Había pasado de todo en el caso terrorismo. Tanto que ya no había solo un proceso sino I y II; las audiencias comenzaron a recorrerse de un lugar a otro del país, dificultando el proceso y enredando los hilos de la investigación que nació viciada de dudas e incertidumbre. El caso terrorismo llegó al paroxismo. Dat0s siguió los pormenores luego de que un grupo de élite de la policía acribilló a supuestos mercenarios extranjeros en un hotel de Santa Cruz; justificando y declarando con ese acto, la sentencia de los supuestos implicados en la filtración del grupo a territorio boliviano; perseguidos y encarcelados durante los siguientes 10 años. El fiscal Marcelo Soza tuvo que refugiarse en Brasil y aunque fue el último en hacerlo, como resultado de las denuncias que lo apuntaron por extorsión a las familias de las víctimas del proceso, cuando al fin alcanzaron su libertad. Al menos por ocho años Soza comandó las investigaciones; se había constituido en el vértice inamovible del proceso, tomando declaraciones y, curiosamente, extralimitando sus funciones por haber sometido a las familias de las víctimas a una presión constante.

El por entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, se refugió en Brasil en un papel distante para no ser alcanzado por el sable pesado que se había mantenido sobre las cabezas de los dirigentes y empresarios cruceños a los que se los apuntaba por haber traído al grupo a Bolivia, a la cabeza de un húngaro de madre boliviana y del que se decía había participado en matanzas durante la guerra en los Balcanes.

El tercero, quien, por casi los mismos motivos, acabó protagonizando una espectacular huida también a Brasil, si bien no en el mismo caso, su cabeza tenía precio por las denuncias que como senador había presentado contra el Gobierno por sus relaciones con el narcotráfico. Roger Pinto, encontró la muerte cuando sobrevolaba tareas de fumigación en Pando al mando de una avioneta privada.

El caso fue narrado en varias ediciones de dat0s; está, de abril de 2014 relata el lugar común de estos tres protagonistas claves en esta historia. Roger Pinto (+), Branko Marinkovic y el fiscal Marcelo Soza. Seguida de una entrevista con César Navarro en la época, asambleísta del MAS, que estuvo a cargo de la investigación en una Comisión Especial que se conformó en la cámara de Diputados.

TRES HOMBRES MARCADOS POR EL DESTINO

Intereses en común. Branko Marinkovic, Roger Pinto y Marcelo Soza. La cita con el refugio en Brasil. Antecedentes anécdotas y un lugar común: la información que poseen

Los hombres más buscados en Bolivia se fueron a Brasil. Por orden de llegada. Cuando estalló el caso terrorismo, el empresario Branko Marinkovic fugó a Brasil. Dueño de una de las industrias oleaginosas más importantes de Bolivia, tuvo que alejarse de su natal Santa Cruz. El empresario cruceño fue visto muy elegante la noche de la posesión de Evo Morales en el hall del palacio de Gobierno. El industrial cruceño figuraba en la lista de invitados de la recepción que el 22 de enero de 2006 ofreció el flamante mandatario. Esa misma noche el senador Roger Pinto exhibía infranqueable su cargo de senador de la República. Todavía la oposición tenía mayoría en la cámara Alta y podía pensar en poner reparos ante el apabullante triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS). Pinto no se encontraba entre los presentes en el cóctel ofrecido en el palacio quemado. Prefirió recogerse al hotel donde se hospedaba esa noche después de una furtiva conversación con Tuto Quiroga. Entretanto, el abogado Marcelo Soza se retiró a su domicilio después de un día agotador de trabajo en sus grises oficinas como fiscal de la Dirección de Propiedad de Vehículos (Diprove) en la zona Norte de La Paz. Después de un peregrinaje por varias instituciones públicas había comenzado a trabajar en un juzgado de poca monta en la sede de Gobierno.

Hasta ese momento ninguno de los tres podría haber imaginado que el destino los uniría ocho años después en Brasil. En la cita nocturna del 22 de enero en La Paz, Marinkovic lucía en una de las solapas de su terno azul petróleo, el emblema del Comité Pro Santa Cruz. Había llegado a presidir la institución cívica cruceña que al correr los años se convirtió en un discreto instrumento político; receptor de las demandas de los sectores empresariales cruceños picados por el germen de la política. El comité adquirió peso entre los grupos influyentes de la sociedad cruceña a partir del año 2.000 por la fuerza que por entonces comenzó a irradiar el movimiento autónomo a otras regiones de Bolivia, la denominada Media Luna que ganaba más y más adeptos. A pesar del pedido de su familia de no participar activamente en política, Branko decidió saltar en esa dirección, quizá, sin medir riesgos. Santa Cruz debía apostar a ocupar espacios en la política. Esa era la idea y el líder cívico se dio de lleno a esa tarea.

