permitan la rendici贸n de cuentas, el escrutinio p煤blico y la participaci贸n de los ciudadanos en las decisiones relativas a la asignaci贸n de recursos y la aplicaci贸n de tecnolog铆as para hacer efectivo el derecho a la salud".

Pero a煤n en este contexto el Ministerio no entreg贸 los contratos, y ante la resoluci贸n de la AAIP dio una聽nueva negativa. Solo inform贸 que el contrato con AstraZeneca se firm贸 el 7 de noviembre de 2020 y prev茅 la adquisici贸n de 22,4 millones de dosis (para inocular a 11,2 millones de personas, ya que el esquema es de dos dosis por individuo), a un precio de US$4 por dosis; y que el contrato para la vacuna Sputnik V se celebr贸 el 9 de diciembre de 2020, y es por 20 millones de dosis (para 10 millones de personas), a US$9,9 cada una.

Son datos que de un modo u otro ya estaban en el dominio p煤blico. Nada m谩s fue revelado de los acuerdos. El argumento esgrimido por el Ministerio de Salud fue que de no haber accedido a incorporar estas extremas cl谩usulas de confidencialidad, "no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas que habitan nuestro pa铆s". M谩s all谩 de esta explicaci贸n, la presentaci贸n del Ministerio tiene un giro kafkiano: los contratos fueron tramitados con car谩cter reservado, dice el texto, "previa emisi贸n de la Disposici贸n N掳 475/20 de la Subsecretar铆a de Gesti贸n Administrativa", pero el contenido de esa disposici贸n no se puede conocer porque es -a su vez- confidencial.

Esta falta de transparencia ha sido cuestionada en casi todo el planeta y tambi茅n en Am茅rica Latina, donde los gobiernos privilegiaron en general la opacidad por sobre la apertura informativa, con argumentos similares.

Tomemos el caso de Colombia, donde el organismo responsable de responder sobre la vacunaci贸n, la Unidad Nacional para la Gesti贸n del Riesgo de Desastres (UNGRD) rechaz贸 en dos ocasiones un pedido de acceso a la informaci贸n en la misma l铆nea. En su聽segunda respuesta,聽el organismo argument贸 que "las vacunas contra el coronavirus Covid-19 son, desde el punto de vista econ贸mico, bienes sin sustituto, pues no existe otro que pueda satisfacer la misma necesidad, y, en esa medida, con una demanda inel谩stica, lo que se debe a lo apremiante de su desarrollo, comercializaci贸n, adquisici贸n y uso, a fin de superar la emergencia global causada por el virus". Y que, entonces, "esto quiere decir que aquellas farmac茅uticas en capacidad de ofrecer tales bienes gozan de una posici贸n dominante en el mercado internacional, toda vez que pueden determinar eficazmente sus condiciones".

"El Gobierno se tiene que poner del lado de los ciudadanos cuando reclamamos informaci贸n"

Es decir, argumentan que no pueden hacer nada聽porque esas son las condiciones de los laboratorios. Por eso, Vivian Newman, directora general de la ONG colombiana DeJusticia, que est谩 avanzando en un nuevo pedido de informaci贸n p煤blica para conocer las cl谩usulas de confidencialidad (el anterior lo hab铆a hecho el Instituto Anticorrupci贸n), le dijo a este medio que聽"realmente las protagonistas del fracaso moral global ante el cual nos encontramos son las farmac茅uticas que han querido dividir para reinar, ocultar informaci贸n que es p煤blica por esencia, arrodillar a los gobiernos y aprovecharse de una circunstancia de necesidad mundial para sacar mejor provecho para s铆 mismas y en detrimento de las miles de muertes diarias".

驴Pero son solo los laboratorios los responsables de esta opacidad? En Argentina, la ONG Poder Ciudadano tambi茅n pidi贸 los contratos a trav茅s de una solicitud de acceso a la informaci贸n, que fue rechazada. Para su director ejecutivo, Pablo Secchi, el Estado no puede escudarse en las exigencias de los laboratorios para no revelar la informaci贸n. "El Gobierno se tiene que poner del lado de los ciudadanos cuando reclamamos informaci贸n, y no justificar a las empresas", le dijo a France 24 en Espa帽ol.聽"Se han dejado presionar por las empresas", agreg贸, "porque no les interesa demasiado la transparencia; el Estado argentino se siente c贸modo diciendo que no puede publicar la informaci贸n".

Y aunque desde el Gobierno insisten en que existe una voluntad de transparencia, hay una suerte de transparencia reactiva, no proactiva. Solo parece posible que se haga visible la informaci贸n cuando ocurre algo que lo fuerza. Es lo que ocurri贸 tras conocerse que hab铆a funcionarios, periodistas, y otras figuras que聽no deb铆an haberse vacunado, o no de la forma en que lo hicieron, y que llev贸 a que el Gobierno implementara varias medidas de transparencia, como la difusi贸n de un聽Monitor P煤blico de Vacunaci贸n, una p谩gina web con datos de cu谩ntas dosis ha recibido el pa铆s, cu谩ntas se aplicaron y a qu茅 grupos poblacionales.

Y otra vez聽aparecen los l铆mites de la transparencia. Entre esos grupos est谩n, por ejemplo, el personal de salud y los mayores de 60 a帽os. Pero tambi茅n existe una categor铆a denominada "otros", que ha recibido una peque帽a porci贸n del total de las dosis (1.041 de un total de m谩s de 3,7 millones aplicadas al 30 de marzo de 2021). Este medio pregunt贸 en numerosas ocasiones al Gobierno nacional a qu茅 grupos poblacionales corresponde ese "otros". La m谩xima respuesta a la que lleg贸, por parte del Ministerio de Salud, es que son personas que por razones muy especiales tienen que vacunarse y no entran en las otras categor铆as y que son un grupo 铆nfimo, pero no especific贸 por qu茅 motivo deb铆an recibir la vacuna en forma prioritaria.

En general, una transparencia reactiva y limitada. En el caso de los contratos, casi inexistente. Ahora, 驴era -es- esa opacidad realmente una exigencia insalvable? Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gesti贸n Administrativa del Ministerio de Salud, es el funcionario que firm贸 la 煤ltima respuesta de rechazo a la solicitud de acceso a la informaci贸n.

Monsalvo hab铆a expuesto el 30 de septiembre de 2020 en la Comisi贸n de Salud y Acci贸n Social de Diputados, que estaba discutiendo la ley especial de vacunas que ped铆a el Ejecutivo, y finalmente se aprob贸. Entre otros puntos los diputados le preguntaron acerca del alcance de la confidencialidad que las empresas estaban pidiendo para los contratos, todav铆a en negociaci贸n.

Y Monsalvo dijo: "Parecer铆a ser que la mayor cantidad de resguardo de la confidencialidad est谩 organizada en torno a detalles t茅cnicos de la vacuna". Y, luego: "En principio tenemos posibilidad de no colisionar con la ley de acceso a la informaci贸n p煤blica ni con el principio de transparencia en los actos de gobierno". Al final, claramente, no fue as铆, o fue as铆 y cambi贸. Pero no es posible saberlo, porque todo es confidencial.

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