Bolivia sella una agricultura plagada de agroquímicos tras la aprobación de nueva soya transgénica

De acuerdo a la FAO la importación de plaguicidas se ha quintuplicado en el país los últimos 20 años. Entre los 15 plaguicidas más importados en 2023, 13 están prohibidos en otros países, afirma experto. Agroindustriales argumentan que Bolivia no puede quedarse rezagada y buscan competitividad.

Bolivia quiso unirse a la llamada “república de la soya” –conformada por Brasil, Paraguay y Argentina– cuando en 2005 aprobó mediante decreto el uso de soya transgénica RR. Más de 20 años después, el cereal se ha vuelto la estrella exportadora del sector agrícola, llevando al Gobierno a oficializar en marzo otra semilla genéticamente modificada, la HB4. Sus promotores, principalmente latifundistas productores a gran escala, justifican la medida en su mayor resistencia a las sequías y en hacer la producción del país “competente” frente a los países vecinos. Del otro lado, investigadores medioambientales y plataformas ecologistas advierten que se está tolerando lo ilegal, porque el grano ya se contrabandeaba en el país, además de consolidar un modelo agropecuario dependiente de transgénicos y agrotóxicos.

El ingreso de la soya HB4 viene acompañado de una serie de agentes químicos, como el plaguicida glufosinato de amonio, advierte el investigador y economista ambiental Stasiek Czaplicki. “No se trata solo de una semilla, sino de un paquete tecnológico que permite fumigar el cultivo con un herbicida más tóxico sin dañarlo. Esto responde a un problema generado por el propio modelo agroindustrial: el uso intensivo de herbicidas como el glifosato ha favorecido la aparición de malezas resistentes y la respuesta ha sido escalar hacia agroquímicos más fuertes”. El glifosato, comercializado por la multinacional Monsanto, vino con la soya RR en 2005; la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como “probablemente cancerígeno para humanos” en 2014.

La importación de plaguicidas en Bolivia se ha quintuplicado en el periodo 2005-2022, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Czaplicki añade que de entre los 15 plaguicidas más importados a Bolivia en 2023, 13 están prohibidos en otros países. “En los hechos, lo que se está haciendo es profundizar la dependencia de sustancias más peligrosas y reforzar un modelo cada vez más tóxico”, asegura el investigador.

Un nuevo herbicida se suma desde ahora, al menos de manera oficial, con el glufosinato de amonio. El componente está prohibido en la Unión Europea tras calificarlo como “presunto tóxico para la reproducción”, basándose en estudios en animales. Los impulsores de la introducción de la soya HB4 –grandes productores exportadores de la zona tropical del país– defienden que tolera entre un 15 y un 20% más la sequía. La resolución fue anunciada por el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, en la más reciente Exposoya, el mayor evento tecnológico soyero del país, organizado anualmente por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Representantes de la organización destacaron la “firme convicción del Gobierno en el camino hacia una liberación plena de todas las tecnologías”.

Santa Cruz, 7 de marzo de 2026 (MDPRyA).- En un paso decisivo para la modernización del agro boliviano, el Gobierno nacional oficializó la autorización de la biotecnológica HB4 para el cultivo de soya en el país. El anuncio se realizó en el marco de la feria Exposoya 2026, organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).  | Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

Romero, antes de ser ministro, fue presidente de Anapo durante dos gestiones (2023-2025). “Esta decisión responde a una visión clara: Bolivia no puede quedarse rezagada en el acceso a tecnologías que ya están siendo utilizadas por nuestros amigos productores de otros países”, justificó. A pesar de que un tercio del área cultivada está destinado a la soya, Bolivia tiene un rendimiento inferior al de los vecinos de la “república de la soya”. Las razones dependen más, coinciden expertos, de la insistencia en un modelo enfocado en abrir nueva frontera agrícola en vez de mejorar la productividad en tierras ya intervenidas.

“Buena parte de la producción se hace en suelos no aptos para agricultura intensiva, con bajo uso de fertilizantes y una degradación rápida de los suelos. Eso hace que cada año se abandone cerca del 20% del área sojera y que esa pérdida se compense incorporando nuevas tierras, muchas veces mediante deforestación”, explica Czaplicki. Los altos costos de importación de agrotóxicos, en cambio, sugieren un modelo de desarrollo del agro iniciado hace más de 20 años y basado en el patrón extensivo, la huella ecológica y una creciente dependencia externa de insumos.

Los efectos de los plaguicidas ya están afectando a personas y alimentos, según denuncia Elizabeth Vargas, técnica investigadora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. “En Bolivia se produce torta de soya para la nutrición animal y la producción avícola que después las personas consumen. Hay estudios que señalan restos de plaguicidas en otros cultivos que suelen producir los agricultores indígenas, como tomate, lechuga y otras verduras”, apunta. Se refiere a un estudio de 2024 realizado por la Fundación Agrecol Andes que concluye que el 43% de los alimentos agrícolas en Cochabamba están contaminados con al menos un plaguicida de una lista de 27 agroquímicos encontrados en la muestra.

Otra pesquisa de 2025 de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz asegura que el 100% de las 244 personas de Santa Cruz de la Sierra a las que se les hizo la muestra tenía glifosato en su organismo.

Para Vargas, el modelo actual expansivo y agroquímico está implementado desde hace al menos 20 años, pero vislumbra una profundización del método en la actual gestión del presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, investido hace cinco meses. Además de Romero, otro de los ministros de carteras estratégicas de Paz proviene de la agroindustria: el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas y expresidente de la Cámara Agropecuaria de Industria, Óscar Justiniano. “Tenemos conocimiento de que ha existido presión desde el agronegocio para que se apliquen procedimientos abreviados. Bolivia ha ratificado el Protocolo de Cartagena con la ley 2274 y todo ingreso de un organismo modificado debe ser aprobado por el Comité Nacional de Bioseguridad, del que no existe un estudio al respecto”.

¿Cómo conseguir entonces alcanzar mayores niveles de producción sin causar daño ambiental? Vargas propone primero retirar el monocultivo, que convierte a las cosechas en vulnerables a la proliferación de plagas y malezas. “En cuanto a la producción, sugerimos aprovechar los distintos pisos ecológicos que goza el país. Se debe promover el desarrollo territorial, que las diferentes vocaciones de los territorios sean promovidas y se fortalezca la agricultura de base campesina indígena. Es la que alimenta al país y está rezagada desde hace varios años”.