GIEI: graves violaciones a los DDHH en Vila Vila y Playa Verde, apuntan al Gobierno del MAS

Los integrantes de las caravanas del sur — universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí— y la caravana minera fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego, otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila. “Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual”.

“Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, que no solo participaron con personal y dieron apoyo logístico a quienes querían impedir el paso de ambas caravanas a La Paz, si no incluso accedieron y emplearon armas del uso privativo de fuerzas de seguridad, como gases antidisturbios o antimotines, y armas de fuego de largo alcance.

“Los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia”

Esta es la lapidaria conclusión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI Bolivia) que apunta como presuntos responsables a funcionarios públicos, como el gobernador de Oruro de entonces, el masista Víctor Hugo Vásquez, y a alcaldes del partido de Gobierno —Llallagua, Uncía y Chuquiuta y Caracollo— y a funcionarios de los servicios departamentales de caminos.

Universitarios y cívicos, primero, y cooperativistas mineros después se trasladaban a La Paz a reforzar las protestas de quienes denunciaban fraude electoral que benefició a Evo Morales.

A continuación, algunos de estos hallazgos:

Todo el grupo que se trasladaba en las caravanas fue afectado en su libertad de tránsito y en su libertad de expresión, al ser impedido de llegar a La Paz.
El personal de salud y las ambulancias que acudieron al rescate de heridos en cumplimiento de los deberes de su profesión y el servicio que prestan sufrieron agresiones con piedras y dinamita en Vila Vila y Caracollo, y con armas de fuego en Challapata.
Fueron hostigados en puntos de bloqueo y obligados a detenerse para la inspección de la ambulancia. En uno de estos episodios, los bloqueos y las agresiones impidieron transportar a tiempo a un minero de la caravana que había sufrido una lesión causada por la explosión de un cachorro de dinamita, lo que condujo a que le fuera amputada una mano.
En otro, trabajadores de salud que se habían desplazado desde La Paz a Challapata, en el camino de vuelta fueron hostigados en puntos de bloqueo y obligados a detenerse para la inspección de la ambulancia.
El GIEI advierte que al menos dos mujeres que intentaron escapar fueron víctimas de violencia sexual. Una de ellas era menor de edad.… “él agarró a una de mis compañeras del cabello y la empujó al suelo, yo lo empujé para que la soltara, pero él me agarra y me botó a un lado, nos obligan a todas a bajar del bus, él también me agarró y me bota al suelo, […] yo caí de rodillas y es ahí donde me agarran de la espalda y de mi buzo, y me dicen vos quédate aquí […] Ese hombre empezó a gritar ¡Que se desvistan!, ¡que se desvistan!, yo vi […] que empezaron a gritar igual que el hombre “¡que se desvista! ¡que se quite la ropa! y nos tiraban piedras […] El señor me estaba agarrando de mi espalda y me decía ¡sácate, sácate la ropa! y la chica con la que estaba me gritaba ¡tu buzo, tu buzo! No entendía al principio, pero luego vi que el hombre me estaba arrancando la ropa y logré zafarme para agarrar mi mochila, pero luego otra señora que sale detrás del bus me agarra y grita ¡aquí están! ¡aquí están! ¡que se desnude! […] Nos dieron con un fierro en el cuerpo, dieron en la pierna, y me levante para seguir, yo solo escuche que querían que nos vayamos desnudas”.
La responsabilidad estatal por los acontecimientos ha sido comprobada por diversas fuentes. Testigos ante el GIEI, así como fotografías y videos revisados indican que había distintos tipos de bloqueos. Algunos eran tendidos de tierra, piedras, llantas y “miguelitos” sobre la carretera, así como promontorios de tierra, piedras y escombros de grandes dimensiones.
Pobladores de algunas localidades informaron a los integrantes de la caravana que los bloqueos habían sido efectuados por personas ajena a la comunidad, señalando en algunos casos la participación de funcionarios públicos dependientes de gobernaciones, de distintas alcaldías e instituciones públicas vinculadas a los servicios de caminos.