Tras la victoria electoral del MAS el clima político en Santa Cruz se enrareció con sentimientos de cierta desazón y desconcierto. Los líderes de las instituciones más representativas del civismo mediolunero, con Branko a la cabeza, decidieron el 22 de enero de 2006, trazar un plan de resistencia para evitar que el triunfo electoral del masismo, se convirtiera en la cabecera de playa para el desembarco de las agrupaciones sociales que desde la óptica del MAS debían ganar presencia en la parte oriental del territorio nacional. Esa idea no les gustaba a los líderes cívicos. En las primeras investigaciones del proceso que se conoció como el caso Terrorismo I -tras la intervención armada a un hotel de Santa Cruz en 2009- la policía judicial a la cabeza del fiscal Marcelo Soza tendió una meticulosa red en la que poco a poco fueron cayendo quienes supuestamente habían favorecido la incursión al país de un grupo de mercenarios extranjeros con un plan independendista y autónomo ligados con la derecha.

Branko Marinkovic fue identificado como el mentor del proceso separatista. Imbuido en su idea de comenzar a hacer política, concedió entrevistas a medios de prensa en Zagreb, capital de Croacia, en las que criticaba el modelo socialista que se estaba implementando en Bolivia. En sus entrevistas decía que en Bolivia se había conformado un Gobierno que amenazaba la propiedad privada y las inversiones extranjeras; la falta de seguridad jurídica, la violación al estado de derecho y la amenaza de perder sus empresas. Diez años antes, la ex Yugoslavia se había desmembrado tras una guerra fratricida, en seis repúblicas independientes a costa de 250 000 vidas civiles. Se decía que el líder cruceño estaba interesado en conocer la historia de la guerra en los Balcanes.

De acuerdo a la investigación del caso Terrorismo, se había constituido el grupo denominado La Torre, que recaudaba aportes desde donde funcionó la cabeza de la resistencia al nuevo Gobierno. Una vez que la policía judicial cercó al grupo, muchos líderes cruceños decidieron alejarse del país para no acabar entre las rejas. Hoy Branko Marinkovic vive en Sao Paulo, Brasil, esperando volver en la primera oportunidad a Bolivia.

EL SENADOR ROGER PINTO

Ocupó varios puestos en su carrera política. Fue gobernador de Pando en 2001 y en 2005 llegó a asumir un puesto en la cámara Alta por la agrupación Podemos, fragmentación de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y en 2009 retomó su curul en la misma instancia legislativa por el Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional. El senador Roger Pinto a pesar de haber nacido en Santa Rosa, Beni, representó a Pando en la Asamblea Legislativa durante las dos últimas gestiones legislativas. Pinto tenía que jugar un papel descollante desde la oposición por los mismos intereses que los movía a los líderes cívicos. Hasta antes de pedir asilo en la embajada de Brasil en 2012, Pinto, acuño varias frases de fuerza en su estrategia de enfrentarse con el Gobierno del presidente Morales. Una de sus principales armas fue denunciar a autoridades del Ejecutivo por sus vínculos con el narcotráfico. Pinto se convirtió en una correa de transmisión de información relevante que poseía con sectores conservadores de Brasil. La revista Veja publicó en septiembre de 2012 una investigación facilitada por el senador boliviano en la que se describían antecedentes de la relación del narcotraficante Maximiliano Dorado con funcionarios del Gobierno boliviano.

Tras las denuncias que planteó públicamente contra la actual administración, le abrieron en la justicia procesos por irregularidades que habría cometido en su trayectoria política. Se lo acusó por la malversación de 11 millones de bolivianos durante su gestión como Director de Zona Franca (Zofra-Cobija) el año 2000; por haber asignado recursos de manera irregular a la Universidad Amazónica de Pando (UAP). Y por otros delitos públicos de cualquier naturaleza.

Fue acusado de participar en la presunta masacre de Porvenir el 11 de septiembre 2008. También por vender tierras fiscales durante su gestión en la prefectura pandina. Acosado por estas denuncias, se vio obligado a pedir asilo político en la embajada de Brasil el 28 de mayo de 2012. Durante los 15 meses que permaneció en su encierro en ambientes de la legación diplomática que tiene en La Paz el Gobierno se negó a concederle el respectivo salvoconducto para que abandone Bolivia. El argumento esgrimido por las autoridades nacionales era que el senador Pinto debía primero responder por los procesos que se le había abierto en la justicia. Mucho se ha especulado sobre su salida de Bolivia tras un viaje épico de 22 horas en los que él y sus acompañantes vivieron una aventura hasta llegar finalmente a la frontera con Brasil. Pinto fue conducido posteriormente a Brasilia el 25 de agosto de 2013.

EL FISCAL MARCELO SOZA

El plato fuerte de esta enmarañada investigación se llama Marcelo Soza. El exfiscal ingresó a Brasil escapando por las denuncias de extorsión realizadas por familiares de los detenidos en el proceso que él investigaba y hasta por el mismo Gobierno que lo abandonó a su suerte tras conocerse que orquestaba denuncias que servían para presionar económicamente a sus víctimas. Fue el 12 de marzo pasado luego de un periplo que duró al menos tres días. A lo largo de los últimos cuatro años, Soza fue un personaje sinuoso. Hasta ahora nadie se explica cómo llegó a dirigir las investigaciones en un caso tan controvertido en el que se requería una sólida formación profesional. Hace poco menos de un año, cuando el caso Terrorismo fue trasladado a los juzgados cruceños, se conocieron detalles de cómo un equipo presumiblemente conformado por Marcelo Soza, extorsionaba a los familiares de los detenidos en el proceso.

