Irán y el desplazamiento de las líneas del orden regional

Los Estados modifican las reglas del juego cuando perciben que el equilibrio de poder en su entorno, sus capacidades internas y las condiciones regionales les permiten tomar la iniciativa. Los acontecimientos del domingo 7 de junio ponen de manifiesto que Irán ha modificado los términos de su propio cálculo estratégico.

El ataque iraní contra Israel en la noche del domingo 7 de junio representa algo cualitativamente distinto de los episodios anteriores de confrontación entre ambos países. Por primera vez, la República Islámica atacó directamente al Estado hebreo sin que una acción israelí previa contra territorio o activos iraníes lo precediera.

Las líneas de confrontación se han desplazado desde la Guerra de los Cuarenta Días, y quienes sostienen que estamos de nuevo en una situación de impasse estratégico pasan por alto lo más importante: que las reglas que definen ese equilibrio ya no son las mismas.

Irán y el orden regional

Durante años, los analistas han caracterizado la doctrina de disuasión iraní como fundamentalmente reactiva: Teherán absorbía el golpe, calculaba la respuesta y actuaba en el momento y lugar de su elección. Esa caracterización describía un patrón de comportamiento sin atender a las condiciones que lo sostenían ni a las que podrían modificarlo.

Lo que los acontecimientos del domingo 7 de junio ponen de manifiesto es que Irán ha modificado los términos de su propio cálculo estratégico. Ya no se considera obligado a esperar un ataque directo contra su territorio para justificar una respuesta.

Es decir, la República Islámica ha añadido una dimensión que cambia el perímetro de ese cálculo: también reaccionará a los bombardeos israelíes contra Líbano, o al menos a aquellos que considere una línea roja. La pregunta que surge de inmediato es qué condiciones hacen posible esta transformación.

Los Estados modifican las reglas del juego cuando perciben que el equilibrio de poder en su entorno, sus capacidades internas y las condiciones regionales les permiten tomar la iniciativa. Lo que el ataque del 7 de junio señala es un nivel de confianza estratégica que resulta difícil de disociar del resultado de la Guerra de los Cuarenta Días.

Pese a dos campañas militares sucesivas contra Teherán, Irán está lejos de haber sido derrotado. Las autoridades iraníes proyectan la convicción de que actualmente no existe amenaza creíble, ni de Israel ni de Estados Unidos, capaz de obligarles a un cambio sustancial en su política. La República Islámica se percibe en una posición que le permite establecer nuevas reglas a sus adversarios antes que actuar dentro del marco que otros le imponen.

Esa percepción tiene efectos políticos autónomos que estructuran el comportamiento de todos los actores implicados, con independencia de cualquier evaluación externa sobre sus fundamentos materiales.

Lo que hace particularmente significativo el ataque en cuestión es que no ocurre en el vacío, sino sobre el trasfondo de una metamorfosis regional acumulada. La Guerra de los Cuarenta Días no solo no quebró la capacidad operativa iraní, como ya hemos apuntado, sino que consolidó una lectura del equilibrio regional que Teherán venía construyendo desde hace meses.

En ese marco, los hechos de aquel domingo son la expresión de una evaluación estratégica: que el momento es propicio, que los adversarios no tienen las capacidades necesarias para modificar el actual statu quo y que la iniciativa, tomada ahora, produce efectos que la respuesta reactiva no podría producir. La confianza estratégica que refleja esta decisión está lejos de ser una improvisación.

Además, sus fundamentos son operativos. Irán mantiene el estrecho de Ormuz bajo condiciones de tránsito que dependen de su autorización, ha demostrado que es capaz de resistir el ataque combinado de Estados Unidos e Israel sin ceder y opera en una región que muchos analistas consideran que está siendo reconfigurada de acuerdo a sus objetivos políticos.

La humillación y sus dimensiones

Para entender hasta qué punto Estados Unidos salió debilitado de la guerra, basta con observar cómo ha evolucionado su posición. Desde la exigencia de Donald Trump, el 6 de marzo, de una “rendición incondicional” hasta un acuerdo que ni siquiera aborda la cuestión central.

J. D. Vance abandonó Islamabad el 12 de abril tras afirmar que la oferta estadounidense estaba sobre la mesa y que correspondía a Irán aceptarla o afrontar las consecuencias. La República Islámica no aceptó.

Trump respondió imponiendo un bloqueo naval sostenido en dos ilusiones: que la presión económica obligaría a Teherán a ofrecer concesiones sustanciales, y que China, sometida también a presiones económicas, forzaría a su vez a Irán a ceder.

El presidente estadounidense viajó a Pekín y no obtuvo de Xi Jinping ninguna concesión al respecto. A su regreso, terminó retractándose de su amenaza de reanudar la contienda, como lo haría en ocasiones posteriores.

