Carta blanca para la liberación de Alberto Fujimori

Este miércoles, el presidente del Tribunal Constitucional de Perú afirmó que las autoridades del país deben liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años. El pronunciamiento desafía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió mantener su condena en 2022. 

El  presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, aseguró este miércoles 29 de noviembre que el exmandatario debe ser excarcelado, luego que un auto del TC devolviera en la noche del martes a un juez local la potestad de decidir si procede a dejar libre a Fujimori, tras interpretar que un habeas corpus de marzo de 2022 otorgado al exmandatario tiene validez.

“Alberto Fujimori debe ser liberado de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional”, afirmó Morales, subrayando la importancia de acatar y cumplir las sentencias de la corte. Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, había recibido en 2017 un indulto.

La historia de dicho indulto ha sido altamente controversial. Fue otorgado en la Navidad de 2017, luego anulado en 2019 por la Corte Suprema y posteriormente restituido en marzo de 2022 por el TC. Sin embargo, cuando se iba a materializar la salida del expresidente de prisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Perú no efectuar la liberación hasta que la Justicia revisara un recurso de familiares de las víctimas de su mandato.

El presidente del Tribunal Constitucional insistió en que las autoridades peruanas deben proceder con la liberación inmediata de Fujimori, a pesar de la orden contraria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año pasado. Morales explicó que la decisión se ha remitido al juez encargado de ejecutar un “habeas corpus” presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante.

Morales también defendió la aplicación de esta decisión, destacando que, aunque valoran las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, la sentencia del Tribunal Constitucional tendría prevalencia. Resaltó que la resolución del TC “despeja” la sentencia del año pasado que ordenó la liberación inmediata de Alberto Fujimori.

La resolución, emitida en respuesta a consultas jurídicas sobre el indulto, respaldó su legalidad. El presidente del TC mencionó que la votación sobre este tema fue reservada y que todos los magistrados firmaron la resolución. Asimismo, esta instruye enviar el caso al juez de ejecución para que actúe según sus atribuciones respecto a la situación del exmandatario.

El abogado Elio Riera, defensor de Fujimori, resaltó que el TC ratificó su sentencia y que ahora la liberación debe ser determinada por el juzgado de origen. En respuesta, el constitucionalista Luis Roel Alva indicó que el TC emitió la aclaración para reafirmar su decisión anterior, subrayando que, aunque el TC sostiene que sus sentencias a nivel nacional son inimpugnables, la decisión final recae en el juez al que se remite el caso, que corresponde al juzgado de Ica.

El indulto a Fujimori, en el centro del debate

En el panorama político y judicial de Perú, el nombre de Alberto Fujimori ha sido sinónimo de controversia y debate desde el otorgamiento del indulto humanitario en 2017. Esta decisión, inicialmente respaldada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, marcó el inicio de una serie de acontecimientos legales que han mantenido a Fujimori en el ojo público tanto a nivel nacional como internacional.

La comunidad internacional ha seguido con atención estos acontecimientos. Algunos países y organismos han expresado preocupaciones sobre la independencia judicial y la protección de los derechos humanos en Perú, mientras que otros argumentan que las decisiones del Tribunal Constitucional reflejan la capacidad del país para resolver sus asuntos internos.

En Perú, este caso ha desencadenado un debate interno entre aquellos que piden justicia para las víctimas y aquellos que consideran que la liberación de Fujimori, con graves problemas de salud, es un gesto de humanidad. El papel de los tribunales, las instituciones gubernamentales y la sociedad civil está siendo evaluado en este proceso, y la polarización de opiniones continúa.

Condena a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos

En un juicio que se extendió por 15 meses en Lima, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas por escuadrones de la muerte vinculados al Gobierno. El Tribunal Supremo tomó esta decisión histórica, siendo la primera vez que un expresidente del país fue extraditado y juzgado.

El tribunal encontró culpable a Fujimori, de 70 años, de cuatro cargos relacionados con órdenes para dos masacres que dejaron 25 personas muertas y los secuestros de un periodista y un empresario durante su mandato de 1990 a 2000. Fujimori, quien ya había sido condenado en 2007 a seis años por abuso de poder, se declaró inocente de todos los cargos y afirmó no tener conocimiento de las actividades de los escuadrones paramilitares.

El veredicto, emitido por tres jueces en el juicio, fue unánime. Fujimori escuchó la sentencia sin expresar emociones, tomando notas durante el proceso. Las acusaciones incluyeron la orden de un escuadrón paramilitar llamado ‘Grupo Colina’ para perpetrar el asesinato de 15 simpatizantes sospechosos de rebelión en una barbacoa en Lima en 1991 y nueve estudiantes universitarios y un profesor en 1992.

Fujimori huyó a Japón en 2000 cuando su Administración colapsó bajo acusaciones de corrupción. Japón lo reconoció como ciudadano y rechazó las solicitudes de extradición de Perú. Viajó a Chile en 2005 con la intención de hacer un retorno político antes de las elecciones presidenciales en Perú. Sin embargo, fue arrestado y extraditado en 2007.

A pesar de las acusaciones en su contra y su huida, Fujimori había mantenido simpatizantes, principalmente debido a los éxitos económicos y de seguridad en su mandato. Redujo la inflación drásticamente y lideró la lucha contra Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta que sembró el pánico en el país durante los años 80 y 90.

Con EFE y medios locales