El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informó el lunes 20 de mayo que había solicitado órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y tres líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra, luego de siete meses de conflicto en Gaza. Tras estas órdenes, ¿qué viene para el líder israelí y para Hamás y qué repercusiones diplomáticas o judiciales tendrán en la práctica?
El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, está decidido a que se castigue a los responsables de la muerte de más de 35.000 personas en la guerra entre Israel y Hamás, así como de los ataques del 7 de octubre, donde murieron más de 1.200 israelíes.
Es por ello que solicitó órdenes de arresto para Yahya Sinwar, jefe del grupo palestino islamista Hamás en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamás (las Brigadas Al Qasam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del grupo palestino y exiliado en Qatar.
Khan los considera “penalmente” responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en Israel o en el territorio palestino desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.
También hizo lo propio con Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio palestino al menos desde el 8 de octubre de 2023”, es decir, el día después del ataque de Hamás y fecha del inicio de la actual ofensiva israelí en Gaza.
Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yisrael Katz, dijo que la sala de guerra trabajaría para confrontar la medida, que, en su opinión, tiene por objeto atar las manos de Israel e impedirle ejercer su derecho a la autodefensa.
“Tengo la intención de hablar con los ministros de Asuntos Exteriores de los principales países del mundo para instarles a que se opongan a la decisión del fiscal y declaren que, aunque se emitan órdenes de detención, no tienen intención de ejecutarlas contra dirigentes israelíes”, declaró Katz.
¿Qué significa la medida?
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la petición del fiscal era absurda y que la medida iba dirigida contra todo Israel. “Rechazo con repugnancia la comparación del fiscal de La Haya entre el Israel democrático y los asesinos en masa de Hamás”, dijo Netanyahu. “¿Con qué audacia comparan a Hamás, que asesinó, quemó, descuartizó, decapitó, violó y secuestró a nuestros hermanos y hermanas, con los soldados de las FDI que luchan en una guerra justa?”.
Mientras una orden de arresto no cambiaría, de facto, los movimientos de los miembros de Hamás –afincados en su mayoría en Gaza, Líbano o Qatar– sí lo hace en el caso de los miembros del Gobierno israelí.
Como Israel no es signatario del CPI, no tiene jurisdicción sobre su territorio.
Pero, Netanyahu y Gallant no podrían viajar a aquellos países signatarios de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, que hayan ratificado el Estatuto de Roma. En caso de cruzar la frontera de estos territorios, podrían ser arrestados.
Aunque solicitar una orden de arresto o emitir una orden de arresto de la CPI no limita la libertad de viajar, las personas objeto de las órdenes son vulnerables a un posible arresto si viajan a un signatario de la CPI.
La orden no corta, cabe decir, las relaciones con los líderes cuyos países signatarios de la Corte Penal Internacional, ya que no existen restricciones para que los líderes políticos, los legisladores o los diplomáticos se reúnan con personas contra las que pesa la orden de detención. Sin embargo, desde el punto de vista político, esto puede tener consecuencias negativas.
En Israel, mientras los simpatizantes de Netanyahu tienen palabras de repudio contra la medida, sus detractores también se han mostrado sorprendidos e indignados.
El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó la decisión de “desastre”. Mientras, Benny Gantz, exgeneral del Ejército centrista que se unió al gobierno de unidad de Netanyahu en tiempos de guerra el año pasado, pero que es el principal candidato a ocupar el cargo de primer ministro, dijo que es un “crimen de proporciones históricas” contra Israel.
En las calles de Tel Aviv, las opiniones también dejan entrever el apoyo de la población a su primer ministro, por muy opositores que sean. Según explica la agencia Reuters, el ala liberal también ha expresado su indignación por la medida, que la ven en contra de un país entero y no individual.
¿Serían arrestados Netanyahu o los jefes de Hamás?
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, además de los precedentes legales en casos que involucran órdenes de arresto contra jefes de Estado en ejercicio, requiere que los 124 signatarios de la CPI arresten y extraditen a cualquier individuo contra quien se aplique una orden de arresto de la corte si pone un pie en su territorio.
Pero el tribunal no tiene forma de implementar el arresto. La pena por no arrestar a nadie es la remisión al Consejo de Estados Miembros de la Corte Penal Internacional y, en última instancia, al Consejo de Seguridad de la ONU.
Una orden aún sin emitir: ¿qué sigue?
Las solicitudes de arresto “están pedidas y deben ser emitidas y expedidas por la sala de cuestiones preliminares en el lapso de uno a diez meses”, afirmó a France24 el jurista Javier Ruiz. Una vez las analicen, por lo tanto, pueden ser aprobadas. Y hasta el momento, según el analista, siempre lo han hecho.
“De emitirse, veremos cómo se comportan los 124 miembros que son parte de la Corte”, destacó.
En el caso de EE. UU., que se ha manifestado en contra de la petición, el analista ha explicado que el fiscal de la corte emitió un comunicado anteriormente recordando el artículo 70 del Estatuto de Roma, que indica que todo acto político intimidatorio o de corrección puede comportar un delito.
Las reglas del tribunal permiten al Consejo de Seguridad de la ONU adoptar una resolución para detener o posponer una investigación o juicio por un año, con la posibilidad de renovarlo indefinidamente.
En casos anteriores en los que un Estado ignoró su obligación de arrestar a un individuo que enfrentaba una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, lo máximo que enfrentó ese Estado fue una reprimenda.
Israel o las autoridades palestinas también podrían presentar una petición formal a la Fiscalía para posponer el caso si ellos mismos están investigando o procesando a las mismas personas por los mismos presuntos actos criminales.
El fiscal tendrá entonces que detener temporalmente el caso y comprobar si la parte que solicita el aplazamiento está realmente llevando a cabo una investigación real. Si considera que las investigaciones realizadas por esta parte son insuficientes, puede presentar una solicitud para que reabran la investigación.
¿Es una sorpresa para Israel?
No. Funcionarios israelíes llevaban semanas expresando su preocupación por la posibilidad de que la Corte Penal Internacional —un tribunal creado hace dos décadas y con sede en La Haya— pudiera estar en proceso de preparación de órdenes de arresto contra representantes del Gobierno israelí o de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
A finales de abril, el Ministerio de Exteriores de Israel reveló que había informado a las misiones israelíes en el extranjero de “rumores” de que el tribunal podría ordenar la detención de altos cargos políticos y militares israelíes.
En ese mismo momento, dos funcionarios —de cinco entrevistados por The New York Times— declararon estar convencidos de que, tras seis meses de iniciada la guerra, la CPI evaluaría la presentación de acusaciones o cargos y la emisión de órdenes de arresto contra oficiales presuntamente responsables por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
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