Maquinaria de uso público fue usada para el traslado de escombros y tierra, y la provisión de servicios de transporte para traer y llevar agentes de bloqueo. Una exfuncionario confirmó que alcaldías administradas por el MAS movilizaron maquinaria para ayudar a preparar los bloqueos y evitar la llegada de la caravana a La Paz.
Sobre este particular, se destacan tres medios probatorios encontrados. Por una parte, el informe de la FELCC de Oruro en el que se reconoce que en Sora Sora se verificó presencialmente que funcionarios maquinarias públicos eran utilizados para preparar bloqueos en la carretera. El Instructivo 25/2019 de 7 de noviembre emitido por el director del Servicio Departamental de Deportes del Gobierno Departamental de Oruro, en el que se instruye a los funcionarios de esa dependencia participar en los bloqueos y en el enfrentamiento de la Caravana del sur en Vila Vila con la amenaza de sanción con dos días de haber por incumplimiento Además, el GIEI tuvo acceso a un video en que el entonces gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, instruye a líderes locales sobre cómo debería efectuarse el bloqueo de caminos. En la entrevista que el GIEI sostuvo con Vásquez, el exfuncionario aceptó la autenticidad del video grabado días antes de lo acaecido en Vila Vila, precisando que su intervención fue producto de la solicitud de “comunarios”, que querían organizarse para defender el proceso de cambio y los resultados electorales.
También se identificó que el plan de bloqueo de la caravana de mineros en Playa Verde-Challapata, ejecutados por miembros de los ayllus Qaqachaca y Layme, fue resultado de un acuerdo previo entre sus líderes y autoridades del Estado, con el apoyo logístico de agentes públicos de la Alcaldía de Challapata, que les facilitaron tanto alimentación como su transporte en volquetas del gobierno municipal. En un expediente fiscal se apuntan indicios del supuesto soporte por las alcaldías de Llallagua, Uncía y Chuquiuta.
En entrevista con el GIEI, el exministro de la Presidencia del gobierno de Evo Morales (Juan Ramón Quintana) indicó que efectivamente los qaqachacas decidieron “bloquear para que no vengan los mineros cooperativistas, pero además enviar una fuerza de apoyo a la ciudad de La Paz para evitar que los pititas se tomen la Plaza Murillo, como un mecanismo de defensa por pertenencia”.
Testigos ante el GIEI indicaron que la víspera del 10 de noviembre, los comunarios del ayllu Qaqachacas se ubicaron en puntos estratégicos, en especial en los cerros cerca de la localidad de Huancané, a la espera del paso de la Caravana minera.
Durante los enfrentamientos en Vila Vila y Caracollo, particulares o personas no pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, habrían accedido y empleado armas del uso privativo de estas últimas, como gases antidisturbios o antimotines. En Challapata, más grave, se emplearon armas de fuego de largo alcance.
El Estado, al dar soporte a los bloqueos, cuando menos asumió el riesgo de enfrentamientos y de un ataque, teniendo en cuenta que los bloqueadores previamente anunciaron su intención de uso de la violencia y que portaban armas.
Con base en esos elementos, el GIEI concluye que los bloqueos fueron resultado de una acción realizada con la participación del Estado, en vulneración de su deber de garantizar el ejercicio del derecho de protesta y la libre circulación de personas.
Además, los hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata, que incluyen tortura, privación de libertad, lesiones corporales, destrucción de bienes materiales y ataques a personal de salud, se produjeron como parte del ataque instigado por el Estado, que estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques, es decir, asumió plenamente la eventualidad de que se desatara la violencia.
Además, el Estado consintió con lo ocurrido en la medida que no investigó o sancionó a los responsables. Se observa la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos.
El GIEI examinó seis investigaciones de la Fiscalía que guardan relación con los hechos de violencia contra los integrantes de la Caravana del sur en Vila Vila y en Caracollo el 9 de noviembre de 2019.”Todos estos casos han concluido con resoluciones de rechazo o de sobreseimiento”.

El GIEI recomendó a la Fiscalía ordenar la reapertura de los procesos que han sido rechazados o sobreseídos y realizar una asociación de casos entre los distintos procesos relacionados con los mismos hechos, a fin de investigar los diversos delitos de manera coordinada y articulada