La lucha contra el crimen organizado se estanca bajo la administración de Trump

Desde bombardeos a lanchas que supuestamente llevan droga hasta designaciones terroristas y armas de destrucción masiva, en 2025 la administración de Trump dio un giro drástico a la manera en que Estados Unidos enfrenta a los grupos criminales. Pero aún falta ver qué impacto real tendrán estos cambios en el crimen organizado en los próximos años.

La primera señal de que algo había cambiado de fondo llegó el 20 de enero, cuando el recién investido presidente Donald Trump firmó un decreto titulado “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión” (Protecting the American People Against Invasion).

“Esta orden garantiza que el Gobierno Federal proteja al pueblo estadounidense aplicando fielmente las leyes migratorias”, decía el texto.

El decreto se enfocaba en migración, pero terminó sirviendo como base para que la administración de Trump reconstruyera buena parte del aparato de seguridad nacional y redefiniera su estrategia global contra el crimen organizado. En poco tiempo, se tradujo en redadas masivas de migrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, deportaciones de personas extranjeras a prisiones extranjeras y la designación de más de una decena de grupos criminales en el continente americano como organizaciones terroristas. Esto abrió la puerta a bombardeos selectivos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas frente a las costas de Colombia y Venezuela.

Trump también recurrió a la política comercial, utilizando aranceles para presionar a gobiernos a lanzar redadas y extraditar a presuntos criminales. Para finales de año, la Casa Blanca anunciaba un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, con el que Estados Unidos buscaba reafirmar su liderazgo en el hemisferio occidental, y la designación del fentanilo como un arma de destrucción masiva.

“Nos apoyaremos en aliados consolidados del hemisferio para controlar la migración, frenar el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar”, señaló la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para 2025.

Aun así, no está claro si estas medidas están reduciendo el crimen organizado. De hecho, podrían empeorarlo. Trump indultó recientemente a un expresidente que había operado como uno de los narcotraficantes más notorios de la región. Su gobierno también debilitó los candados legales contra el lavado de dinero dentro de Estados Unidos y redujo su compromiso financiero y político para combatir el crimen en el extranjero.

Amenazas reales y otras imaginadas

El gobierno de Trump sí respondió a algunas amenazas genuinas. Un decreto del 20 de enero fijó la frontera con México como prioridad absoluta. La lógica era clara, y durante 2025 la migración cayó a mínimos históricos, en gran medida por esta apuesta por la seguridad fronteriza. El reforzamiento de la frontera dejó sin una fuente importante de ingresos a varios grupos criminales. Sin embargo, muchas organizaciones criminales en lugares como Ciudad Juárez se adaptaron rápido, recurriendo a actividades más violentas y depredadoras.

La presión estadounidense también sacudió el negocio del fentanilo. En 2025, el Cartel de Sinaloa —uno de los principales actores en este mercado— mostró señales de fractura y adaptación, en parte por la captura y extradición de varios jefes. El arresto de Ismael “El Mayo” Zambada desató una guerra entre su facción, la Mayiza, y los Chapitos. En algunas zonas, los Chapitos incluso habrían pactado con su antiguo rival, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para contener a la Mayiza.

El CJNG y el Cartel de Sinaloa fueron dos de los seis grupos criminales mexicanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como terroristas en febrero. Aunque Trump ha lanzado amenazas sobre una posible violación de la soberanía mexicana, estas designaciones aún no se han traducido en bombardeos transfronterizos. Sin embargo, la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva en diciembre parece ofrecer una cobertura legal y política todavía mayor para investigaciones y eventuales operaciones transfronterizas, aunque sigue sin estar claro cómo la administración de Trump pretende utilizar estas facultades.

Mientras tanto, México ha intentado apaciguar a la administración de Trump. A finales de febrero, el gobierno mexicano trasladó a 29 narcotraficantes de alto perfil de cárceles mexicanas a Estados Unidos, entre ellos Rafael “Caro” Quintero —a quien las autoridades estadounidenses responsabilizan por la tortura y el asesinato de un agente de la DEA en 1985—, así como Miguel y Omar Treviño, los hermanos que en su momento lideraron a Los Zetas. Además, el gobierno reforzó su presencia militar en la frontera, lo que se tradujo en un fuerte aumento de las incautaciones de fentanilo.

En otros casos, las medidas de la administración de Trump tuvieron un impacto más mediático que real. El decreto del 20 de enero prometía designar a múltiples redes criminales como terroristas, pero, en ese momento, solo nombró a dos: el Tren de Aragua (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS13). Fue una elección extraña. Ambos grupos funcionan como células dispersas y con poca coordinación, y la MS13 sigue debilitada tras las redadas masivas en El Salvador.

Pero estos detalles importaron menos que la narrativa de una supuesta “invasión” de pandillas. En un decreto del 15 de marzo, el gobierno resucitó una ley de 225 años que le permite detener a extranjeros considerados “enemigos”. Una redada en Nashville, Tennessee, se justificó diciendo que apuntaba al TdA y a la MS13, aunque políticos locales y activistas denunciaron que se trató de un operativo indiscriminado. Algunos de los presuntos miembros del TdA fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, pese a que no se presentó evidencia para respaldar las acusaciones. Poco después, los venezolanos fueron devueltos a su país.

