El contrabando profundiza el desempleo y debilita la estabilidad económica

Una cerveza cuesta Bs.2 y un alfajor Bs0.50 en Villazón, frontera con la Argentina”, afirmó la Presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo a modo de bajar el velo a una realidad que a diario protagonizan miles de familias bolivianas que, presionadas por la falta de empleo, la pobreza lacerante y oportunidades de crecimiento económico, hallaron en el contrabando un mecanismo, seguro y altamente rentable, para ganarse la vida. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, también agarró la posta para pronunciarse sobre el contrabando al que calificó de “un gran mal” que está castigando a la actividad productiva. Así de claro fue el segundo mandatario del país en una reunión que sostuvo con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para hablar sobre atracción de capitales y reactivar la economía nacional, reveló a dat0s el gerente general de la entidad, Gustavo Jauregui.

Allí, reunido con los empresarios, Choquehuanca abrió la posibilidad de replantear medidas preventivas de contención al tráfico de mercadería. La iniciativa fue puesta en mesa por los empresarios y el vicepresidente la recibió con marcado interés. Frente a esta confesión que hizo la máxima autoridad aduanera, a un grupo de diputados en una reunión reservada, preguntamos ¿qué incidencia tiene el contrabando en la economía formal? a los actores que tienen que ver con la mitigación de una actividad ilegal que logró desbordar el control gubernamental, pero, sobre todo, a quienes denuncian, cada día, de qué manera el tráfico de mercadería está socavando los pilares de la economía formal.

“El valor pico representa aproximadamente 8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 26% del valor de las importaciones legales. El contrabando es igual o mayor en tamaño que el sector comercio formal cuantificado en el PIB y equivale a 81% de las manufacturas”, respondieron voceros ligados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), y un grupo de 10 empresarios consultados, productores de lácteos, alimentos no perecederos y bebidas en general. Basados en su opinión, la magnitud del problema revela que más de dos terceras partes del contrabando tiene vinculación con los puertos del Pacífico, en primer lugar, del que no se libran los puntos con los que el país tiene frontera en todo el territorio. En orden de importancia Chile es el de mayor peso, incluyendo ZOFRI; le sigue el Brasil y luego están Argentina, Perú y finalmente Paraguay, se desprende de la consulta al grupo de empresarios.

La composición de productos que se internan ilegalmente ha cambiado. Prevalecían en el contrabando productos de estos países, pero al presente fluyen productos de ultramar y de mayor valor, dicen los entrevistados. En perspectiva el principal problema será el flujo desde la Zona Franca Extendida y, la tendencia, es que pronto este flujo sea mayor al de la Zona Franca Primaria y superior a la suma del flujo de los cinco países limítrofes, reveló el Ministerio de Economía que evacuó en 2019 un informe sobre la magnitud que tiene el tráfico ilegal de mercancías.

La devaluación de la moneda en los países circunvecinos como Chile, Perú, Paraguay y también la Argentina, profundizaron el problema, que en Bolivia distorsiona los precios, sube los índices de informalidad productiva y, ante todo, es un riesgo para la industria boliviana ya que, el tráfico ilegal de alimentos, por ejemplo, puso en riesgo al menos 125 000 puestos de trabajo, de acuerdo a miembros integrantes de las Cámaras de Comercio e Industria, además de empresarios dedicados a la producción nacional de alimentos y bebidas.

El informe gubernamental también certifica esta caótica situación que ha generado la devaluación de las monedas extranjeras en los países con los cuales tenemos límites internacionales. Este hecho, según el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, volvió la producción extranjera extremadamente competitiva frente a lo Hecho en Bolivia. “Por eso existe un desborde del contrabando y hoy la industria nacional ésta dejando de vender aproximadamente el 20% de su producción local”, alertó el líder empresarial. Para Jauregui el contrabando está quitando competitividad al comercio exterior. “Hoy necesitamos mayores divisas y resta crecimiento a las Reservas Internacionales Netas (RIN)”, dijo el directivo empresarial. Lo que viene de afuera son bienes con alto valor añadido con diferencia en calidad y diferenciación de marcas, aunque las copias que ingresan al mercado boliviano como las copias de zapatillas deportivas NIKE (Kine, Mike, Hike) que vienen del mercado asiático principalmente.

