El histórico juicio que podría enfrentar Bolsonaro

La probable acusación contra el expresidente por tramar un golpe de Estado.

Fruto de casi un año de trabajo, el entramado de 884 páginas que contiene el informe de la Policía Federal (PF) sobre el intento de golpe está ahora en manos de Paulo Gonet, Fiscal General de la República, quien será el responsable de decidir si denuncia o no los implicados ante el Tribunal Supremo Federal.

Para el PF no hay duda: Jair Bolsonaro planeó, dirigió y ejecutó el complot, pero no se llevó a cabo por falta de apoyo de la cúpula militar. Mientras el comandante de la Armada, almirante Almir Garnier, daba luz verde al movimiento, los jefes del Ejército (general Freire Gomes) y de la Fuerza Aérea (teniente de brigada Baptista Júnior) se opusieron firmemente al intento de ruptura democrática tramado clandestinamente en el Planalto (Nota de la Redacción: el palacio de gobierno de Brasil).

Estos y otros detalles del impactante complot fueron reconstruidos en la investigación, que resultó en la imputación de Bolsonaro y 36 aliados, entre ellos exministros, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y ex miembros de su gobierno.

A sus allegados, Gonet ya ha indicado que el análisis del intento de golpe no se basará en un hecho aislado, sino que tendrá en cuenta una secuencia de acontecimientos. El informe del PF va precisamente en esta dirección, trazando una línea temporal desde 2019, cuando Bolsonaro ya custionaba la integridad de las urnas bramando sobre una supuesta victoria en la primera vuelta de 2018.

Los ataques alcanzaron su punto máximo en la campaña de 2022. Según la investigación, el movimiento tenía dos objetivos: incentivar a los votantes y brindar argumentos que respaldaran el golpe, bajo la acusación de fraude en la votación que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva de regreso al Palacio do Planalto.

Lo más probable es que Gonet tome la decisión a principios de 2025, con lo que se iniciará un proceso sin precedentes en la historia del país. Una acción penal pondrá por primera vez en el banquillo de los acusados ​​a altos oficiales y a un expresidente de la República por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, irónicamente incluidos en el Código Penal.

Hasta que el expresidente y otros involucrados tengan que sentarse frente a los ministros de la Corte Suprema para ser interrogados y juzgados, queda un largo camino por recorrer: presentar denuncia, defensa previa, audiencia de testigos, producción de pruebas y peritajes. Todas estas etapas se verán inevitablemente atravesadas por diversos recursos judiciales, de los que las defensas seguramente utilizarán y abusarán. Sólo después votarán los ministros, uno por uno.

Según los expertos, incluso si el STF hace un gran esfuerzo, difícilmente será posible concluir el caso antes de finales de 2025. Los delitos incluidos en el informe de acusación tienen penas máximas de hasta 28 años. Bolsonaro y los otros 36 involucrados pueden tener sentencias aún mayores por circunstancias agravantes penales o por entender que los delitos se cometieron más de una vez.

Teniendo en cuenta el informe del PF, será difícil escapar a un castigo muy duro. La situación de Bolsonaro quedó aún más comprometida porque los investigadores encontraron sus huellas dactilares en varias etapas de la planificación del golpe.