Lula destituye a más de 80 militares de su círculo tras el asalto de Brasilia

El presidente de Brasil mantiene una tensa relación con la cúpula de las Fuerzas Armadas

Si algo quedó en el aire tras el asalto por parte de 5000 manifestantes el pasado domingo 8 de enero de Brasilia -mientras el presidente se encontraba en Sao Paulo- es la tensa relación con las Fuerzas Armadas, algo que no se había visto en Brasil hace décadas en la que los militares permanecían en sus cuarteles sin una participación directa en las decisiones políticas del país. Con la llegada de Bolsonaro los militares cobraron protagonismo ocupando puestos en ministerios y secretarias, pero además en desfiles militares que ya entonces comenzaron a merodear insinuaciones de que deberían volver a ocupar mandos en el Estado brasileño para arrasar al comunismo. Tanto así que a una semana y un día exactamente de la posesión en la presidencia, explotó el descontento de sectores que al menos dos meses atrás acampaban en las puertas de los cuarteles pidiendo un golpe de Estado.

Este jueves el presidente Lula exoneró a 80 militares y a los responsables de la seguridad de los predios de los tres poderes de la República que permanecen como obras arquitectónicas una al lado de otra en la plaza de los Tres Poderes, construidas en los años 60 como un indiscutible símbolo de la democracia brasileña.

Entre los despedidos está Marcelo Ustra, primo del torturador de la dictadura militar Brilhante Ustra. Es miembro activo del Ejército. El presidente debe reunirse este viernes con el ministro de Defensa, José Múcio, y los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. En la reunión, el Partido dos Trabalhadores (PT) cuyo jefe es Lula, recibirá una propuesta de “modernización” de las Fuerzas Armadas.

Entretanto continúa la limpieza para barrer las conexiones, la Policía Federal arrestó a otro sospechoso de financiar los actos golpistas en Brasilia. Se trata de Elizângela Cunha, que se entregó en una comisaría de Rio de Janeiro. Un tercer acusado sigue prófugo. Para reforzar la seguridad en el sistema eléctrico y prevenir nuevos ataques a las torres eléctricas, el Gobierno de Lula utilizará cámaras y drones, además de un mayor número de policías. Tras el motín del 8 de enero, el Supremo Tribunal Federal (STF) difundió un video para decir que la Corte y la defensa de la democracia “siguen sin tregua”.