El papel de los colectivos en la lucha por el poder en Venezuela tras la salida de Maduro

Tras el arresto de Maduro, el gobierno venezolano ha experimentado un reacomodo del poder, en el que los colectivos se han convertido en un actor clave.

La tensión ha inundado Caracas desde la madrugada del 3 de enero, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y llevados a prisión en Estados Unidos. En respuesta, hombres armados con los rostros cubiertos por pasamontañas se han volcado a las calles de la capital.

Videos compartidos en chats de WhatsApp y redes sociales muestran a decenas de hombres patrullando por la ciudad en motos, con armas largas en sus espaldas. Otros videos los ubican custodiando los alrededores de importantes sitios del Chavismo y estableciendo puntos de control en avenidas para revisar a los carros que transitan. Algunos habitantes incluso los vieron en las entradas de comercios y supermercados.

“Andaban por todos lados. Iba saliendo de mi negocio en La Pastora [en el centro de Caracas] y los vi custodiando los supermercados y negocios, y obviamente amedrentando, porque eso no es otra cosa que amedrentar, con ametralladoras en las manos”, dijo a InSight Crime una comerciante de Caracas, que prefirió guardar el anonimato por razones de seguridad.

Estos hombres son parte de colectivos, como llaman en Venezuela a los grupos armados progobierno. Desde el bombardeo estadounidense en Caracas, se han desplegado por la capital y otras ciudades del país para apoyar y proteger al régimen chavista, como parte de una campaña más amplia de represión.

Los colectivos, surgidos bajo el gobierno de Hugo Chávez, se han proclamado defensores de la Revolución Bolivariana. Fueron los represores por excelencia en las múltiples protestas contra el régimen de Maduro durante la década del 2010, actuando con violencia desmedida contra opositores. También se han hecho con el control político y social de barrios claves, donde han impedido a los habitantes protestar contra el gobierno y los han obligado a votar por candidatos oficialistas en elecciones.

Así, se han configurado como una fuerza armada informal a favor del régimen, a tal nivel que incluso algunos habían ensayado un simulacro ante una invasión extranjera a finales de 2025. Sin embargo, los colectivos también actúan como grupos criminales, aprovechando sus conexiones con el poder para delinquir con impunidad.

Con Maduro tras las rejas y un nuevo gobierno chavista en Venezuela, los colectivos son el grupo criminal más cercano al centro de poder en el país, y el armamento y entrenamiento del que gozan, sumado a los vínculos cercanos con actores radicales del oficialismo, los hace grupos poderosos cuyas acciones podrían afectar el incierto futuro del país.

¿Cómo han evolucionado los colectivos?

Bajo Chávez, los colectivos, entonces grupos fuertemente ideológicos, fueron financiados y armados por el Estado. Con el tiempo adquirieron un carácter cada vez más paramilitar, estando integrados también por funcionarios de seguridad tanto activos como retirados. Pero con la profundización de la crisis económica durante la gestión de Maduro, los fondos estatales disminuyeron.

Esto los forzó a buscar nuevas rentas para sobrevivir. Los vínculos policiales, militares y estatales a múltiples niveles les otorgaron acceso a negocios con alimentos subsidiados, que vendían ilegalmente a mayores precios en los barrios. También aumentaron su carácter criminal, e incluyeron en su portafolio los secuestros, extorsiones a comerciantes, así como la invasión de propiedades para luego venderlas de manera ilegal. A la par, muchos integrantes de los colectivos emprendieron con negocios legales.

En la actualidad, pocos grupos mantienen las raíces ideológicas de los movimientos comunitarios con los que iniciaron. En su lugar, se centran principalmente en generar ingresos mediante el control del territorio, la gestión de negocios y la negociación de acuerdos con funcionarios gubernamentales.

Por años, los colectivos han desarrollado un profundo sistema de gobernanza en las zonas bajo su control, donde controlan la entrega de alimentos subsidiados y el suministro de servicios públicos, así como la aplicación de normas y castigos.

También mantienen fuertes conexiones con la política. Funcionarios públicos locales adscritos al oficialista Partido Unido Revolucionario de Venezuela (PSUV), desde concejales hasta alcaldes y gobernadores, han servido como puntos de contacto e interlocutores entre los colectivos y el gobierno central, negociando arreglos de beneficio mutuo. Con frecuencia, estos grupos influyen en elecciones locales al instruir a los vecinos a votar por determinados candidatos, a cambio de favores políticos. Por ejemplo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, presuntamente ha colaborado de cerca con el colectivo Tres Raíces del barrio 23 de Enero a cambio de concesiones y contratos, mientras que ellos habrían hecho campaña electoral por ella.

Estos vínculos se extienden hasta las esferas más altas del poder. El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, ha mantenido múltiples reuniones con colectivos en el último año,  y estos parecen haber retomado cada vez más su antiguo papel como defensores del gobierno.

Miedo y armas en la lucha por el poder

“Traicionaron a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero la historia se las va a cobrar”, dijo Valentín Santana, el líder de La Piedrita, uno de los más lóngevos colectivos del barrio 23 de Enero de Caracas, en un video horas después de que el entonces presidente de Venezuela fuera arrestado

Tras el arresto de Maduro, el gobierno venezolano ha experimentado un reacomodo del poder, en el que los colectivos se han convertido en un actor clave. Si estallan disputas internas dentro del PSUV —en particular entre Cabello y la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional—, el respaldo de los colectivos a Cabello podría inclinar la balanza.

Varios de los colectivos más poderosos del país operan en el barrio 23 de Enero, a pocas cuadras del palacio presidencial. Muchos se han articulado bajo el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez, que incluye a La Piedrita y Tres Raíces. Grupos como las Cuadrillas de Paz (Cupaz), una agrupación de colectivos creada por Maduro, también controlan zonas estratégicas de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela, y podrían igualmente desempeñar un papel en el actual reacomodo del poder.

En sus primeros días en el poder, los hermanos Rodríguez han atendido las demandas de la administración de Donald Trump, pero Washington podría presionarlos para desmantelar los sectores más radicales, violentos y armados del régimen, como los colectivos. En ese escenario, Cabello —acérrimo chavista y con acusaciones judiciales en Estados Unidos por narcotráfico— también podría quedar en la mira de las autoridades estadounidenses.

Si bien los colectivos han tomado una posición más transaccional con respecto al gobierno en años recientes, su utilidad y línea de vida están garantizadas por el ala más radical del Chavismo. Esto podría empujarlos a tomar las armas contra quienes los amenacen.

“A los norteamericanos, se lo estamos diciendo. Ustedes pueden entrar, pero van a salir en bolsas negras. Ustedes no saben lo que desataron”, amenazó Santana.