América Latina ante el fuego en Oriente Medio

El Escudo de las Américas no es una posición latinoamericana ante la guerra, sino Washington organizando a los gobiernos más alineados del continente bajo su paraguas mientras los de mayor peso económico –Brasil, México y Colombia– miran desde afuera.

El 28 de febrero de 2026, mientras negociadores estadounidenses e iraníes celebraban en Ginebra lo que el canciller de Omán describía como “buenos progresos”, Donald Trump dio la orden de bombardear.

Horas después, Oriente Medio ardía. Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva a gran escala contra Irán, que respondió con misiles y drones contra bases militares en seis países del golfo Pérsico. El Líder Supremo iraní Alí Jameneí murió en los ataques.

Trump retomó lo que la Guerra de los Doce Días de 2025 había dejado inconcluso, esta vez con una escala mucho mayor. A miles de kilómetros de Irán, América Latina no habló con una sola voz.

Una región fragmentada

Lo que llama la atención no es lo que dijeron los países latinoamericanos, sino lo poco que coincidieron. América Latina no tiene una posición ante la guerra de Irán: tiene veinte, moldeadas por la ideología de cada gobierno, sus vínculos comerciales y sus cálculos de supervivencia política.

Argentina fue el país de la región que respaldó más explícitamente la operación. La decisión no sorprendió a nadie que haya seguido la política exterior de Javier Milei, cuyo acercamiento a Estados Unidos e Israel ha sido el eje de su gobierno desde su llegada al poder a finales de 2023. Para Milei, el ataque a Irán era una extensión lógica de su alineamiento con el “mundo libre”.

Argentina no fue el único gobierno con una postura tomada de antemano. Ecuador ya había marcado su alineamiento antes del primer bombardeo. En mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa viajó a Jerusalén y declaró ante Benjamin Netanyahu que Ecuador e Israel “tienen los mismos enemigos” –la pobreza, el terrorismo y la miseria, según aclaró él mismo–, sellando acuerdos de cooperación en seguridad, agricultura e innovación tecnológica.

El mismo 28 de febrero, horas después del inicio de los bombardeos, el Centro Cultural Iraní en Quito fue atacado por un grupo que irrumpió con gas lacrimógeno y palos mientras familias conmemoraban el Ramadán, dejando heridos entre mujeres y niños. El gobierno de Noboa no emitió condena pública.

Brasil, en el extremo opuesto, condenó los ataques estadounidenses e israelíes. El embajador iraní en Brasilia agradeció públicamente a Lula da Silva. Pero la postura metió al presidente en un problema inmediato, puesto que tenía agendada una visita a la Casa Blanca para el 16 de marzo, días después de condenar la guerra de Trump.

Brasil vota en octubre de 2026, y Lula no podía llegar a esa campaña como el presidente que miró hacia otro lado mientras caían bombas sobre territorio iraní. La condena era también un cálculo electoral.

El resto del continente ocupó un espectro menos visible. Llamados genéricos a la “desescalada”, condenas selectivas o simplemente silencio. Costa Rica ilustra bien la tensión: es el país que abolió su ejército en 1948 y construyó décadas de marca internacional sobre la paz y la neutralidad. Su comunicado condenó los ataques iraníes contra el golfo Pérsico, pero no mencionó en ningún momento a Estados Unidos ni a Israel.

Para un país cuya identidad diplomática se ha vendido durante décadas como ejemplo de coherencia ética, el comunicado fue un texto que eligió sus palabras con una precisión curiosa: “agresión” para describir los misiles iraníes, “preocupación” para todo lo demás.

Los Estados de hoy –con deuda en dólares, acuerdos de seguridad activos y exportaciones orientadas al mercado estadounidense– tienen poco margen para el gesto diplomático costoso. La dependencia que condiciona cada posición no es un accidente, sino una condición estructural que no ha dejado de renovarse.

Quién gana y quién paga la cuenta

América Latina mira la guerra de Irán con una preocupación lógica. El estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial, quedó prácticamente paralizado en los primeros días.

