2022: El año en que el Gobierno entregó áreas protegidas a la explotación del oro

El 2022, fue el año en que el Gobierno entregó las áreas protegidas de carácter nacional como el Madidi, Cotapata y Apolombamba del departamento de La Paz, para la explotación del oro, y ratificó el privilegio tributario a las cooperativas auríferas, para que paguen un solo impuesto del 4,8% sobre el valor bruto de la exportación.

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Fue el año en que marcó un antes y un después en los hitos del extractivismo en Bolivia; el Gobierno -arrinconado por las presiones políticas y económicas de las cooperativas auríferas- comprometió modificar los planes de manejo para la explotación del oro en tres áreas protegidas de carácter nacional, sin contar con la venia de los pueblos indígenas afectados, ni tener estudios de impacto socioambiental. Quiso borrar su compromiso con el codo.

En un contrasentido con el mandato asignado a sus funciones, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani; el viceministro de Medioambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Magín Herrera y el director Departamental de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), todos ellos, supuestamente protectores de las reservas naturales, se inclinaron a favor de los intereses de las cooperativas auríferas el 27 de octubre.

Tras dos jornadas de movilizaciones de las cooperativas en la sede de Gobierno, que implicó el cierre de calles y avenidas, marchas con dinamitazos y hasta la toma de un teleférico para evitar la libre circulación de la población, el Sernap se comprometió a modificar los planes de manejo para permitir la minería al interior del Madidi, Cotapata y Apolobamba, donde sin embargo, ya existe minería ilegal.

“Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de la Apolobamba, según corresponda cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el punto dos del acuerdo suscrito con las cooperativas.

Las tres áreas protegidas que se encuentran en el departamento de La Paz forman parte del Corredor de Conservación de la Biodiversidad Madidi-Apolobamba-Cotapata, considerado como hots pot o sitio caliente de interés mundial por su gran riqueza en biodiversidad, pero también por las altas amenazas que sufre, sobre todo por actividades extractivas como la minería y el consiguiente uso del mercurio.

El líder uchupiamona Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), advirtió entonces, que cuando se menciona a “comunidades” no se refieren a los pueblos indígenas que habitaron milenariamente estos territorios, sino a las recienten comunidades de colonos, mal llamados interculturales, quienes avasallaron sus territorios de manera sistemática.

Villca observa que cuando los cooperativistas hablan de derechos preconstituidos, los mineros consideran que el Gobierno debe garantizarles a su sector derechos, por encima de los  que tienen los pueblos indígenas y que están plasmados en convenios y tratados internacionales.

El líder indígena lamenta que el Sernap, que tiene como mandato preservar el medioambiente y la biodiversidad, no cumple con sus funciones de resguardar el patrimonio natural y cultural de 22 áreas protegidas a favor del pueblo boliviano.

“Hemos señalado hace bastante tiempo atrás, que estas instituciones se han convertido en el brazo operativo del Gobierno de turno y de las empresas nacionales y transnacionales que están dedicadas al extractivismo del oro y también petrolero”, afirma en alusión al Sernap, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Para el experto del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), Óscar Loayza, se requiere una aclaración constitucional sobre el concepto del derecho preconstituido.

“Mientras el sector minero maneja el concepto de que toda actividad previa a la ley minera 535 de 2014 es preconstituida, desde las áreas protegidas la norma dice que toda actividad que estaba previa a la creación del área protegida puede considerarse preconstituida”, explica.

Loayza pone de ejemplo, que el Parque Nacional Madidi fue creado en 1995 y Apolobamba Ulla Ulla fue creado el año 1971. “Lo que había antes de ese año podría considerarse como preconstituido desde el régimen especial de áreas protegidas”, sostiene.

Los Colegios de Biólogos y Forestales del país se declararon en estado de emergencia, exigiendo la anulación inmediata del acuerdo entre el Gobierno y las cooperativas auríferas, y advirtieron que los cambios en los planes de manejo comprometidos permitirán la minería que resguardan el patrimonio cultural, religioso y natural del país, así como las únicas respuestas a los desafíos del cambio climático, en las cuales actividades destructivas como la minería están prohibidas.

Gobierno borra con el codo

El 7 de diciembre al grito unísono “que se anule, que se anule”, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) doblegó al Gobierno en el municipio de San Buenaventura, y logró que quienes firmaron el acta con los cooperativistas auríferos a los que prometieron modificar planes de manejo al interior de tres áreas protegidas para permitir la explotación del oro, anularan dicho acuerdo.

“La presente acta anula en su totalidad los puntos del acta suscrita en fecha 27 de octubre de 2022, entre las autoridades dependientes del Viceministerio de Medio Ambiente, Sernap, Director Departamental de ABT y Fecoman que afectan derechos territoriales, ambientales y humanos de los pueblos indígenas del Norte del departamento de La Paz”, se lee el séptimo punto del acuerdo.

