La decisión de la Corte Suprema de Panamá de anular el contrato que ligaba a una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings con el canal de Panamá ha reavivado las disputas entre China y Estados Unidos por el control de este enclave crucial del comercio internacional.
CK Hutchison Holdings tenía un contrato en vigor por el que se le concedía la gestión de los puertos de Balboa y Cirstóbal, pero la Corte lo ha declarado inconstitucional y Panamá ha adelantado que se volverá a someter a licitación.
China rechaza la decisión
Este movimiento se enmarca en una intensa campaña de influencia y presión de Donald Trump en Panamá, facilitada por la colaboración del gobierno de José Raúl Mulino, uno de los principales aliados políticos de Washington en América Latina. Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente republicano había puesto a Panamá en el punto de mira de su estrategia de repliegue americano.
Pekín ha intentado maniobrar para hacer valer sus intereses en Panamá al tiempo que Estados Unidos trataba de expulsar los activos chinos del país y, en general, de la región.
Ya en febrero de 2025, la administración Trump logró que el Estado panameño cancelase el acuerdo económico que le unía a la Nueva Ruta de la Seda del gigante asiático. Como parte de su campaña de alineamiento forzoso de Panamá, Estados Unidos busca limitar –y, eventualmente, eliminar– todo rastro de control chino sobre el canal.
China ha rechazado la medida, alegando que es “absurda” y que daña “gravemente” los derechos e intereses legítimos de la empresa hongkonesa. Pekín también ha hecho una lectura más amplia señalando a Estados Unidos y criticando al ejecutivo panameño de Mulino por “someterse a la hegemonía” norteamericana. “Persistir en este camino equivocado tendrá un alto precio”, ha llegado a advertir la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao.
Mulino defendió la decisión en un posteo en su cuenta de X en el que dijo: “Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central. La Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes”.
Balboa y Cristóbal son activos clave en la gestión del canal de Panamá. Al primero se accede a través del golfo de Panamá, en el océano Pacífico; al segundo a través del mar Caribe, en el océano Atlántico. De esta forma, controlar ambos puertos significa disponer de un enclave privilegiado en ambos extremos del canal, en mayor medida si se considera que el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos atraviesa esta vía.
CK Hutchison ya había tanteado anteriormente la posibilidad de vender hasta el 90% de sus participaciones en este rubro a la estadounidense BlackRock, pero esta decisión de la Corte Suprema acelera considerablemente los planes de la administración Trump.
A pesar de que estos dos puertos panameños no constituyen una porción particularmente importante de los beneficios de Hutchison Port Holdings, el valor de los mismos para la estrategia de poder de China en América se vería enormemente lastrada si, efectivamente, los pierde.
Expulsar a China para controlar Panamá… y viceversa
La estrategia de Trump en Panamá no es solo económica. De hecho, en la primera mitad de 2025, el gobierno de José Raúl Mulino autorizó el despliegue de tropas estadounidenses en territorio nacional.
En 1977, Estados Unidos y Panamá firmaron los tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales se estableció la transferencia progresiva del control del canal de Panamá al Estado panameño, bajo el principio de neutralidad permanente.
El tratado garantizaba que el canal permanecería abierto y seguro para el tránsito pacífico de naves de todas las naciones, en igualdad de condiciones, tanto en tiempos de paz como de guerra, siempre que se cumplieran ciertos requisitos como el pago de peajes, el respeto a los reglamentos y la ausencia de actos hostiles.
Aunque Estados Unidos se reservó un derecho especial de tránsito para sus naves de guerra, compartido también con Panamá, en reconocimiento a su papel histórico en la construcción del canal, el carácter de los tratados reconocía implícitamente la validez de los acuerdos que el país centroamericano pudiera establecer con actores como China.
Desde el 31 de diciembre de 1999, Panamá pudo ejercer plenamente su control sobre esta vía estratégica, una situación que Washington está buscando alterar. Casi medio siglo después, el presidente Donald Trump ha cuestionado los fundamentos de estos tratados, alegando razones de “seguridad nacional” y señalando una supuesta influencia china en el canal.
Es cierto que el uso del canal por parte de empresas chinas se ha incrementado notablemente, en paralelo al crecimiento de la presencia económica de China en América Latina. Actualmente, China es el segundo mayor usuario del canal, aunque todavía muy por detrás de Estados Unidos.
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