Hasta su tercer día de visita al país, el relator de Naciones Unidas por la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán, priorizó sus reuniones con el gobierno y autoridades de justicia, antes que con organizaciones de la sociedad civil.
El martes por la mañana se reunió con el canciller Rogelio Mayta, el vicepresidente David Choquerhuanca; el ministro de justicia, Iván Lima, y todo su equipo de viceministros.
El miércoles lo dedicó por la mañana a reunirse con presidentes de ambas cámaras, y por la tarde a diferentes instancias de la justicia en La Paz.
El jueves, García-Sayán se trasladó a Sucre y cumplió una agenda de reuniones en la capital del Estado. A las 10:00 se reunió con el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, por aproximadamente 40 minutos.Después, a las 10:50, se trasladó al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca donde se reunió con el presidente y el decano.
Posteriormente, a las 11:40, sostuvo una breve encuentro con la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la magistrada Karem Gallardo. En la tarde, a las 14:00, con el presidente y magistrados del TCP, luego con los del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Después con los consejeros del Consejo de la Magistratura y para cerrar la jornada de encuentro con las autoridades judiciales, con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el Tribunal Agroambiental. García-Sayán, no tuvo ningún contacto con los medios de comunicación y arribó a las instituciones judiciales en medio de fuertes medidas de seguridad y por las puertas alternas.
Sólo el martes por la tarde, el relator se reunió con un grupo de abogados independientes, con una plataforma ciudadana especializada en justicia que aglutina a más de 60 organizaciones, entre las más relevantes”.
Para hoy está prevista la reunión con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el lapso de 40 minutos, y se realizará por vía virtual. Quedan pendientes las reuniones solicitadas con la expresidente Jeanine Áñez, con los comités cívicos del país y con los familiares de policías y militares encarcelados por el supuesto caso de golpe en 2019.
Iglesia
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) emitió este jueves un comunicado denominado ‘justicia para Bolivia’, en el que piden que se deje de perder tiempo en la instrumentalización de la justicia y consideran que el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez busca “encubrir la verdad” sobre los hechos de 2019.
Los obispos mencionaron también el caso de jueces que liberan a delincuentes condenados y advierte que el proceso por el denominado “golpe”, contra autoridades del gobierno transitorio constitucional, militares, policías y cívicos, incurre en “graves deficiencias legales y viola los derechos humanos más elementales”.
Advierten que el proceso contra Jeanine Áñez despierta una seria duda, porque el proceso pretendería “encubrir una verdad de lo acontecido en el año 2019, reconocida por veedores e instituciones internacionales”.
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