El hedor de la justicia imposible de aguantar

La justicia boliviana en ruinas, pero no sin esperanza.

En los últimos días, un escándalo ha sacudido al estado de derecho en Bolivia. Un consorcio, integrado por jueces, fiscales, abogados y el ahora exministro de justicia, confeccionaron una cortina de manipulación para decidir quién permanece en el Tribunal Supremo de Justicia y quién se va (¿Con qué fines?). La bomba estalló con la filtración de un audio en el que un ex ministro, instruye a un juez de la ciudad de Coroico del departamento de La Paz, tumbar a una magistrada elegida por voto popular, dando lugar a una acción constitucional de cumplimiento en su contra, por supuestas faltas en los requisitos de habilitación a la candidatura de la magistrada, lo cual hubiese tenido como consecuencia, la habilitación del magistrado suplente.
La Fiscalía ya lo investiga; un ministro renunció y operadores judiciales del Tribunal Departamental de Justicia están detenidos. Los delitos que se investigan son diferentes.

La estructura está podrida

Lo que este caso confirma, es que la justicia en Bolivia no solo está colapsada. Está intervenida, utilizada y distorsionada al servicio de intereses particulares. Ya no es solo una percepción. Es una evidencia documentada, pública y obscena. Lo más triste de esto, es que al final, el pueblo paga. El ciudadano común que cae en una controversia judicial, no encuentra justicia, sino una sala de espejos, un laberinto minado, un lugar en el que nunca quisiera estar. Algunas veces incluso por accidente, error u omisión.

“Lo que este caso confirma, es que la justicia en Bolivia no solo está colapsada. Está intervenida, utilizada y distorsionada al servicio de intereses particulares.”

En Bolivia, la verdad jurídica no siempre gana

Casos recientes como el audio de la ex jueza Pacajes dentro del caso “bebé Alexander (2018)”, donde aceptó haber condenado a un inocente a 20 años pese a no existir pruebas, solo por “presión”; o el caso “red de extorsión (2012)” donde funcionarios públicos del Ministerio de Gobierno se asociaban para extorsionar a las partes de casos complejos y cuantiosos, prometiendo obtener fallos absolutorios o condenatorios, como  fue el de Jacob Ostreicher.

Pero, aún hay algo más fuerte que la corrupción: el hartazgo ciudadano. La indignación y decepción sobre el sistema judicial, casi se puede tocar en el aire.

Este momento puede ser el punto de quiebre. La sociedad boliviana indignada, tiene el deber de exigir una transformación estructural, no solo castigos individuales por el “rush” del momento. Informarse para denunciar, para no callar.

Y esto debe traducirse en acción, por ejemplo:

La Transparencia radical. Exigir que todos los procesos judiciales de alto impacto sean públicos y auditables, por la prensa y la sociedad en general. No existe razón para que los casos que involucran trascendencia social, se declaren “en reserva” (como el presente caso).

La Reforma Judicial. Debe revisar el modelo de elección judicial para evitar que sea rehén del poder político a través del poder legislativo, ya que hoy si bien la elección del poder judicial se realiza mediante el voto, quienes realizan la preselección de los candidatos, es la Asamblea Legislativa. Debe prevalecer lo técnico sobre lo político en este ámbito.

La Acción institucional– Fortalecer el Consejo de la Magistratura. Verificar su constitución, con profesionales idóneos, capaces de fiscalizar y con agallas para sancionar. Munidos de facultades para presionar auditorías externas e implementar la evaluación periódica de desempeño judicial, incluyendo al público litigante como importante actor. Son necesarias las sanciones ejemplificadoras.

Vigilancia ciudadana y educación jurídica. Desde observatorios sociales (e institucionales) a plataformas de denuncia pública de irregularidades, de forma fácil y expedita, para de esa manera empoderar a la ciudadanía de cualquier grupo en derechos y procedimientos para que no sean meros espectadores, sino generadores y transmisores de educación y cambio.

Este audio no es solo un “indicio” judicial; es un espejo donde vemos nuestras fallas. La justicia es demasiado importante, se encuentra en el fuero interno de las personas. La corrupción no desaparece con renuncias. Se necesitan decisiones valientes y trascendentales, que implican un cambio desde los hogares, los colegios, universidades y hasta las reuniones sociales.
Como señaló Montesquieu: “una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos”. ¿Será posible creer en la justicia aún? Con magistrados valientes, abogados honestos y ciudadanos despiertos.

Este escándalo no puede ser el final. Debe ser el principio.

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