El Salvador prolonga el estado de excepción por un mes, ante ola de violencia

La medida que suspende el derecho de reunión y otorga poderes adicionales a las fuerzas de seguridad, entra en vigor tras ser aprobada por la Asamblea Nacional del Salvador, de mayoría oficialista, a solicitud del presidente Nayib Bukele. El Gobierno asegura que el estado de excepción es necesario para luchar contra la violencia de las pandillas. Sin embargo, organizaciones civiles denuncian violaciones a los derechos humanos por presuntos arrestos arbitrarios y malos tratos en prisión.

Con 67 votos a favor entre 84 escaños, la Asamblea Nacional de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la prórroga del estado de excepción por 30 días, por lo que culminaría a finales del próximo junio.

El estado de excepción fue aprobado inicialmente después de una serie de homicidios, en marzo, cuando las autoridades señalaron a las pandillas como responsables de 62 asesinatos en un solo fin de semana, un nivel de violencia que el país de 6,5 millones de habitantes no había visto en años.

El decreto otorga a las fuerzas de seguridad poderes adicionales para combatir a los grupos delictivos, suspende el derecho de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones y extiende a 15 días el tiempo que una persona puede ser detenida sin cargos, entre otras medidas.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, prometió que las acciones contra los presuntos criminales continuarán. “Esta guerra va a continuar por el tiempo que sea necesario y en la medida en que el público lo siga exigiendo (…) Vamos a seguir enfrentando este cáncer, y lo hemos dicho antes y lo mantenemos, esta guerra seguirá hasta que las pandillas sean erradicadas del territorio de El Salvador”, sostuvo Villatoro.os

Esta es la segunda extensión del estado de excepción. Primero, fue avalado en marzo para una duración de un mes y en abril fue ampliado hasta mayo.

La Constitución del país indica que la prórroga no debe exceder un plazo máximo de 30 días, pero no limita la cantidad de veces que puede ser extendida, según el análisis presentado por el Gobierno de Bukele.

Los presuntos abusos en medio del estado de excepción

Las encuestas sugieren que el decreto de emergencia tiene un fuerte apoyo entre los salvadoreños cansados ​​de años de asesinatos y extorsiones.

Y si bien es conocido el amplio historial de crímenes violentos por parte de las pandillas en la nación centroamericana, algunos expertos apuntan a presuntos abusos en los que estaría incurriendo el Gobierno con el estado de excepción.

Desde su primera entrada en vigor, Bukele ha utilizado poderes de emergencia para detener a unos 34.500 supuestos pandilleros.

Los grupos de derechos reprochan que frecuentemente los arrestos son arbitrarios, basados ​​en la apariencia de una persona o en el lugar donde vive. Por esta razón, las organizaciones civiles subrayan su preocupación de que ciudadanos inocentes estén siendo capturados en las redadas.

Asimismo, la agencia de noticias Reuters informó a principios de este mes que los arrestos han sido masivos, lo que resultó en la detención de algunas personas no culpables.

Bukele también ha establecido otras medidas en esta materia. Entre las más polémicas, la extensión de las penas y la reducción de la edad, a los 12 años, para establecer responsabilidad ante la Justicia.

Por otra parte, la Constitución Salvadoreña permite la prolongación del estado de excepción siempre y cuando se mantengan las causas que generaron la declaración.  Y en este caso, la justificación original: el aumento de los homicidios, ha disminuido según reconoce el propio Gobierno.

Durante el pasado fin de semana, el jefe del Congreso anunció que El Salvador suma siete días consecutivos sin homicidios, acreditando la “lucha total contra los terroristas”.

“Si hay una justificación legal, y obviamente no la hay, los artículos 29 y 30 de la Constitución son muy claros sobre las causas que pueden desencadenar un estado de emergencia, y las causas han desaparecido”, enfatizó Ruth Eleonora López, abogada y activista del grupo cívico Cristosal.

Los abusos en las cárceles salvadoreñas

Los defensores de derechos humanos también sostienen que a los presuntos pandilleros recluidos en las prisiones salvadoreñas les han reducido las raciones de alimentos, se les han negado colchones y los han obligado a bajar escaleras en posición de ranas.

De hecho, Nayib Bukele ha admitido y exaltado públicamente las condiciones de esos reclusos. “Los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida y en condiciones en que estoy seguro de que ninguno de los pandilleros que están afuera quieran”, afirmó el jefe de Estado en un evento público, el pasado mes de abril.

El popular Bukele ha buscado priorizar la seguridad en el país centroamericano, donde la violencia sangrienta perpetrada por bandas carcelarias y narcotraficantes ha sido un problema de larga data.

Sus fuertes medidas tendrían un amplio respaldo, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia que mostró que el 72% de los salvadoreños apoya que eventualmente sea reelegido para un segundo mandato.

En septiembre de 2021, la Corte Suprema anuló una prohibición constitucional a la reelección presidencial, pero Bukele aún no ha confirmado si tiene la intención de volver a postularse para el cargo.

Con Reuters, AP y EFE