Nada de esto significa que el TdA no sea una amenaza real en Suramérica, donde su presencia sigue creciendo, a pesar de que sus actividades en Estados Unidos sean mínimas. Pero no trabaja de la mano del gobierno de Nicolás Maduro, como afirma Washington. De hecho, el TdA aún se recupera del operativo de 2023, cuando Maduro intervino la cárcel donde se originó. Las zonas mineras de Bolívar parecen ser el único punto donde sigue activo en Venezuela. Y aunque la narrativa generó confusión, sirvió para que más países lo vigilaran, complicando sus operaciones transnacionales en 2025.

Bombardeos contra el narcotráfico, un barco a la vez

En septiembre, Estados Unidos llevó su guerra regional contra las drogas a un nuevo nivel, bombardeando el primero de varios barcos que, según aseguró, transportaban drogas en altamar. La administración sostuvo dos argumentos: que atacaba el tráfico de fentanilo —aunque este proviene de México, como hemos documentado de manera extensiva, no de Venezuela— y que detrás del envío estaba el TdA —que no es una organización dedicada al narcotráfico internacional—.

Los ataques generaron críticas por posibles violaciones al derecho internacional. Washington se defendió diciendo que mover drogas constituía un acto de guerra perpetrado por grupos terroristas. Pero el primer bombardeo dejó 11 muertos, muchos más de los que normalmente se necesitan en una lancha para transportar drogas. En ataques posteriores, algunos sobrevivientes fueron bombardeados de nuevo. El escrutinio continúa, y no está claro si este será el método permanente para atacar el narcotráfico en altamar o si habrá ajustes.

A lo largo de este tiempo, Estados Unidos ha atribuido la criminalidad a la red delictiva más importante de Venezuela: el Cartel de los Soles. Se trata de una estructura dispersa y de amplio alcance, pero profundamente incrustada en el régimen del presidente Nicolás Maduro, quien asumió en enero un nuevo mandato de seis años tras unas elecciones que, según observadores internacionales, estuvieron marcadas por un alto nivel de fraude. Su gobierno sigue funcionando como un Estado híbrido y criminal, con tentáculos en el comercio de cocaína y el oro ilegal, que le ayudan a sostener una economía nacional deteriorada.

El Cartel de los Soles también mantiene vínculos estrechos con los grupos criminales que operan en Sucre, de donde salió la primera embarcación atacada. Pero no fue sino hasta noviembre cuando Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista, por lo que no está claro hasta qué punto la administración puede apoyarse en esa designación como cobertura legal para justificar los bombardeos realizados en septiembre y octubre.

Pese a las críticas y los cuestionamientos, Estados Unidos ha mantenido los ataques en altamar y ha utilizado el argumento del combate antidrogas como pretexto para desplegar una enorme presencia militar en la región. El objetivo real de esta guerra contra el “narcoterrorismo” es Maduro. El gobierno estadounidense ha dejado claro que quiere su salida, pero no está claro si los buques de guerra, los portaaviones y los sobrevuelos de B-52 serán suficientes para presionarlo a renunciar. Lo que sí está claro es que un cambio de régimen sería un proceso caótico.

Desmantelar leyes y fondos contra el crimen

Los esfuerzos por forzar la renuncia de Maduro debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico contrastan fuertemente con otras acciones de la administración de Trump que parecen enviar el mensaje contrario. En diciembre, por ejemplo, el presidente indultó oficialmente a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que un tribunal estadounidense condenó en 2024 a 45 años de prisión por traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos durante más de una década. La decisión ignoró decenas de testimonios ofrecidos por narcotraficantes hondureños, entre otras pruebas, y debilitó un caso histórico.

Expertos señalan que la administración de Trump también podría estar abriendo la puerta a más corrupción del tipo que el propio gobierno estadounidense alguna vez ayudó a frenar. Poco después de asumir el cargo, por ejemplo, Trump anunció que dejaría de aplicar la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act – CTA), diseñada para combatir el lavado de dinero mediante empresas fantasma, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), que permitía procesar a compañías estadounidenses que sobornaran a funcionarios en otros países. En 2016, el gigante brasileño de la construcción Odebrecht y su filial Braskem aceptaron pagar multas por US$3.500 millones tras declararse culpables de cargos de soborno presentados en Estados Unidos.

La administración de Trump también eliminó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development – USAID), que financiaba programas para debilitar al crimen organizado y evitar que las nuevas generaciones en la región se sumaran a sus filas. Además, numerosos programas del Departamento de Estado que fortalecían las instituciones gubernamentales encargadas de combatir el delito también fueron suspendidos. En 2025, por ejemplo, Estados Unidos prácticamente abandonó Haití, el país de la región que recibió más asistencia estadounidense en 2024. Mientras tanto, las bandas criminales han usurpado el poder estatal y ejercen un régimen criminal.

La administración de Trump también ha arremetido contra Colombia, su aliado más sólido en la región durante más de dos décadas. En septiembre, el Departamento de Estado incluyó a Colombia en una lista de cinco países que no enfrentan adecuadamente el narcotráfico transnacional. Aunque el gobierno estadounidense otorgó una dispensa para que continuara la asistencia antidrogas, criticó con dureza al gobierno colombiano por su fallida política de Paz Total, que pudo haber protegido de la extradición a Estados Unidos a algunos líderes criminales.

Con excepción de un acuerdo logrado con una facción criminal menor, los esfuerzos de paz en Colombia fracasaron, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa del país. En los últimos años, el ELN trasladó gran parte de sus operaciones a Venezuela y estableció una relación simbiótica con el gobierno venezolano. Esta situación ejemplifica el dilema de la administración de Trump: aislar a aliados aparentemente obstinados bajo el pretexto de combatir el crimen puede generar buenos titulares en casa, pero complicará la batalla que viene.