Brasil comienza a debatir un Proyecto de Ley de las “Fake News”

Las compañías Big Tech son apuntadas por la proliferación de crímenes, racismo, ataques a la democracia y un racimo de discurso en el que prima la proliferación de odio.

Podría parecer aterrador para algunos maestros de la era digital. Brasil es el primer país latinoamericano en tratar de poner cortapisas a la proliferación de contenidos de odio que han puesto bajo tapete una discusión muy actual sin regularización en la que acaban sacando provecho las empresas de la industria de la tecnología, también conocidas como Big Tech.

No es un negocio fácil. La semana pasada el presidente del Congreso brasileño sacó debajo de la manga el tratamiento del Proyecto de Ley considerado Urgentísimo. De no haber sido así, ya fue materia rechazada por las bancadas de la oposición para postergar el debate que viene acarreando retrasos inaceptables. Así como inaceptables son los acontecimientos que la preceden: ataques a la democracia, desinformación electoral, propagación de contenido falsos, ataque a escuelas y el avance de los discursos de odio.

El tema es materia de tapa de la última edición de la revista Veja. La publicación recuerda que en ese mismo ambiente el proyecto fue rechazado en 2022. El cuadro cambió con el Gobierno de Lula que poco después de su posesión en enero, anunció que aumentaría la presión sobre las compañías  de tecnología como Google, Twitter, TikTok, Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras).

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexander Moraes, fue quien en persona dispuso un operativo para dejar en manos del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), propuestas para responsabilizar a los proveedores de redes sociales que no retiren del aire contenidos y cuentas que divulgan contenidos falsos y que incitan a la violencia contra el Estado para impedir el ejercicio pleno de los poderes constitucionales.

El caso ha sido visto como un modelo que puede ser aplicado en otros países que conceden licencias inaceptables a las Big Tech. Se trata de una larga lista en la que además destacan a cuenta contenidos  racistas, homofobia y nazismo.

“Esa materia debe ser discutida y votada duela a quien duela desde que no comprometa la idea central de castigar a quien se vale de la red fake news”, dijo José Guimarães (PT-CE), líder del Gobierno, de acuerdo a Veja.

Los caballos de la batalla

En una reunión de líderes políticos el pasado 25 de abril, quedaron claros algunos puntos que serán los “caballos de batalla” de la ley. Uno de ellos es la creación de una “entidad autónoma de supervisión” con capacidad de reglamentar la ley, fiscalizar, instaurar procesos administrativos y aplicar sanciones.
Otro punto crítico es el llamado “deber de cuidado” por el cual los proveedores deben actuar cuando sean notificados respecto a contenidos potencialmente ilegales.

La publicación asegura que las compañías Big Tech no están interesadas en acompañar el debate. Son desde el inició contrarias al proyecto y lo ha expresado abiertamente por medio de “emisarios travestidos”  de  entidades representativas, argumenta la revista.

Google, por ejemplo, ha señalado que “una legislación apresurada podría empeorar el funcionamiento de internet, cercenar derechos fundamentales para favorecer determinados grupos o sectores de la economía, creando mecanismos que  pongan en riesgo la libertad de expresión”.

De acuerdo a analistas consultados por Veja el pretexto de defender la libertad de expresión, es usado por las compañías para evitar debatir su responsabilidad en la proliferación de discursos de odio y la incitación a crímenes.

“No quieren correr con los gastos de publicación de discursos de odio o noticias falsas, argumentando que solo distribuyen el contenido”. Un debate que es necesario instalar en otras latitudes, lo que demuestra que el gigante latinoamericano está comandando una discusión urgentísima en la región.

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