
Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, | Reuters
Irán no ha negado la circulación de forma absoluta; ha reconfigurado las condiciones en las que esta se produce. Al hacerlo, ha puesto de manifiesto una tensión estructural: la separación entre la superioridad militar y la capacidad de garantizar el movimiento, una de las premisas fundamentales de la economía global.
Cuatro semanas después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el centro de gravedad se ha desplazado del espacio aéreo en disputa a un corredor marítimo de menos de 30 kilómetros de ancho. El estrecho de Ormuz, considerado durante décadas por los planificadores occidentales como una arteria que debía permanecer abierta, sigue siendo físicamente navegable.
No ha sido cerrado por completo. Lo que ha cambiado son las condiciones en las que se produce el tránsito. La Guardia Revolucionaria iraní no ha impuesto un bloqueo férreo. Ha transformado el estrecho en un sistema de paso controlado, en el que la navegación depende de una autorización previa. La vía marítima funciona menos como un corredor abierto que como una puerta regulada, con acceso selectivo, procedimientos de control y tarifas informales.
Esta distinción no es retórica. Captura el desarrollo estratégico central del conflicto. Irán no ha negado la circulación de forma absoluta; ha reconfigurado las condiciones en las que esta se produce. Al hacerlo, ha puesto de manifiesto una tensión estructural: la separación entre la superioridad militar y la capacidad de garantizar el movimiento, una de las premisas fundamentales de la economía global.
Irán y el control del estrecho de Ormuz
La geografía define el entorno operativo. En su punto más estrecho, los canales de aguas profundas discurren más cerca de la costa iraní que de la península Arábiga. Durante décadas, la presencia de la Quinta Flota estadounidense se consideró suficiente para garantizar la disuasión. Esa suposición ya no se sostiene.
Desde posiciones a lo largo de su litoral y desde islas como Qeshm y Larak, Irán ha desplegado un sistema disperso de vigilancia y disrupción: drones que siguen los movimientos de los buques, embarcaciones rápidas que los escoltan a distancia y señales intermitentes de capacidad de minado o de misiles. No existe un bloqueo continuo. El efecto es una incertidumbre acumulativa.
El procedimiento operativo se ha vuelto cada vez más claro. Los operadores de los petroleros contactan con intermediarios vinculados a la Guardia Revolucionaria. Aportan documentación: estructuras de propiedad, registro del pabellón, detalles de la carga, destino, lista de la tripulación y datos AIS –el sistema de identificación automática–. Estos se revisan conforme a criterios definidos, entre ellos la ausencia de vínculos con Estados Unidos o Israel.
Si se concede la autorización, se acuerda un pago. Las transacciones se realizan en efectivo, en yuanes chinos o en USDT, una criptomoneda, a través de la red Tron. Posteriormente, se emite la autorización por radio VHF, con indicación de los tiempos y la ruta a través de aguas territoriales iraníes, normalmente cerca de la isla de Larak, donde puede realizarse una verificación visual. El tránsito continúa sin escolta.
Lo que hasta hace poco operaba como un sistema informal de autorizaciones y pagos está adquiriendo forma legal. El parlamento iraní ha aprobado un proyecto de ley que, en caso de entrar en vigor, institucionalizaría ese control.
Establecería un sistema oficial de tarifas de tránsito en riales, prohibiría el paso de buques estadounidenses e israelíes, reivindicaría la soberanía iraní sobre el estrecho y vetaría el acceso a cualquier país que mantenga sanciones unilaterales contra Irán.
Omán actuaría como interlocutor en la articulación del marco jurídico. El movimiento es significativo, pues traduce una práctica operativa ya consolidada en una arquitectura normativa con pretensiones de legitimidad internacional.
Durante el primer mes de guerra, los volúmenes de tráfico han caído de forma pronunciada, en torno a un 70 u 80%. Los buques que siguen transitando lo hacen con autorización de la Guardia Revolucionaria, con pagos que, según se informa, oscilan entre dos y cuatro millones de dólares por viaje.
Esto refleja una forma de estrategia litoral desarrollada a lo largo del tiempo, en la que la proximidad compensa la asimetría convencional. Irán no cuestiona el control de los mares abiertos; concentra su acción en un punto de estrangulamiento. El resultado no es tanto la disrupción mediante la fuerza, sino a través de la modificación de las expectativas.
El transporte marítimo depende de la previsibilidad. Cuando la incertidumbre se vuelve estructural, la actividad se contrae. Esta dinámica se comprende mejor en el contexto de la infraestructura histórica del golfo Pérsico.
Las rutas marítimas, los puertos y los oleoductos se desarrollaron bajo marcos imperiales –primero británicos, después estadounidenses– diseñados para canalizar los hidrocarburos hacia los mercados globales minimizando la interferencia política local.
Puertos como Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos, o Ras Tanura, en Arabia Saudí, se integraron en regímenes legales –como la lex petrolea– y financieros orientados a priorizar la fluidez de los flujos por encima de los derechos laborales, sostenidos por el poder naval y por jerarquías laborales racializadas. La noción de “bien común global” ocultaba hasta qué punto el acceso estaba siempre condicionado por un control externo.
La intervención de Irán opera en el nivel del riesgo más que del territorio. Al desestabilizar la previsibilidad, ha alterado la relación entre el poder militar y el efecto económico. Se trata de una forma de “contralogística”: el uso de la disrupción para poner de manifiesto la fragilidad de sistemas considerados estables.
Las minas, los drones y las señales calibradas operan por debajo del umbral de la confrontación directa. Su función no es derrotar a las fuerzas navales estadounidenses, sino hacer que su presencia resulte insuficiente para garantizar un paso seguro.
Los mercados de seguros se han convertido en el mecanismo decisivo a través del cual se expresa este cambio. Los principales aseguradores, incluidos los vinculados a Lloyd’s, han retirado la cobertura estándar para los tránsitos por Ormuz. Las primas por riesgo de guerra han aumentado significativamente, en algunos casos hasta niveles que comprometen la viabilidad comercial.
De forma crucial, los modelos de riesgo incorporan ahora la autorización de la Guardia Revolucionaria como factor de mitigación. Los buques que pueden acreditar su cumplimiento con los requerimientos iraníes son evaluados como de menor riesgo que aquellos que no pueden hacerlo.
Esto introduce una consecuencia estructural. La disponibilidad de seguros pasa a depender del grado de relación con Teherán. Los buques sin autorización quedan efectivamente inmovilizados, no por una prohibición directa, sino por la ausencia de cobertura financiera. El mercado de seguros, sin coordinación explícita, ha operativizado un sistema en el que el acceso al estrecho se media a través de Irán.
La descomposición del orden de seguridad
Durante décadas, Estados Unidos abordó el estrecho de Ormuz como una zona de tránsito abierta, garantizada por la superioridad naval. Este esquema dependía de la ausencia de una disrupción creíble. Esa condición ya no se cumple. Irán no ha sustituido el orden existente, pero ha hecho visibles las dependencias estructurales que lo sostienen.
La respuesta estadounidense ha puesto de relieve los límites de una estrategia centrada en el uso de la fuerza militar. Los grupos de portaaviones permanecen desplegados y las operaciones aéreas continúan. Sin embargo, el objetivo principal –restablecer un tránsito previsible– no se ha alcanzado. Los intentos de organizar operaciones multinacionales de escolta no han prosperado.
La participación europea sigue siendo limitada. Los Estados del Golfo, pese a su exposición económica, se muestran cautelosos ante una escalada. China, como principal importador de energía del Golfo, tiene pocos incentivos para respaldar medidas que puedan complicar su relación con Teherán. El resultado es una fragmentación, más que una acción coordinada.
Las señales políticas procedentes de Washington reflejan esta incertidumbre. Los llamamientos a la escalada conviven con medidas orientadas a mitigar el impacto económico interno, incluidas liberaciones de reservas estratégicas.