Las tarifas de los superpetroleros superaron los 350.000 dólares diarios y el Brent acumuló alzas de entre el 8% y el 13% en los primeros días –el mayor repunte semanal desde 2022– para superar los 100 dólares a medida que el conflicto se prolonga.

Para una parte de la región, esa escalada tiene un lado favorable: Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina y Guyana son exportadores netos. Los más beneficiados son quienes más producen y menos importan derivados.

El caso más paradójico es Venezuela. El país con las mayores reservas probadas del mundo –cerca del 19% del total global, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)– produce hoy alrededor de un millón de barriles diarios, menos de un tercio de su pico histórico.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Washington y Caracas negocian contratos de suministro, pero reactivar esa infraestructura tomará años: Venezuela gana en precio lo que no puede ganar en volumen.

Ecuador ilustra la trampa mejor que nadie. El país produjo en 2025 un promedio de 441.000 barriles diarios –la cifra más baja en 21 años– y exporta la mayor parte como crudo sin refinar.

El problema es lo que viene después: importó ese año unos 201.000 barriles diarios de combustibles derivados, el 69% de su demanda interna, porque sus refinerías operan muy por debajo de la capacidad necesaria –la principal, al 33% de su capacidad en marzo de 2026–.

La factura llegó a 6.238 millones de dólares, casi lo mismo que ingresó por ventas de crudo. Cuando el precio sube, Quito recibe más dólares por su petróleo pero paga más caro cada barril de gasolina o diésel importado. Y al estar dolarizado, no puede depreciar la moneda para amortiguar esa presión. Lo que sube, sube para todos, sin válvula de escape.

Peor situación tienen los importadores netos. Chile fue en 2024 el segundo mayor importador de crudo de la región –8,9 millones de toneladas, el 26,4% del total latinoamericano–, Perú el tercero con 6,4 millones, y en Centroamérica la factura de hidrocarburos consume el 12% del PIB regional. Cuando el barril sube, ninguno puede subsidiar la gasolina indefinidamente y la única salida es trasladar el costo al consumidor.

Para América Latina, la guerra de Irán no es una crisis geopolítica lejana: es un impuesto regresivo que pagan los más vulnerables de las economías más frágiles del hemisferio.

Y el mecanismo de transmisión no requiere que el petróleo latinoamericano pase por Ormuz, puesto que Asia absorbe más del 84% del crudo que cruza el estrecho, y cuando esa demanda cae o se reorienta, la señal llega hasta Santos, Callao o Guayaquil sin previo aviso.

El efecto comercial va más allá del petróleo. Argentina exportó más de 1.500 millones de dólares en derivados de soja hacia Oriente Medio en 2024 –su tercer destino mundial para ese producto– y Brasil ha convertido el mercado halal del golfo Pérsico en uno de sus destinos estratégicos para la carne bovina, con Emiratos Árabes Unidos como cuarto comprador del sector.

Ecuador, por su parte, exportó en 2025 unos 639 millones de dólares en banano hacia Oriente Medio –el 14,8% de sus exportaciones bananeras, su tercer mercado global–. Quito exporta crudo y banano hacia las regiones en guerra, pero importa los combustibles que necesita para funcionar.

Un gobierno con mayor margen diplomático podría negociar con los países del golfo Pérsico –su tercer mercado bananero– para proteger esas exportaciones mientras el conflicto dure. Noboa eligió otro camino. Ese alineamiento tiene un precio que sus ciudadanos pagarán en la gasolina.

¿Neutralidad o posicionamiento?

¿Puede América Latina permitirse no tomar posición en las guerras que reconfiguran el orden global? Hay una respuesta fácil –no tiene por qué– y una difícil: que, a estas alturas, otros ya están eligiendo por ella.

El argumento a favor del silencio tiene su lógica. La región no pertenece a ninguna alianza militar activa –el TIAR existe más en el papel que en la práctica, y Colombia, el único socio global de la OTAN en el continente, ha enfriado esa relación considerablemente bajo Gustavo Petro– y su influencia no mueve ninguna balanza en Oriente Medio.