Las cifras del contrabando a mayo de 2021 En 2009, la CEPB realizó un estudio sustentado en la metodología de las estadísticas espejo y las diferencias entre fuentes y usos de divisas en la Balanza de Pagos. Para el año 2008 se estimó un ingreso irregular de productos por US$ 1 048 millones. Esta cifra, sin embargo, quedó pequeña para el 2021. El tráfico ilegal de mercaderías moviliza US$ 3 600 millones. Estas cifras son refrendadas por las cámaras de Comercio e Industria y por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). El impacto macroeconómico del contrabando representó entre 6.3 y 8.3% del PIB total, dependiendo si se toma la cota inferior o superior del rango (US$ 1.680 a 2.213 millones). Cuando se compara contra el valor del sector comercio (sub componente del PIB) el valor fluctúa entre 93.8 y 123%. Es decir, el contrabando podría ser igual o mayor en valor que el comercio formal. Sin embargo, cuando se contrasta con el sector manufacturero, la incidencia está entre 61.5 y 81%. En cuanto a la incidencia que tiene en las importaciones legales, éste varía entre un 20 y 26% de promedio del país.

El impacto del contrabando en el PIB en general fluctúa entre el 6 y 8%.

El PIB llegó en 2019 a US$ 40 601 millones y de está cantidad de riqueza que generó el Estado el contrabando alcanzó los US$ 3 248 millones, aproximadamente, señalan informes empresariales. Estas cifras cambiaron drásticamente. A 2021 el Gobierno estima que bordea los US$ 3.000 millones. A ello hay que sumar el “contrabando hormiga”, que creció alrededor de US$ 600 millones anuales. Ante esta realidad, el sector formal de la economía trata de promocionar en todo el país y en el exterior la comercialización de producción nacional.

El vicepresidente de la CNI, Pablo Camacho, estima que el contrabando resta al PIB un crecimiento adicional entre el 2 al 3% en promedio. “Está situación es realmente lapidaria para la industria nacional y por supuesto, regional”, alertó el empresario. Según la CNC estos resultados deberían llamarnos a la reflexión y hacernos pensar que algo está mal ya que, cada año, crece más el monto que moviliza el tráfico ilegal de mercaderías. En este sentido abrió la necesidad de apuntalar también la prevención. “Estamos proponiendo medidas preventivas al contrabando, es decir, atacar más a la ley y no tanto a la represión. Lo haremos en conjunto con la Aduana, el Viceministro de Lucha contra el Contrabando y el Ministerio de Economía”, dijo Camacho.

En ese sentido mencionó la aplicación de un plan nacional de logística para el comercio internacional, la vigencia plena de una ventanilla única para el comercio exterior, con apoyo del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), y la institucionalización de la Aduana.

US$200 para traficar mercadería y alentar contrabando hormiga

Con una masa de gente promoviendo la compraventa de productos extranjeros que pasa la frontera con US$100 o US$200, la informalidad aumentó también en el último año. Se estima que llega al 80% de la actividad productiva y que, desbordó al PIB, con graves riesgos de fracturar los ingresos fiscales. Solo por defraudación tributaria que fomenta el contrabando, el Estado deja de percibir US$ 500 millones, aproximadamente aumentando la informalidad y consecuentemente el incremento del desempleo.

“A menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), mayor grado de informalidad y Bolivia está en la región hemisférica con un índice alto, similar al de Haití y países del África Subsariana, con el 80% de trabajadores (echados a su suerte)”, dio cuenta de esta situación, Norman Loayza, experto del Banco Mundial (BM) en un foro sobre el contrabando que alentaron los empresarios privados para mostrar en qué condiciones viene desarrollándose la economía los últimos quince años.

La situación es incluso más preocupante. “La informalidad en la economía está por encima de lo que puede predecir el PIB en Bolivia”, subrayó el experto en temas de informalidad laboral del organismo multilateral de financiamiento. La actividad informal, es de hecho, una competencia desleal para el sector formal de la economía, porque no cumple con el pago de tributos y regulaciones; además porque usa lo que tiene un país en infraestructura para generar productividad tóxica para la economía, apuntó Loayza.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff, la informalidad se ha convertido en un flagelo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de 2018 había 130 millones de trabajadores latinoamericanos en el sector informal.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística a enero de 2021, la tasa de desocupación en el país fue del 9,67 %, lo que significa en números absolutos que las personas sin trabajo en el país superan las 400 000. Este dato debe preocupar, además, porque sólo se refiere a la desocupación urbana, no así a la del campo, donde hay tanta o más pobreza que en las ciudades. A esto se suma la elevada informalidad que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), es una de las más elevadas del mundo (62,3%), sólo superada por Zimbabue (60,6%), puntualizó el empresario.

