Colombia: Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad, una institución que nació de los acuerdos de paz del 2016, entrevistó a casi 30.000 personas que han vivido la guerra en Colombia con una pregunta en mente: “por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente” El país lleva al menos seis décadas de violencia en las que entraron en confrontación militares, guerrillas liberales, guerrillas de izquierda, grupos paramilitares, carteles del narcotráfico. Y junto a ellos hubo políticos, empresarios, jueces, víctimas en unos casos, victimarios en otros. A pesar de los varios acuerdos de paz, la guerra persiste en algunos territorios del país. La Comisión de la Verdad entregó este martes un extenso informe, de más de 800 páginas, sobre sus principales hallazgos y sus recomendaciones para frenar la guerra. Estas son las principales:

Un Pacto Nacional para la convivencia

Más del 90% de las víctimas de la guerra, dice el informe, son población civil, si se tienen en cuenta solo los homicidios y desapariciones. Si se tienen en cuenta todas las formas de violencia, son aproximadamente 9 millones de víctimas, el 20% de la población del país. Los grupos armados ―paramilitares, guerrillas, Fuerzas Armadas y Policía―son los “máximos responsables”. La Comisión recomienda, a corto plazo, un pacto político nacional promoviendo diálogos regionales y locales para “rechazar definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos”. A mediano plazo recomienda una reforma al sistema político y electoral que permita mejor representación de las distintas regiones del país y, en particular, de las zonas rurales y de las víctimas. Y para proteger rápidamente la vida de quienes siguen amenazados por la violencia, exige al nuevo gobierno fortalecer lo antes posible el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las capacidades de la Unidad de Protección, y las de la Unidad de Investigación de la Fiscalía.

Retomar el diálogo con la guerrilla del ELN

Además de implementar el acuerdo de paz con las extintas FARC, el informe recomienda retomar el diálogo con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. De carácter urgente, aseguraron los comisionados, hay que establecer medidas humanitarias, acuerdos humanitarios regionales para desescalar esa violencia. “Urgente que la sociedad envíe un mensaje a no tolerar más armas ni a nombre de los ideales más nobles. No es legítimo tener las armas para defender una idea”, dijo la comisionada Marta Ruiz. El ELN se fortaleció durante el gobierno de Iván Duque y, a cifras de 2021, tenía más de 5.180 combatientes.

Un nuevo Ministerio para la Paz y la Reconciliación

La idea de esta nueva institución es que “lidere la implementación y articule las instituciones, programas y políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas, la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y de esta con el Estado, y, en general, a la reconciliación”. Los distintos procesos de paz han generado en Colombia una burocracia difícil de acceder, y por eso este Ministerio articularía los trabajos que se hacen desde la Unidad de Víctimas, el Museo de Memoria, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y la Defensoría del Pueblo.

Desarrollo territorial sostenible

La reforma rural integral, que se había negociado en el Acuerdo de Paz entre las extintas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, quedó frenada bajo el gobierno de Iván Duque. La Comisión de la Verdad pide retomar el esfuerzo de la reforma, además de promover relaciones de confianza entre sectores rurales y el gobierno para garantizar los derechos de quienes viven en el campo. Retomar, por ejemplo, el esfuerzo para hacer un catastro multipropósito, y la formación de Zonas de Reserva Campesina. La Comisión dice que hay que distribuir tierra a campesinos que no la tienen (considera la cifra de al menos tres millones de hectáreas para estos). También habla de hacer estas transformaciones protegiendo el medio ambiente, y pide al gobierno ratificar el acuerdo ambiental de Escazú.

Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa

De acuerdo con el informe “en la medida en que la Policía Nacional fue subsumida en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, también fue involucrada en la doctrina militar y en la mentalidad del enemigo interno”. Esto se ha traducido en que atiende a las movilizaciones y protesta social “como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado” y, por consiguiente no solo a no protege al ciudadano que se moviliza, sino que lo repele como un enemigo. Además, en otros ámbitos, la Policía “mezcla la persecución del delito con la guerra contra un enemigo del conflicto, y termina persiguiendo más al campesino cocalero que al propio actor armado”. La recomendación es ubicarla en otro Ministerio, o en uno nuevo, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil.

El fin de la policía antidisturbios, ESMAD

A largo plazo, con el fin de proteger la protesta social, la Comisión recomienda: prohibir la militarización en caso de disturbios durante una manifestación; nuevas medidas para evitar el uso del sistema penal contra los manifestantes; evitar acciones policivas para reprimir las protestas. Al igual que el presidente electo Gustavo Petro lo hizo en campaña, la Comisión pide al gobierno “la reforma o eliminación del ESMAD”, como son conocidos los escuadrones antidisturbios.

Fortalecer controles disciplinarios a fuerzas militares

La reserva de la información de inteligencia y de seguridad nacional, el uso de gastos reservados y la informalidad del uso de los recursos públicos para las labores de seguridad facilitaron la comisión de crímenes, dice el Informe. Y permitieron, como lo demostró la justicia ordinaria, que las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad como el DAS negaran su participación en los hechos “o que sus recursos habían financiado violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o la actuación criminal de los grupos paramilitares”. Ante esto, recomienda fortalecer controles preventivos y disciplinarios para supervisar a las Fuerzas Militares y la Policía. Y que las autoridades garanticen de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección.

La justicia penal militar no debe juzgar violaciones a los derechos humanos

El Informe final afirma que la justicia penal militar operó como “mecanismo de impunidad durante décadas” e incluso tuvo un papel encubridor en casos de ejecuciones extrajudiciales. Ante esto propone realizar un debate público sobre la conveniencia de mantener el Fuero Penal Militar, y también hacer ajustes para que la Fiscalía asuma la competencia de conductas punibles de la Policía y Ejército, “con excepción de las típicamente militares”. Es decir, que la Justicia Militar no investigue ni juzgue en ningún caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario .

