Bolivia lidera la conflictividad, las huelgas y el uso de dinamita en las protestas sociales

Es el único país de la región que no penaliza las huelgas ni el uso de explosivos.

En 2020, en plena pandemia de la Covid-19, Mario Limachi grabó un video que se difundió en televisión y redes sociales. Con voz cansina y falta de aire, rogó a los bloqueadores que dejaran pasar los camiones cisterna con oxígeno, ante la escasez de este insumo médico en el centro donde estaba internado. “No sean malos, no sean tan malditos, por favor dejen pasar a los carros cisterna” (textual). El pedido desesperado no fue escuchado y, lamentablemente, el señor Limachi falleció.

El 8 de octubre de 2020, cuatro cisternas que se dirigían a Santa Cruz para reabastecerse de oxígeno medicinal, pertenecientes a la empresa Praxair, no lograron pasar un bloqueo en la localidad de Tiraque. Tras recorrer 85 kilómetros, la caravana no pudo avanzar más debido a las gigantescas piedras en la vía. “El tamaño de las rocas es enorme, creo que dinamitaron el cerro. Intentamos retirarlas, pero en ciertos lugares no se puede; se requiere maquinaria pesada”, declaró un voluntario de la Cruz Roja.

Los bloqueos se han tornado más violentos en los últimos años y han derivado en hechos delincuenciales y criminales, como lo ocurrido en 2016, cuando el viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes, fue asesinado en un bloqueo en la población orureña de Panduro.

Otros bloqueos que ocasionaron dolor, desabastecimiento y luto se registraron en 2019, cuando el expresidente Evo Morales ordenó el cierre de caminos. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, el MAS bloqueó en la planta de Senkata, en El Alto, y también en Cochabamba, impidiendo el paso de tanques de oxígeno y provocando la muerte de pacientes que lo requerían con urgencia. El bloqueo que castigó inmisericordemente a Cochabamba en 2025, nuevamente organizado por el evismo, cercó la ciudad e impidió la libre transitabilidad. Los evistas exigían la renuncia de Luis Arce Catacora; posteriormente, los enfrentamientos en Llallagua y Cochabamba provocaron la muerte de cuatro policías y un civil.

Santa Cruz sufrió un extenso bloqueo de 36 días en calles y carreteras, entre octubre y noviembre de 2022, demandando la realización del censo de población y vivienda en 2023. El 17 de diciembre de 2025, el gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503, con 120 artículos, que contemplaba la eliminación de la subvención a los combustibles. Aunque existía una tácita aceptación social respecto a la necesidad de retirar la subvención, este decreto ómnibus fue percibido como contrario a los intereses populares y favorable a los empresarios. Como consecuencia, se iniciaron marchas en la sede de gobierno y bloqueos de caminos a nivel nacional, presionando al Ejecutivo a retroceder. Se registraron hasta 56 puntos de bloqueo en el país, hasta que seis días después el gobierno cedió a la presión y derogó el decreto.

En los últimos quince años, los bloqueos han afectado el desarrollo económico, social e incluso la vida y salud de los bolivianos. Su práctica se ha normalizado al extremo de convertirse en un factor determinante para la gobernabilidad del gobierno de turno o la toma del poder por parte de políticos y opositores. La alta frecuencia de conflictos genera inestabilidad económica y política, afectando inversiones y gobernabilidad.

Desde 2019 hasta la fecha, Bolivia estuvo paralizada 160 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que en ese período se registraron más de 54 muertes y más de 1.000 heridos relacionados con movilizaciones. Asimismo, el país soportó pérdidas superiores a 3.200 millones de dólares. El costo de oportunidad, aún no cuantificado, incluye el veto a Bolivia en el diseño de corredores bioceánicos y la imposibilidad de contar con un ferrocarril que vincule Arica con La Paz, lo que habría mejorado la competitividad de los productos de exportación.

Bolivia no solo está afectada por una cultura de bloqueo, también lidera los niveles de conflictividad en Latinoamérica. En 2025, registró 841 conflictos sociales, la cifra más alta de la región, superando ampliamente a países como Perú (197), Argentina (395 en un mes pico), Chile (conflictos principalmente políticos y territoriales) y Colombia (1.834 eventos en un semestre, aunque más dispersos). Bolivia destaca por la intensidad y frecuencia de sus conflictos, mientras que otros países muestran conflictividad más localizada o temática. Esto convierte al país en un caso único de conflictividad crónica y recurrente en América Latina.

Datos de IA usando información de medios

Las innumerables marchas y demostraciones en Bolivia tienen la tradición del uso de petardos y, en el caso del sector minero, casi siempre incluyen dinamita. Las detonaciones generan temor y zozobra en la población que circula cerca de las marchas, ponen en riesgo la vida de los peatones, violan derechos fundamentales y dañan la infraestructura urbana.

El uso y manipulación de dinamita ha ocasionado numerosas muertes y dejado a varias personas heridas. Los casos que conmovieron a la población incluyen la inmolación de Eustaquio Picachuri en 2004 (con dos muertos y diez heridos), los enfrentamientos en Huanuni en 2006 (con doce fallecidos y 56 heridos), el asalto en Potosí en 2008 (con dos heridos) y las explosiones en Posokoni en 2009 (con tres muertos). En 2012, murieron Héctor Choque en La Paz y un jefe de la Agencia de Noticias Fides por una detonación suicida.

En la región, Bolivia es el único país donde los bloqueos por reivindicaciones sociales no están tipificados como delito penal, pese al costo de medio centenar de vidas y más de un millar de heridos.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se analizan al menos tres propuestas normativas cuyo objetivo común es tipificar esta actividad como delito penal para quienes participen activamente, financien o promuevan este tipo de acciones.

Es absolutamente necesario aprobar una ley antibloqueos que tipifique el corte intempestivo de rutas en áreas urbanas o rurales, así como el empleo de violencia extrema mediante explosivos —como dinamita— o armas de fuego, como delitos penales.

Los derechos de libre circulación de los ciudadanos y campesinos deben ser protegidos. Es urgente erradicar el bloqueo como acto político de chantaje y coerción, utilizado contra el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales.

La población está cansada de la falta de respeto y violencia. Bienvenidas sean las protestas pacíficas que respeten la vida humana, el ornato público y la libre circulación. Avancemos y cerremos el ciclo de esta nefasta práctica.