Irán, por su parte, suspendió las negociaciones directas cuando se impuso el bloqueo y relegó el expediente nuclear a un segundo plano, dejando claro que sólo abordaría ese asunto una vez levantadas las restricciones. Mantuvo esa postura pese a las reiteradas amenazas de nuevos bombardeos.

La humillación estadounidense que emerge de este proceso opera en dos planos inseparables. En el material, Irán resistió la coerción y respondió de formas que alteraron las suposiciones sobre una dominación incuestionable en la región.

Cuarenta días de bombardeos no desembocaron en una capitulación; produjeron un Irán que el domingo 7 de junio por la noche ataca directamente a Israel desde una posición que sus adversarios no anticiparon.

En el plano discursivo, algo más profundo está en juego. La capacidad de Estados Unidos para nombrar, clasificar y definir la realidad política ha sido cuestionada con una eficacia que ninguna administración anterior había tenido que enfrentar con esta claridad.

Durante décadas, la Casa Blanca construyó un orden de inteligibilidad en el que Irán aparecía como problema a resolver, como actor que debía ser disciplinado hasta aceptar los términos del orden liberal.

Lo que los recientes acontecimientos demuestran es que ese orden de inteligibilidad no corresponde a la realidad que pretende describir. La República Islámica no fue disciplinada. Y esa resistencia sostenida tiene una elocuencia que el análisis convencional no puede absorber sin revisar sus premisas.

Esta dimensión discursiva es la que los marcos analíticos convencionales tienden a subestimar porque opera por debajo del umbral de lo que se considera análisis riguroso. La política exterior estadounidense hacia Irán ha operado históricamente desde la premisa de que Washington posee el derecho a estructurar el orden regional y que los actores que rechazan esa estructuración constituyen anomalías que deben corregirse.

La Guerra de los Cuarenta Días ha demostrado que esa premisa resulta estratégicamente ineficaz. La coerción produjo una reconfiguración del equilibrio regional que Washington no anticipó y que con el ataque –todavía sin respuesta articulada– no sabe cómo gestionar.

La pregunta que Estados Unidos debería hacerse, y que su propio marco epistémico le impide formular con claridad, es si la política de “máxima presión” no ha producido exactamente lo contrario de lo que prometía: un Irán más confiado, más dispuesto a la iniciativa y menos sujeto a los términos que sus adversarios querían imponerle.

La ecuación libanesa

La decisión de Irán de vincular explícitamente su respuesta a los ataques israelíes contra Líbano desmonta con precisión dos narrativas que han circulado durante años con escaso escrutinio crítico.

La primera es la etiqueta de proxy aplicada rutinariamente a Hezbolá, que presupone una relación de instrumentalización unilateral en la que Teherán utiliza a la organización como herramienta de su política regional, sin agencia propia y sin intereses que no sean los de su supuesto patrocinador.

La segunda es la narrativa según la cual Hezbolá arrastró a Líbano a una guerra de otros, como si Líbano fuera un espectador pasivo de un conflicto ajeno a sus propios intereses y a su propia historia política.

Ambas narrativas comparten una función precisa, que es deslegitimar la resistencia libanesa reencuadrándola como efecto de una manipulación externa antes que como expresión de una posición política autónoma con raíces históricas propias.

El paraguas de seguridad que Irán ha extendido sobre Líbano revela algo que va más allá de la inseparabilidad de los intereses estratégicos de ambos actores y de la profundidad de sus vínculos ideológicos y religiosos, aunque estos existan y sean políticamente relevantes.

Lo que aparece es una concepción de la soberanía como autodeterminación regional, una soberanía que debe ser continuamente ejercida y defendida mediante la resistencia y la solidaridad. Esta visión contrasta con la soberanía formal, conferida externamente, que encarna el gobierno libanés, y que, como ese mismo gobierno ha demostrado, puede ser negada o entregada en la práctica sin que su denominación formal cambie.

Esa distinción determina quién puede actuar en nombre de una comunidad cuando esa comunidad está siendo atacada, y quién sólo puede invocar una autoridad que ya no controla.

En definitiva, Irán actúa desde una lógica en la que el valor político fundamental está constituído por la autonomía política de la comunidad y por la capacidad para establecer sus propios términos de seguridad y resistir la presión externa.

Una lógica que el análisis convencional de las relaciones internacionales ha sido incapaz de capturar porque insiste en tratar a la República Islámica como un actor cuyas decisiones sólo pueden leerse como respuesta a estímulos externos, nunca como expresión de una evaluación estratégica propia.

Al menos desde la Guerra de los Cuarenta Días, Irán ha demostrado que ese marco es insuficiente, y la noche del domingo 7 de junio lo confirmó de una manera que difícilmente admite interpretación alternativa.

Las categorías con las que el análisis occidental ha operado durante décadas –sus clasificaciones de actores racionales e irracionales, sus distinciones entre Estados y proxies o su vocabulario de presión y capitulación– no están en condiciones de procesar ese cambio sin una revisión que pocas instituciones, de momento, parecen dispuestas a emprender.