Pero posicionarse tampoco es gratis en ninguna dirección. Condenar a Washington puede traducirse en un Fondo Monetario Internacional (FMI) menos flexible en la próxima renegociación de deuda, en inversiones que se frenan, en acuerdos de seguridad que se enfrían.

Alinearse incondicionalmente, en cambio, puede irritar a Pekín –que no es actor en este conflicto, pero sí el principal socio comercial de varios países latinoamericanos– y costar contratos de infraestructura o mercados para la soja. En una región donde los márgenes fiscales son estrechos y la dependencia de financiamiento externo es estructural, esos no son riesgos abstractos.

El problema en la no-postura de América Latina hacia la guerra de Irán es que la fragmentación tampoco es gratis. Los que callaron pagan igualmente el petróleo más caro, los que se alinearon asumen costos que sus ciudadanos no eligieron, y cuando cada gobierno actúa solo, la región pierde lo único que podría darle peso: la unidad.

El caso europeo ilustra un camino distinto, aunque tampoco libre de contradicciones. Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han desplegado capacidades militares defensivas en el Mediterráneo oriental para proteger sus intereses, pero sin participación activa en el conflicto.

Y dentro de la propia Unión Europea la fractura es evidente. Mientras Alemania justificó la operación, España tomó la posición más disruptiva del bloque –Pedro Sánchez vetó el uso de las bases de Morón y Rota, calificó la guerra de “ilegal” e hizo que Trump lo llamara “socio terrible”–.

La Unión Europea terminó emitiendo un comunicado tan ambiguo que no comprometió a nadie. América Latina no tiene ni ese paraguas imperfecto. El intento más cercano a una posición común –los BRICS, donde conviven Brasil e Irán– se disolvió antes de arrancar, ya que Rusia confirmó que el bloque no emitiría ningún comunicado conjunto.

Hay además una limitación que no es diplomática sino doméstica: Ecuador ha vivido varios estados de excepción por “narcoterrorismo” y México tiene regiones donde el Estado comparte el territorio con el crimen organizado.

Un gobierno que sobrevive gestionando emergencias internas tiene poco capital político para asumir fricciones externas. La región no puede ofrecer neutralidad activa como posición cuando no controla del todo su propio territorio.

La factura llega a América Latina

La tentación de esperar a que el fuego se apague es comprensible. Ningún gobierno tiene los instrumentos para mover lo que ocurre en Teherán o Tel Aviv. Pero hay una diferencia entre no poder y no querer.

La región pagará su parte de todas formas: la gasolina ya subió, las exportaciones empiezan a llegar tarde y la demanda asiática, cuando se enfría, no avisa. La única pregunta es si esa factura llegará con algún tipo de influencia acumulada, o solo como el costo de haberse dividido cuando más valía hablar con una sola voz.

Ese dilema encontró el 7 de marzo una respuesta parcial. Lo que Trump hizo en Miami fue formalizar la fractura: convocó a doce mandatarios –entre ellos Milei, Noboa y Bukele– para lanzar el Escudo de las Américas, una coalición contra el “narcoterrorismo” cuyo objetivo declarado es usar “fuerza militar letal” contra los cárteles.

No es una respuesta directa a la guerra de Irán, pero Trump se encargó de enredar las dos agendas: abrió su discurso hablando de los bombardeos y vinculó a los cárteles con células de Hezbolá en la región. Además, no fueron invitados México, Brasil ni Colombia, los tres con mayor peso económico del continente.

Los detalles operativos del acuerdo con el Pentágono no se han publicado –no está claro aún qué obliga a quién–. Lo concreto es que Ecuador ya no es solo alineamiento político, puesto que el 6 de marzo fuerzas de ambos países destruyeron un campamento criminal en Sucumbíos, la primera operación militar conjunta en suelo ecuatoriano.

La fractura ya no es entre los que hablaron y los que callaron. Es entre los que eligieron un bando y los que no fueron invitados a elegir. El Escudo de las Américas no es una posición latinoamericana ante la guerra, sino Washington organizando a los gobiernos más alineados del continente bajo su paraguas mientras los de mayor peso económico –Brasil, México y Colombia– miran desde afuera.