Empresarios rechazan proyecto laboral y alertan que frenará nuevas contrataciones

Los empresarios privados rechazan el anteproyecto de ley de Procedimiento Especial  de Restitución de Derechos Laborales Fundamentales y advierten que, de aprobarse,  frenará la contratación de nuevos trabajadores y generará mayor informalidad.

El anteproyecto fue redactado por el Ministerio de Trabajo y obliga a las empresas a restituir a trabajadores despedidos sin justificación legal en tiempo récord y con fallo inapelable del Ministerio  de Trabajo.

Se establecen procedimientos ágiles para resguardar y restituir el  derecho al trabajo o a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, inamovilidad laboral, derecho a la remuneración o salario, a la libre sindicalización y al fuero sindical.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que la norma busca que se respeten  los derechos de los trabajadores, pero aclaró que el proyecto aún no se remitió al Legislativo.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, opinó que el anteproyecto de ley deja poco margen a la empresas y será una medida que  afectará la generación de  empleo.

“El empresario privado pensará dos veces en contratar gente o buscará otras alternativas, ya que con esta ley será difícil emplear a las personas; se  afecta la generación de empleos”, alertó.

Añadió que con la norma será complicado rescindir contratos y eso obligará a buscar otro método, con lo cual el empleo dejará de ser formal y digno.

“Si a una empresa le va mal, si no puede generar ingresos, no le queda otra opción que reducir su personal, pero si con la futura norma esto no será posible y tiene que restituir trabajadores,  va a quebrar”, recalcó.

Para Laredo la norma no debe aprobarse porque si un trabajador fue despedido hace dos años, se le tendrá que pagar en forma retroactiva todo este tiempo, si se lo reincorpora. “Con la norma el que pierde será el trabajador, los que buscan empleo; sólo va a acrecentar el empleo informal”, insistió.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, dijo que el sector privado ve con preocupación que se impulsen  normas que no permiten la libre iniciativa. “Las normas laborales deben flexibilizarse en lugar de ser inflexibles, porque de lo contrario el empresario va a pensar 10 veces antes de contratar un obrero y seguir generando fuentes de empleo”, subrayó.

Explicó que con la pandemia las empresas no han generado ventas porque la población estaba encerrada y optó por ahorrar y gastar sólo en alimentación y medicamentos y recién ahora las actividades están volviendo a la  normalidad y se intenta reactivar el consumo.

Según el presidente de la Feplp, las empresas necesitan ejercer sus actividades en funcion a la productividad, rentabilidad y acorde a la realidad económica del momento. “No puede un trabajador quedarse hasta su muerte sin esforzarse. Esperemos que el anteproyecto pueda ser debatido y podamos dar los aportes adecuados, porque si no va a ser un freno a la creación de nuevos empleos”.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Américo Romero, opinó que de aprobarse el anteproyecto se pondrá en indefensión a los empresarios. “Cerca al 1 de Mayo se pide estabilidad laboral, pero con este tipo de medidas y atentados al trabajo lo único que se hace es evitar la creación de nuevos empleos, que los emprendedores sigan generando fuentes de trabajo”, observó.

El artículo 17 del anteproyecto de ley señala: “La resolución que resuelva el recurso jerárquico o aquella que agote la vía administrativa para la impugnación de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, adquirirán calidad de cosa juzgada y su ejecución se hará cumplir por la judicatura laboral, en los mismos términos que los establecidos en los artículos 213, 214, 215 y 216 del Código Procesal del Trabajo”.

El diputado Gonzalo Rodrígues, de CC, explicó que el anteproyecto propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 495 de 1 de mayo de 2010. De esa manera se anularía  la protección de la vía constitucional (amparos) sobre el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación.