La política energética bajo lupa en América Latina

La guerra en Medio Oriente impone ajustes de política energética en América Latina. En semanas recientes, el repunte inflacionario espoleado por los energéticos provocó en la región una ola de acciones y políticas gubernamentales reactivas. El creciente costo de los combustibles no solo amenaza las economías, sino también el tablero político-electoral. En momentos críticos como el actual, las naciones sin soberanía energética cruzan los dedos y ruedan los dados, sin ser plenas dueñas de su destino.

En México, amén de la ampliación de subsidios a combustibles, Claudia Sheinbaum abrió a debate un tema tabú para el obradorismo: el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, en la producción de hidrocarburos. López Obrador cerró la puerta a esta técnica extractiva: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”, decía en campaña. Hoy día, la mandataria busca reducir las importaciones de gas proveniente de Estados Unidos por al menos tres factores vinculados a la soberanía: (1) las apretadas finanzas de Pemex, (2) el proteccionismo de Washington, y (3) los precios encarecidos de los energéticos. Cabe resaltar que las últimas cifras disponibles de la Agencia International de Energía (IEA) muestran que México importó en 2023 el 22 por ciento neto de su uso de energía; en cambio, el 1997, el superávit energético era de 56 por ciento. Por desgracia, la abundancia mal administrada por el PRI y el PAN provocó un déficit energético colmado por Texas.

En Chile, país más dependiente de la importación de hidrocarburos en la región, el petróleo sigue siendo la fuente dominante de energía en las canastas de consumo de los hogares, a pesar de esfuerzos recientes de impulsar el hidrógeno verde y la energía solar. Un hogar promedio chileno destina casi el 5 del ingreso familiar mensual al llenado de tanque, y promediar oculta que en un país muy desigual como Chile los pobres están mucho más expuestos a gasolinazos como el recién propinado por Kast y su plan de ajuste a la Milei. Los aumentos abruptos de precio en las gasolinas suelen ser detonantes de revuelta social, y en Chile el enojo popular manifiesto hace unos años por el alza a las tarifas del transporte y la energía podría rebrotar si los precios de las gasolinas quedan estacionados en niveles prohibitivos para los hogares pobres. Está por verse si Kast rompe con las políticas desarrollistas de Boric o si, en cambio, las retoma y amplía.

En Argentina, los mejores precios de exportación elevaron el retorno a la inversión en la última gran apuesta en hidrocarburos: Vaca Muerta. Del lado del productor, la entrada de divisas hace suponer que el país redoblará una apuesta estatal de larga data que en lo inmediato protege el decreciente superávit energético. En cuando al consumidor, el gobierno aumentó en dos tramos la actualización de impuestos pendientes del 2024 y 2025 a combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con un alza estimada en mayo del 0.5 por ciento en el precio del litro de las gasolinas. Amén del petróleo y sus derivados, los costos de fertilizantes y otros bienes importados atizan el fuego inflacionario que sofoca los salarios y las finanzas públicas. Contentar al FMI saldría caro.

En Brasil, el boom petrolero dirigido por Petrobras encuentra como prietos en el arroz la subida en los costos del campo, donde el país es potencia exportadora, y el incremento en precios al consumidor. En pleno año electoral, el impacto económico inflacionario condicionará el calendario electoral. A diferencia de Colombia y Perú, donde las elecciones presidenciales están tan encima que la inflación tendrá poco o nulo efecto en la movilización, en Brasil los transportistas y agricultores conforman la coalición política de Bolsonaro y suelen bloquear avenidas y carreteras cuando los precios de los combustibles repuntan. Consciente de ello, Lula anunció una ampliación del subsidio al diésel, la eliminación de impuestos federales al biodiesel y turbosina y una subvención al gas de cocina. De largo plazo, la discusión podría girar en torno a cómo agregar más valor en casa para beneficio de la mayoría.

A lo largo y ancho de la región, los más expuestos a la inflación energética son los hogares pobres. En primer lugar, agotan una parte sustancial del presupuesto familiar al transporte y a los alimentos. En segundo, los vulnerables tienen menos riqueza para amortiguar choques de ingreso. En tercero, la tenencia accionaria de las empresas más beneficiadas por un choque energético, como las petroleras y gaseras, está casi en su totalidad en manos de los ricos. Por último, las redes de protección son más frágiles en los países pobres, mismos que suelen ser importadores de energéticos refinados.

En cuanto a la probabilidad de un estallido social, como el reciente en Chile, un estudio reciente del FMI (2023) encontró que la inconformidad popular con un aumento abrupto de precios de los combustibles crece cuando: (1) hay un bajón económico o el país tiene inestabilidad cambiaria, (2) el gasto social del gobierno es bajo, sobre todo en educación y salud, y (3) la desigualdad de ingreso es mayor, la corrupción rampante y las instituciones débiles: caldo de cultivo común en América Latina.

En general, la tímida apuesta de la región por energías renovables respaldadas por baterías industriales blinda en casi nada la matriz energética, aunque limita el traslado de costos al consumidor y reduce en el margen la dependencia del petróleo estadounidense, ruso y medioriental. Los subsidios a las gasolinas otorgados desde Tijuana a la Patagonia protegen de corto plazo a los más pobres cuando no hay redes de protección robustas, pero son costosos en el largo plazo y pueden retrasar la expansión de programas sociales o posponer una reforma tributaria progresiva.

En definitiva, la guerra y sus ecos pone de relieve que la soberanía energética no es simple y llana retórica. La política energética va al corazón de la lucha antiimperialista y redistributiva de América Latina, si bien no todos los gobiernos otorgan la misma importancia y, en casos extremos, algunos hasta toman distancia del mercado más por cálculo electoral que por convicción ideológica. El largo plazo, donde todos estamos muertos (Keynes dixit), dirá si la historia y sus lecciones encontraron alumnos receptivos.