El séptimo punto fue el más álgido en la discusión entre la dirigencia de la CPILAP, representantes territoriales de base y la comisión gubernamental representada por Rodrigo Delgadillo, director jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA); Odemar Tejerina, viceministro de Medioambiente; además Teodoro Mamani, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

“Ustedes han provocado este conflicto, ustedes firmaron esa acta a espaldas de las naciones y pueblos indígenas afectados”, cuestionó Gonzalo Oliver, el presidente de la CPILAP a los funcionarios que se hicieron presentes en las oficinas del Parque Nacional Madidi, que fue tomada horas previas por los indígenas.

Fecoman rechaza acuerdo con indígenas

Pero nada garantiza el cumplimiento del acuerdo del Gobierno con los pueblos indígenas, más aun, cuando la propia Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) rechaza los compromisos asumidos el 7 de noviembre en la comunidad Eyiyoquibo del pueblo Esse ejas.

El presidente de Fecoman, Ramiro Balmaceda descalifica el acta y sugiere que quienes alentaron la anulación del acta firmado con su sector sobre la explotación del oro en áreas protegidas, son quienes quieren convertirse en mineros.

“A nosotros no nos parece coherente ni nada ético que después de haber firmado un acuerdo, que era más que todo para las áreas preconstituidas que son reconocidas por la Constitución, también por la Ley de minería 535 (…).  Decirles que aquí hay intereses, vamos a demostrar que los que rechazan nuestra acta son los mismos que quieren hacer actividad minera”, señala Balmaceda.

Único tributo

El sector cooperativista aurífero avanzó durante el Gobierno del MAS en mayores conquistas sectoriales, en contra del propio interés del Estado boliviano. Durante el primer día de negociaciones con el Gobierno tras la movilización de octubre en La Paz, logró que el gabinete económico del presidente Luis Arce aprobara un único impuesto del 4.8% sobre el valor bruto de la exportación.

De aplicarse el impuesto a las utilidades (IUE) a las cooperativas auríferas, este sector hubiese dejado para el Estado el año 2021, más de $us 1.000 millones por la exportación de cerca de 50 toneladas (Tn) de oro, analizó entonces, el investigador y experto en minería, Héctor Córdova.

“Como gran cosa muestran que ahora las cooperativas pagarán el 4,8% del valor bruto del oro, pero el año pasado que se exportaron 50 toneladas de oro por un valor de 2.226 millones de dólares, si se hubiera aplicado la norma del 7% de regalías y el 37,5% por sus sociedades con capitales extranjeros deberían pagar cerca de $us 1.000 millones de dólares, eso es lo que debió recibir el Estado”, afirmó.

El año pasado, el país exportó 45 toneladas de oro por un valor de 2.226 millones de dólares, de los cuales quedaron para el Estado $us 59 millones por concepto de regalías, que oscilan entre 1,7 y 2,5% del valor de las exportaciones.

La Ley de Minería 535 de 2014, establece que las compañías deben pagar el IUE adicional al normal del 25% de sus utilidades, y un adicional del 12,5% cuando la cotización de los minerales en el mercado internacional es alta, haciendo un total del 37,5%.

“Ya van varios años en que las cooperativas van rehuyendo sus responsabilidades con el Estado y de alguna forma con el acta logrado con las cooperativas, el Gobierno les lava la cara, entonces los auríferos que pagaban el 2,5% se sienten generosos y con la vía libre de continuar haciendo: explotar oro sin mayores regulaciones”, afirmó.

Y es que las regulaciones al sector aurífero son casi nulas, pues ha tenido que ser reincidente el Relator de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana, al señalar al Estado boliviano, no solo por incumplir los compromisos asumidos en torno al Convenio de Minamata, para reducir el uso del mercurio.

Orellana, denunció también en foros internacionales que Bolivia se convirtió en país centro del tráfico del mercurio en la región, con lo cual frustra los esfuerzos internacionales, y vulnera derechos de pueblos indígenas que nada tienen que ver con la actividad minera.

Las respuestas del Relator Especial se dieron en respuesta a gestiones realizadas por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), que advirtió que el país es el mayor importador del mercurio a nivel mundial e impulsó estudios junto a la Universidad de Cartagena, Colombia, que demostraron que los indígenas de los ríos amazónicos están contaminados por mercurio en niveles muy por encima de lo permitido, hasta llegar a casos excepcionales de 100 partes por millón.

El 2018, el reportaje de Jimena Mercado bajo el título: Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas, que destapó las sociedades ilegales entre las cooperativas locales y los capitales extranjeros, logró resonancia en medios nacionales e internacionales, que incluso se hicieron eco el 2022, ratificando lo que se develó hace más de cuatro años.