La justicia y el pulso electoral

Hace pocas semanas cuando se destapó el escándalo del caso denominado consorcio, el país respiro la podredumbre del manejo judicial. Está claro que había un plan en marcha para descabezar el TSJ encabezado por el ex ministro de justicia que hoy está internado en una clínica para evitar ser trasladado a la cárcel donde se definió su reclusión. Como él, el resto de implicados en la movida se encuentran bajo arresto domiciliario, en centros de internación privados y una está en Obrajes (detenida). Que estos antecedentes se hayan conocido poco antes de las elecciones tienen una relación directa, para evitar la evidente pérdida del poder. Lo grave del caso es que se trata de un poder paralelo que actúa en las sombras que se ha apoderado de reductos de la justicia sea quien sea gobierno porque han sido elegidos por 2/3 de los votos de la Asamblea Popular.

Es por lo tanto imperativo que el primer paso del nuevo gobierno sea minar estos reductos para evitar tener que andar a las rastras como en una guerra contra quienes disponen sentencias constitucionales, promulgan normas y reglas que deben ser acatadas por la sociedad. Uno de los peores quistes es tener en los tribunales caciques plantados en la doctrina torcida del derecho. Y aquí viene otro tema: enfrentar un nuevo proceso electoral; el Tribunal Supremo Electoral no ha dado señales firmes en su voluntad de actuar bajo ninguna influencia política. Se ha convertido en un residuo de esta lacra obedeciendo sus disposiciones como si no fuera un órgano independiente. Se prestó en muchas ocasiones en el último tiempo a actuar con poca moderación cuando le plantean, por ejemplo, que las elecciones de agosto están garantizadas, pero es el TSE el que movido por su falta de carácter, está rompiendo las reglas del juego: ha abierto plazos impostergables, ha cambiado fechas, ha distorsionado la papeleta electoral, no ha cumplido el calendario electoral.

Es un momento de alta densidad la que están viviendo los tribunales de justicia, incluido el electoral. Es, por lo tanto, un imperativo, para evitar daños irreversibles a la democracia que ya está herida de muerte, dar señales que den confianza al elector de que el proceso será limpio, en el que todos los candidatos y los electores estén seguros que están representados por órganos genuinos de confianza y fe.