El estado de emergencia decretado el sábado en Perú tomó efecto este domingo 15 de enero en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao y en tres otras provincias. La medida autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden y suspende varios derechos constitucionales. El Gobierno de Dina Boluarte decidió implementarlo para controlar las protestas sociales que no paran desde diciembre y que se saldan con casi 50 muertos.
El sábado, el Ejecutivo de Perú publicó un decreto que amplía a la capital Lima y a varias regiones el estado de emergencia que entró en vigor el pasado 15 de diciembre en todo el territorio nacional.
El decreto tomó efecto este domingo 15 de enero por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao así como en la provincia de Andahuaylas (departamento de Apurímac), en las provincias de Tambopata y Tahuamanu (departamento de Madre de Dios) y en el distrito de Torata (departamento de Moquegua).
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Además, las restricciones incluyen cinco carreteras nacionales, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur.
“Durante los Estados de Emergencia … quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, dice el decreto.
Según el documento, la presidenta de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación”.
La Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el orden y la movilización social será prohibida por 10 días entre las 20:00 y las 4:00.
Con estas medidas, la presidenta espera controlar las protestas de los que piden su dimisión, el cierre del Congreso y elecciones para 2023. Los manifestantes seguían en las calles de Lima el sábado.
Además, más de un centenar de barricadas bloquearon el tráfico el sábado en Lima y en el sur, epicentro de la protesta. Sin embargo, las autoridades reabrieron el aeropuerto internacional de Cusco, importante para el turismo en el país.
Las protestas estrellaron tras la destitución y detención, el 7 de diciembre, del presidente Pedro Castillo, acusado de fallido golpe de Estado al intentar disolver el Parlamento. La ex vicepresidenta Dina Boluarte le sucedió de acuerdo con la Constitución.
Uso excesivo de la fuerza
Desde que arrancaron las protestas, 49 personas han perdido la vida, 21 de ellas en la última semana.
El viernes, la presidenta dijo lamentar el número de muertos y pidió disculpas por los hechos.
“No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en las protestas, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valioso policía que perdió su vida infortunadamente. Pido disculpas por esta situación y por lo que no se ha hecho para evitar estos trágicos sucesos”, dijo Boluarte.
Sin embargo, la presidente repitió que no dimitirá, como piden los miles de manifestantes.
“Algunas voces provenientes de los grupos violentos y radicales exigen mi dimisión llevando a la gente al caos, al desorden y a la destrucción. Les digo responsablemente que no renunciaré. Mi compromiso es con el Perú y no con este grupúsculo que hace daño a nuestra patria”, declaró la presidenta.
Según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado este domingo, el 58% de los peruanos cree que hubo “excesos por parte de las fuerzas del orden” en las protestas y alrededor del 70 % desaprueba el desempeño de la presidenta, Dina Boluarte, y del titular del Congreso, José Williams. Además, el 60% de los encuestados cree que “se justifican” las protestas frente a un 35% que opina lo contrario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó una misión de investigación de tres días en Perú el viernes. Concluyó que había indicios de “uso excesivo de la fuerza” y pidió una investigación imparcial sobre la represión de las manifestaciones.
Finalmente, la Fiscalía abrió una investigación por “genocidio” contra Dina Boluarte y varios otros altos cargos.
Con EFE y AFP
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