Controlar la seguridad privada y el comercio de armas

La delegación de la seguridad pública al conformar grupos de civiles y dotarlos con armas de uso privativo para apoyar las labores de defensa y seguridad pública que corresponden a las fuerzas estatales profundizó, prolongó y degradó la guerra, afirma el Informe. Por eso, la Comisión de la Verdad recomienda hacer un control efectivo de los departamentos de vigilancia y de seguridad privada para evitar “que se involucren en acciones ilegales”. También propone robustecer la legislación y los procedimientos de control y comercio de armas de fuego autorizadas legalmente en el país, así como su porte y tenencia, “sobre la base de una caracterización del funcionamiento del mercado legal e ilegal de armas y municiones”.

Cambiar el modelo de seguridad del país por uno enfocado en la paz

El informe señala que el país está atravesado por un modelo que confunde la seguridad con la defensa y que esa visión de la seguridad, “fundamentada en la persecución a las guerrillas” y del discurso del enemigo interno, “han conllevado la comisión de crímenes de extrema gravedad”. Estos delitos fueron cometidos tanto por las fuerzas del Estado como por los paramilitares frente a las acciones de las guerrillas, “y han destruido la seguridad de los civiles no combatientes y, en general, la tranquilidad del país”. Ante esto hace ocho recomendaciones, entre ellas que la Policía y el Ejército sean dirigidas y lideradas por civiles y una profunda reforma de seguridad. Para ello propone que se creen una comisión internacional y una accidental del Congreso de la República para acompañar ese proceso de transformación.

Cambiar la cultura de la guerra por una de la paz

La Comisión hizo un capítulo especial sobre la cultura de la guerra, en la que habla de ese discurso del enemigo interno. Con la guerra se han “heredado y transmitido las identidades del enemigo; las lógicas de odio, miedo, estigmatización, venganza, señalamiento, resentimiento, rabia y deshumanización que caracterizan el conflicto”, dice el informe. Hace una serie de recomendaciones entonces que van dirigidas al sector educativo y a los medios de comunicación. Al Ministerio de educación le recomienda “adaptaciones didácticas del informe final de la Comisión”, además de fortalecer la formación docente para promover “la convivencia, la promoción de los derechos humanos, la paz, la memoria y la verdad”. A los medios, por otro lado, les invita a “un diálogo nacional” para fortalecer su papel en la sociedad y “el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz”.

No permitir ascensos de militares investigados por falsos positivos

La doctrina del enemigo interno facilitó las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como falsos positivos. “Durante el mandato de Álvaro Uribe se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, asegura el informe. Para la Comisión de la Verdad, “al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH”. El expresidente Uribe, a través de su partido el Centro Democrático, respondió que no hubo una política de body count y que gracias a las políticas de su gobierno “se acabaron los falsos positivos”. Durante su discurso, Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo que “el daño causado por ese crimen a la ética de la nación es inconmensurable”. El grueso de esos casos ocurrió entre 2002 y 2008. “Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”, agrega el documento. Ante este hecho, el Informe Final recomienda, entre otras cosas, no permitir ascensos de militares con denuncias creíbles o procesos abiertos en su contra —por acción o por omisión— en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculación y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada.

Un nuevo enfoque frente a las drogas

El informe dice que “todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico”, como la guerrilla, los grupos paramilitares, pero también varios políticos y sectores de la fuerza pública. El Estado, influenciado por Estados Unidos desde los años ochenta, le declaró la guerra a narcotraficantes pero terminó también declarándole la guerra a muchos más, como los campesinos. “El campesino cocalero fue señalado de ser un «narcocultivador»”, dice. El dinero del narcotráfico también ha sido un obstáculo para la democratización del país, financiando campañas y “distoscionando las posibilidades de una verdadera competencia”. Al igual que expertos alrededor del mundo, el Informe coincide en que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Por esto recomienda priorizar la sustitución de cultivos por encima de cualquier otra forma de erradicación, con participación de las comunidades rurales en las zonas donde se cultiva y produce cocaína. También insiste en abordar el tema del consumo desde una perspectiva de salud pública, y hacer una reforma política para sancionar a quienes sean aliados del narcotráfico. Pero a largo plazo, y a nivel internacional, considera que Colombia debe promover “una gran conferencia internacional para hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”.

Los terceros civiles deben ser investigados

El informe menciona en varios momentos los sectores políticos y económicos que se beneficiaron del conflicto armado, y que no han sido investigados en los procesos de justicia transicional que cobijan a los actores armados. Por ejemplo, en el tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solo pueden testificar miembros de la exguerrilla de las FARC y de las fuerzas militares. La Comisión recomienda abrir una puerta para los terceros, aunque no especifica en qué tribunal. Le pide a las instituciones del gobierno “garantizar la priorización de la investigación contra terceros civiles y agentes del Estado”.

Más lento con la extradición

La Comisión de la Verdad le pide al presidente que, en caso de que haya un pedido de extradición a algún actor armado o civil, le de prioridad primero a “la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia”, antes de aprobar la extradición. El padre de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explicó en la rueda de prensa que la extradición ha sido un obstáculo contra los procesos de verdad en Colombia. Por ejemplo, en 2008, el gobierno de Uribe fue criticado por la extradición masiva de varios jefes paramilitares que estaban en el proceso de verdad incluido en el acuerdo de Justicia y Paz. Más recientemente, el gobierno de Iván Duque fue criticado por la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, a pesar de que varias organizaciones de víctimas pidieron que no fuera extraditado.