El Gobierno de Venezuela aseguró haber impedido una “fuga masiva” en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, tras un fuerte operativo policial y militar que incluyó la movilización de vehículos blindados y el despliegue de 11.000 agentes de los cuerpos de seguridad.

“Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado a todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento”, aseguró a la televisión estatal Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia.

El funcionario explicó que el centro de reclusión fue “totalmente liberado” y que descubrieron “una gran cantidad de espacios inadecuados” en el penal, donde operaban los cabecillas de la banda criminal transnacional el Tren de Aragua, con presencia en Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

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“Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio” en el que “reinaba el delito”, reiteró el ministro, sin ofrecer más detalles sobre el tipo de actividades ilícitas descubiertas. “Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional contra la población venezolana”, agregó.

Decenas de familiares de los reclusos, algunos incluso que vivían dentro del penal, se apostaron a las afueras a la espera de “noticias”. “Estoy esperando que me informen a dónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (…). Yo vivía allí, pero nos sacaron”, comentó Gladys Hernández.

“Tengo miedo de que no salgan vivos”, dijo a AFP Rubieles Mejías, pareja de otro de los reos.

El penal se había convertido en una especie de ciudadela. Contaba con piscina, campo de béisbol, un zoológico, bares, casinos, cajeros automáticos y hasta una discoteca en su interior, de acuerdo a una investigación realizada por Ronna Rísquez, periodista que ha seguido por años los movimientos del Tren de Aragua, y según confirman familiares de los presos.

Videos en redes sociales mostraban a mujeres y niños en el interior del recinto, desde donde salían columnas de humo. La televisión pública mostró imágenes de presos en hileras, sentados en el suelo, la mayoría con las manos esposadas esperando su traslado.

Segunda fase: “búsqueda, persecución y captura”

Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, comunicó en X, antes Twitter, que miembros de las fuerzas especiales detuvieron a dos sujetos, “quienes se habían evadido a través de un túnel del centro penitenciario”.

Según él, las autoridades comenzaron “la segunda fase” del plan de intervención gubernamental, que incluye la “búsqueda, persecución y captura” de “delincuentes fugitivos”, aunque no especificaron la cantidad de los prófugos.

El objetivo, reiteró, “es la desarticulación y poner fin a las bandas delincuenciales organizadas que operaban desde el centro penitenciario”. Las autoridades venezolanas afirman que los reclusos serán trasladados a algunos de los 85 penales del país, que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, tienen una sobrepoblación por encima del 50%.

OVP afirma que la intervención fue pactada

El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, afirmó que la intervención policial y militar ejecutada en la cárcel de Tocorón, “fue conversada” con miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

“Como organización estamos a favor de que se retome el control de las cárceles que están bajo el pranato (liderazgo criminal), pero no creemos en tomas negociadas para que los pranes (reos) se vayan y no paguen por los crímenes cometidos”, aseguró la ONG en un comunicado.

La entidad afirma que “fuentes cercanas a la operación militar” dijeron “que muchos de los presos” lograron salir a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas.

Un equipo de la AFP informó que los efectivos de seguridad estaban sacando de la cárcel varios objetos, entre los cuales televisores, microondas o aparatos de aire acondicionado.

La ONG exhortó al Gobierno de Venezuela a “mostrar” los rostros de los principales líderes del Tren de Aragua, así como las armas incautadas, con el fin de “darle tranquilidad a la población y garantizar la transparencia”.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana para la Libertad, dijo que el operativo era evidencia de que el control de las cárceles no está en manos del Estado y recordó la obligación de garantizar los derechos de los detenidos.

“Con esta acción el Gobierno está reconociendo el caos penitenciario que vivimos y lo negligente que ha sido en solucionarlo, especialmente en este recinto. Estamos a la espera de más información, aunque extraoficialmente sabemos de muertos y heridos”, comentó a la prensa.

Una banda transnacional

Para Ronna Rísquez, la operación era “algo que podía pasar en cualquier momento”.

Según la periodista, la banda cuenta con unos 5.000 miembros en Sudamérica y la intervención gubernamental se dio por la presión de países de la región como Colombia, Chile y Perú, “que han denunciado la presencia de un grupo armado como el Tren de Aragua operando en sus territorios de una manera impune”.

El Tren de Aragua se formó en 2014, inicialmente involucrado en actividades delictivas como secuestros, robos, tráfico de drogas, prostitución y extorsión. Más tarde se expandió también a la explotación ilegal de oro.

Hay denuncias de que los miembros de esta organización delictiva reciben órdenes de los líderes hasta ahora encarcelados en Tocorón. El Tren de Aragua ha sido objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional por su alcance y la violencia asociada a sus operaciones en varios países.

Con EFE y medios locales