Bukele se convierte en un dictador 

El presidente salvadoreño aprueba una ‘ley mordaza’ contra organizaciones y prensa independiente.

Mientras algunos políticos bolivianos estrechan la mano de Nayib Bukele como la máxima expresión de la eficiencia, la honestidad, impulsor de la tecnología y hasta de la seguridad carcelaria (donde efectivamente sobresale del resto), el mandatario salvadoreño consolida la corrupción y enmanilla la libertad de expresión. Ya hace un par de meses una investigación reveló que Bukele compró por un millón de dólares una playa que abarca parte de un área protegida.

Como si eso fuera poco, o haciendo secuencia a ese desliz (corrupción en este caso en su calidad de presidente de un país), el martes, la Asamblea Legislativa, bajo el control absoluto del mandatario, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con la que podrá dictar con una sola orden qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que, a quienes se les permita trabajar, deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al Gobierno un 30% de sus ingresos.

La medida fue anunciada por el presidente la semana pasada, tras una protesta campesina frente a su residencia. Este martes, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, la presentó ante la Asamblea Legislativa, donde fue impulsada por el diputado Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas. Su aprobación se dio con el 95% de votos a favor tras apenas una hora y 24 minutos de discusión, menos de lo que dura un partido de fútbol.

La aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte contra las voces disidentes que el Gobierno de Bukele ha dado en sus seis años en el poder. En las últimas tres semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas y sin derecho a defensa. La última de ellas fue Ruth López una prominente abogada de derechos humanos. A principios de este mes, al menos siete periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre presuntos pactos secretos del gobierno con pandillas, dejando en claro, que para construir las megainfraestructuras carcelarias donde alberga a los delincuentes más avezados ha sido concertada con ellos mismos.

La ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la impuesta en 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 5.200 ONG. Esta cifra incluye asociaciones religiosas, educativas, indígenas, médicas, empresariales y de derechos humanos, así como universidades y medios de comunicación independientes. En el caso de El Salvador, se estima que la ley puede afectar hasta a unas 8.000 ONG y a más de una docena de medios independientes.

La ley contempla la posibilidad de que algunas ONG sean eximidas a criterios del Gobierno; sin embargo, la postura de Bukele ha sido clara en que no tolerará organizaciones que busquen fortalecer la democracia o el combate a la corrupción.