La batalla entre X y el STF de Brasil llega al usuario

La disputa de la justicia brasileña con la red X (exTwietter) se extiende al usuario con multas pecuniarias y sanciones.

Para burlar la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) 75 millones de brasileños usan VPN (Red Privada Virtual por sus siglas en ingles) para conectarse a Internet, incluso antes de la decisión de suspender a la plataforma de Elon Musk. Información de NordVPN revela que el 37% de los brasileños utiliza redes privadas para conectarse a internet

El uso de VPN creció en Brasil mucho antes de que X fuera bloqueado por el STF en el país. Con 22 millones de usuarios en Brasil impedidos de acceder a la red, la función VPN se volvió buscada, aunque sujeta a multas.

Rastrear a todos los que utilizan el recurso puede ser una tarea ardua desde el punto de vista tecnológico. En el primer trimestre de 2024, el 37% de los brasileños (alrededor de 75 millones de personas) accedieron a Internet mediante una VPN, según una investigación de NordVPN, lo que supone un aumento respecto al 33% registrado en 2023.

La principal motivación para usar VPN en Brasil, según una investigación de NordVPN, es la seguridad en línea, en algunos casos requerida por las empresas para que los empleados trabajen de forma remota.

Alrededor del 46% de los usuarios dice que utiliza la conexión para proteger sus dispositivos y cuentas, mientras que el 35% busca proteger la privacidad de sus actividades digitales. Además, la VPN permite el acceso a contenidos restringidos geográficamente, “disfrazando” la ubicación del usuario.

Sin embargo, aunque la práctica está ganando popularidad, su uso para acceder a contenidos prohibidos por el gobierno local puede generar complicaciones legales.

Una VPN es una herramienta que tiene como objetivo proteger la privacidad en línea ocultando la IP del usuario y redirigiendo su conexión a servidores remotos, lo que dificulta el seguimiento de las actividades en línea.

En una decisión, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que se apliquen multas a todas las personas físicas o jurídicas que utilicen “subterfugios tecnológicos”, como VPN, para acceder a la red social X.

El juez también estipuló una multa de R$ 50.000 (unos 9.000 dólares) para cualquier persona o empresa del país que utilice X. Esta es la segunda decisión de Moraes de suspender una plataforma en el país. En 2023, el magistrado incluso ordenó el bloqueo de Telegram, una aplicación de mensajería, pero dio marcha atrás después de que la empresa nombrara un representante.

Inicialmente, Moraes había ordenado la eliminación de las aplicaciones que proporcionaban VPN de las tiendas de Google y Apple, pero revocó esa decisión. Sin embargo, se mantuvo la multa para cualquiera que utilice la tecnología.

Para justificar el bloqueo, el juez citó disposiciones del Marco Civil da Internet, que prevé la suspensión temporal de las actividades de las plataformas que no respeten la legislación brasileña, incluida la confidencialidad de las comunicaciones y registros privados.

La Asociación de Abogados de Brasil (OAB) y varias secciones presentaron, durante el fin de semana, una solicitud para que se revoque la multa de 50.000 reales impuesta a quien utilice VPN para acceder a la red social X.

Según una nota difundida por la OAB, la aplicación de multas u otras sanciones sólo puede ocurrir después de asegurar una defensa contradictoria y completa, y no de forma anticipada y resumida.

Entre los argumentos presentados por la OAB del Distrito Federal en la petición destaca la preocupación por el valor de la multa, la cual puede considerarse excesiva, dependiendo de las circunstancias de cada usuario y su capacidad económica para soportar el castigo. Además, la OAB cuestiona la efectividad de la medida, ya que la multa no afecta directamente al investigado, es decir, a la plataforma X y sus administradores.

La OAB también argumenta que la decisión carece de claridad sobre cuál sería el acto ilegal al intentar utilizar una VPN, destacando que una orden judicial no puede, por sí sola, crear un acto ilegal o prever sanciones sin una base legal correspondiente.