El ex presidente de la Cainco, Zvonko Matkovic, después de haber resignado años de silencio, develó detalles de cómo había sido extorsionado por el equipo del exfiscal para dejar en libertad a su hijo detenido por facilitar su propiedad rural La Zeta al supuesto grupo de terroristas en su entrenamiento militar. Es posible que Matkovic nunca hubiera hecho la denuncia, pero Soza no cumplió el acuerdo de poner en libertad al hijo del empresario cruceño. Y este decidió contar su verdad.

Su testimonio desesperado se convirtió en el hilo conductor que hilvanó posteriores denuncias. Matkovic citó a varios empresarios cruceños y les pidió que digan su verdad sobre las extorsiones que sufrieron a manos del mismo equipo de Soza para excluirlos del proceso, que a lo largo de los años se cargó a 39 personas a la cárcel desde abril de 2009. Indagados por los medios, todos los nombres citados por Matkovic desistieron revelar cualquier tipo de extorsión que practicaba la banda. Esas denuncias cobraron fuerza de prueba con registros de video y audio en los que se veía a Soza y su grupo exigiendo y cobrando dinero. Se pidió al tribunal conformado para las audiencias incluir en el proceso al exfiscal. Así lo hizo, pero Soza decidió hacer oídos sordos a la convocatoria y jamás se presentó a los tribunales para sentarse en el banquillo de los acusados.

A Soza jamás se le retiraron las garantías: no fue arraigado y menos declarado rebelde de la ley para ser aprendido. Con las puertas abiertas de par en par facilitadas por la fiscalía, decidió huir y solicitó refugió en Brasil. Horas después de conocerse oficialmente de su fuga se leyó una carta supuestamente redactada por él en la que explica los motivos de su huida. Se trata de una carta llena de contradicciones. Quizá se deba resaltar la parte en la cual dice que fue traicionado por el Gobierno y que durante todos estos años se limitó a cumplir órdenes. A la luz de esa nota se deduce que Soza no realizó un trabajo imparcial y que constantemente estuvo sujeto a presiones.

En una entrevista que concedió a dat0s en abril de 2010, al cumplirse un año de la matanza en el hotel Las Américas; cuestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los traslados abusivos de los detenidos desde Santa Cruz a La Paz, el exfiscal dijo: "lo que hago en mi condición de fiscal es cumplir la ley". Y advirtió que el Comisionado de las Naciones Unidas no puede pasar por alto que "cumplo la resolución dictada por la sala Penal Tercera de La Paz que anuló una resolución del juez Tapia Pachi sobre el incidente de incompetencia de territorio planteado por Branko Marinkovic". Esas fueron sus palabras.

El exfiscal intentó un par de artilugios que no dieron resultado. Se dejó crecer la melena y comenzó a usar gafas oscuras para ocultar su identidad. Quiso cambiar su verdadero rostro. Hoy se ha declarado víctima del sistema de la justicia que "no funciona" según él. Extorsiones, cobros ilegales, denuncias de prevaricato, consustanciación de jueces y fiscales con el delito y la corrupción. Una enfermedad que se agrava por la corrosión a la que se sujeta. Sin escrúpulos ni horizontes, Marcelo Soza es un ejemplo viviente de esa descomposición.

BRANKO, ROGER Y MARCELO: LOS TRES JUNTOS

Vivir en un refugio no es garantía de seguridad. Soza nació en Potosí, estudio en Tupiza y salió bachiller en Villazón. Es casado, tiene tres hijos y de aquí en más deberá vivir con la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. En la doble carta de renuncia y fuga, dice haberla redactado justificando las razones de su huida, se define como el número 747 de los ciudadanos que se vieron obligados a dejar el país por persecución política. Sin importar el número, Marcelo Soza se ha convertido en el principal testigo de los detenidos por el caso Terrorismo. El exasesor jurídico de la Unión Juvenil Cruceñista, Alejandro Brown, al enterarse de la presencia de Soza en Brasil, dijo que estaba buscando pasaje para trasladarse a Brasilia y entrevistarse con él. El periódico El Deber de Santa Cruz consignó sus declaraciones: "hay que cuidarlo (a Soza) hasta de un resfrió porque se debe convertir en nuestro testigo para terminar con el caso Terrorismo".

Resulta más que probable que los refugiados en Brasil le ofrezcan ciertas veleidades para protegerlo. Todo es posible dado el papel que decidió interpretar, en el limbo del proceso. Incluso, hacer de servil para contar pormenores que solo él sabe sobre un caso que se ha convertido en una papa caliente. Los tres: Branko, Roger y Marcelo están en Brasil.

Los une la valiosa información que poseen. ¿Decidirán contarla alguna vez?

El comité adquirió peso entre los grupos influyentes de Santa Cruz a partir de 2000 por la fuerza que por entonces comenzó a irradiar el movimiento autónomo a otras regiones de Bolivia