El sector privado nacional seguirá pidiendo al Gobierno aumentar el universo del sector formal. Sólo de esta forma se garantizará el desarrollo y el fortalecimiento de la economía, así como los derechos de los trabajadores.

La internación ilegal de alimentos resta US$400 millones a la economía nacional

Como el tráfico de mercadería ilegal mueve millones de dólares, el impacto es significativo para las arcas fiscales y la producción nacional. Los empresarios identificaron que el tráfico ilegal de mercadería afecta fundamentalmente a ocho alimentos: carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas y cerveza, que restan al Estado ingresos por US$400 millones, que representa casi 1% del PIB, e implica una evasión fiscal para el erario nacional de al menos US$50 millones.

Según Blazicevic, el 67% de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el mercado interno, provienen del contrabando. Esto implica que la industria deja de vender al menos 50% de la producción local. Esto hace que la manufactura Bolivia se encoja, cada vez más y deje de contratar mano de obra, lo que implica, desempleo. Qué decir de los perjuicios que genera para la producción nacional. En respuesta a esta situación, las empresas bolivianas vinculadas, por ejemplo, a la manufactura de bebidas, comercio y lubricantes “optaron por ajustar a la baja el presunto de venta e ingresos por año, postergan la creación de empleo, y los planes de inversión, se hallan en fase de espera”, complementó datos el empresario.

Otro de los sectores que mayor contrabando genera es el automotriz. “Hemos identificado algunos sectores, como el automotriz. También está la internación de medicamentos y otro rubro son alimentos, línea negra y línea blanca”, precisó Jauregui.

Reformas al Código Tributario para golpear al contrabando

Una medida que podría contribuir a diezmar la actividad nociva del contrabando tiene que ver con reducir de 200 000 a 50 000 UFVs la cuantía de la evasión fiscal por el pago de tributos, para sancionar como conducta típicamente antijurídica y, por lo tanto, castigada con pena de cárcel para quién o quienes promuevan el contrabando de mercadería, planteó el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, al que se suman directivos de la CNC y CAINCO.

El líder empresarial de la CNI señala que la norma en actual vigencia lo que hace es sancionar, con pena privativa de libertad, si acaso una persona –natural y/o jurídica-, es sorprendida internando mercadería por igual o superior a los 200 UFV. “Hay una disposición en el Código Tributario que dice que a un monto mayor a 200 UFV, un monto mayor al millón de bolivianos, solo así podrá ir a la cárcel, esto equivale, por ejemplo, a cuatro tráileres llevando cerveza”, ilustro el líder de los industriales. El empresario sugirió cambiar esa disposición. Y añadió también la urgencia de hacer cambios a la certificación del Impuesto Directo al Consumo (ICE). Plantea, por ejemplo, la aplicación de un código de barras electrónica.

Mucho más directo, el diputado Mario Roca, propuso una reforma integral a la política monetaria y fiscal en el Estado. Pero ¿cómo será posible abordar una reforma integral a la estructura fiscal del Estado? Para Roca si bien el tema es amplio, es necesario comenzar a plantear reformas para impulsar un verdadero desarrollo y frenar el contrabando. En este sentido planteó tres ejes que debería abordar está política nacional: el primero es saber cómo recaudamos los impuestos, el segundo, cómo distribuimos esa recaudación y tercero, cómo lo gastamos.

“Hasta ahora los tres ejes están mal, es decir, no sabemos lo que hacemos”, apuntó Roca a modo de reflexión. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho y el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Mario Roca, secundaron la iniciativa, pero con particularidades propias. El presidente de CAINCO, Fernando Hurtado, exigió la urgencia de aprobar incentivos fiscales a la formalización para tener una base de emprendimientos cada vez más amplia, que aporte con impuestos y con empleos. Pidió asimismo reemplazar la fiscalización tributaria que ejerce a empresas formales en centros urbanos, con el despliegue de actividades similares en los cordones fronterizos que tiene el Estado con varios países circunvecinos.

“Necesitamos equidad, que los esfuerzos no se vayan solo a fiscalizar y sobre regular a quienes ya tributan”, afirmó

Para la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la actividad económica informal es aquella que (sin incurrir en la criminalidad) se aparta del marco legal regulatorio e incumple obligaciones con sus trabajadores (seguridad social, industrial) y con el Estado (fisco). Bolivia es el país con mayor grado de informalidad en la región y el mundo. En este sentido, el 85% de las actividades económicas no tributan al fisco y llega al 83% la Población Económicamente Activa (PEA) que carece de seguridad social de largo plazo.