Esta falta de coherencia refleja una dificultad más amplia: restablecer la circulación requiere algo más que suprimir amenazas. Depende de reconstruir la confianza entre los actores comerciales, un proceso que excede la capacidad de los instrumentos militares.
Irán opera dentro de limitaciones, pero ha demostrado su capacidad para convertirlas en ventaja. Sus exportaciones pueden disminuir, pero continúan a través de canales alternativos. Los precios más altos y las redes de intermediación compensan parte de las pérdidas. Más importante aún, la disrupción refuerza la centralidad de Irán para la estabilidad regional. Los intentos de excluirlo imponen costes al sistema en su conjunto.
Esto refleja la construcción histórica de la logística en el golfo Pérsico. Las rutas marítimas y los dispositivos de seguridad se diseñaron para facilitar el flujo de energía hacia el exterior dentro de un marco de control externo.
La designación de estas aguas como bien común global ocultaba su carácter gestionado. Las acciones de Irán no desmantelan este sistema, pero interrumpen su funcionamiento y reintroducen la disputa política en un espacio previamente estabilizado por la fuerza y las finanzas.
La reconfiguración del orden
Lo que está emergiendo no es una ruptura del orden, sino su reconfiguración. La premisa de que la circulación depende de un único garante externo da paso a una lógica más anclada al control regional. El poder deja de organizarse en torno a la dominación naval distante y pasa a depender de la capacidad de estructurar las condiciones materiales y financieras en las que se sostienen los flujos.
En el centro de este orden reconfigurado, Irán se sitúa como nodo principal. Su posición geográfica, junto con su capacidad para intervenir en el estrecho de Ormuz, le permite ejercer influencia no mediante el cierre de rutas, sino mediante la gobernanza de su viabilidad.
Esto no constituye una hegemonía en sentido territorial clásico, pero se aproxima a un equivalente funcional: la capacidad de condicionar el acceso a infraestructuras críticas de las que depende la circulación global.
El acercamiento a China y Rusia refuerza esta posición. Estas relaciones no solo compensan la presión occidental; insertan a Irán en un marco euroasiático más amplio en el que la conectividad, y no el aislamiento, define la relevancia estratégica.
Los corredores que vinculan el océano Índico con las cadenas de suministro continentales profundizan esta integración, transformando gradualmente a Irán de objeto de contención en un punto de referencia central dentro de los nuevos patrones de comercio y distribución energética.
A nivel de percepción, las implicaciones son igualmente significativas. La imagen de un Golfo abierto, asegurado por el poder estadounidense e integrado en un mercado global estable, deja de ser un supuesto incuestionable.
La circulación continúa, pero bajo condiciones cada vez más contingentes, negociadas y moldeadas por la capacidad de Irán para modular el riesgo. Lo que antes se consideraba un espacio neutro de tránsito aparece ahora estructurado de forma visible por la autoridad política.
El enfoque iraní ilustra una forma de poder ejercida mediante la gobernanza de los flujos, más que a través de su denegación absoluta. Al introducir una incertidumbre calibrada en un sistema dependiente de la previsibilidad, redefine la relación entre capacidad militar y efecto económico. El objetivo no es el cierre, sino la condicionalidad: asegurar que el movimiento se produzca en términos que pueda influir y, cuando sea necesario, imponer.
Para Estados Unidos, las implicaciones van más allá del conflicto inmediato. La superioridad militar sigue siendo decisiva en enfrentamientos acotados, pero resulta insuficiente para garantizar las arquitecturas infraestructurales y financieras que sostienen la circulación global. Allí donde estas pueden desestabilizarse, la autoridad se vuelve menos concentrada y más sujeta a negociación.
El estrecho de Ormuz, durante mucho tiempo descrito como un punto de vulnerabilidad, funciona ahora como un espacio de apalancamiento estratégico. Geografía, infraestructura y doctrina convergen de tal manera que permiten a Irán ejercer una influencia sostenida sobre un sistema construido sobre la premisa de un flujo ininterrumpido. Teherán ha demostrado que su continuidad depende, en parte, de su posición en este nodo crítico.