El drenaje de recursos que resta la informalidad a la economía es significativo. Según la CAINCO en la actividad industrial suma US$330 millones, en Servicios US$ 1 006 millones, mientras que en Comercio alcanza US$931 millones. En total las actividades informales quitan al erario nacional ingresos estimados en US$ 2.267 millones. Para formalizar las actividades económicas, la CAINCO señala la aprobación de incentivos fiscales. En este sentido plantea iniciativas para modificar el Código Tributario, como:

• Reducir el Impuesto a las Transacciones a su máxima expresión en la cadena de alimentos, instando al Gobierno a la promulgación de una ley específica como mecanismo para desincentivar la actividad informal y el contrabando de productos alimenticios.
• Gestionar la modificación de las normativas municipales, con la finalidad de que las alcaldías, suspendan la licencia de funcionamiento, clausuren temporalmente y/o multen a los comerciantes ante el descubrimiento de alimentos sin registro sanitario, por ende, de contrabando.

El gobierno apura decisiones fiscales

El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, anunció a dat0s que el Gobierno está trabajando en decisiones fiscales que tiene que ver con hacer modificaciones al Código Tributario en el capítulo referido a tipificar al tráfico ilegal de mercaderías como delito penado con la cárcel. “Estamos trabajando en ese sentido y en los próximos días habrá sorpresas con anuncios, reformas tributarias”, adelantó. Quién sin embargo dejó sentando que por ahora no existen planes para mirar cambios al Código Tributario, fue el presidente de la Comisión de Política Económica, Omar Yujra de filas del MAS-IPSP, para quién está opción aún debe ser analizada y propuesta por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales y el Viceministerio de Política Tributaria.

¿Por qué no existe una reforma puntual a las 200.000 UFV para combatir el contrabando, es decir, reducirlo por lo menos a 50.000 UFV para que el tráfico ilegal de mercaderías pueda ser considerado delito?, preguntamos a Yujra.

“El Viceministro de Lucha contra el Contrabando, tendrá que pronunciarse al respecto”, respondió el parlamentario oficialista a pesar que tiene la responsabilidad de proponer reformas y leyes en el Estado, no así una entidad del Órgano Ejecutivo. Ante la insistencia de este medio de solicitar una posición oficial al respecto, Yujra dijo que la lucha contra el contrabando no pasa solo por modificar las 200 000 UFV, sino que, el Gobierno ésta asumiendo otras medidas adicionales destinadas a la reactivación de la economía. “Lo que debemos hacer es analizar el tema, mirar todas las aristas, problemas que hay en este momento, proponer y debatirlo cuando corresponda”, dijo.

Ante esta ambigua posición los industriales insisten que el Código Tributario tiene que modificarse y no solo por beneficiar al empresariado, sino que el país en su conjunto se ve afectado en la medida que el Estado deja de percibir aranceles e impuestos ya que el contrabando está minando la industria nacional, está quitando empleos. “Sino modificamos las 200 000 UFV estamos dejando que el contrabando termine con el aparato productivo”, apuntó Camacho.

En la actualidad por ley si una persona es sorprendida evadiendo tributos fiscales por la internación de mercadería valuada entre 50 a 5.000 UFVs, la sanción solo es económica sobre el 100% del valor de los bienes importadores fuera de norma. Sin embargo, va a la cárcel y con penas privativas de libertad de 8 a 12 años, si una persona es sorprendida con mercadería importada ilegal si acaso evadió impuestos igual o superior a los 200 000 UFVs. Por lo tanto “con la legislación vigente no es posible procesar contrabandistas delictivos”, aseguró Miranda.

Eliminar aranceles, bajar el IVA y los impuestos indirectos

Para abordar estructuralmente el problema el diputado Roca dijo que plantearan en el Legislativo la creación de un Consejo Económico Social donde estén representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y otras organizaciones civiles para debatir sistemáticamente temas como el contrabando.

En este sentido planteó, por ejemplo, la creación de un Viceministerio de Fortalecimiento del Tributo Aduanero que tendrá que estar bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para fortalecer la inteligencia contra el contrabando.

También propone dar mayor impulso al Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando. Blazicevic también plantea que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) irrumpa en el control del contrabando fiscalizando los recursos que mueve a través del sistema financiero. “Puede investigar el manejo de cuentas y recursos de bolivianos que importan legal o ilegalmente a Bolivia”, plantó la propuesta. Con todas estas iniciativas debería abrirse una mesa de análisis técnico, un gabinete en una alianza público-privada para tomar decisiones concretas, frente a la ilícita actividad del contrabando.