‘Fue una mentira’: críticas y retardos a cinco años del acuerdo de paz en Colombia

En un cultivo de coca, escondido en la selva, media docena de jornaleros se levantan con prisa de las hamacas y se dirigen al trabajo para recolectar las hojas verdes brillantes que se convertirán en cocaína.

En el pueblo cercano de La Paz, la base de cocaína se usa como moneda para comprar pan o frijoles. Y, en el centro comunitario, las propagandas pegadas en los muros le rinden homenaje a la insurgencia que, en pueblos como este, nunca terminó.

Se suponía que, en Colombia, esas escenas habían quedado en el pasado.

Acuerdo de paz

Hace cinco años, el gobierno firmó un acuerdo de paz con el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que finalizó un conflicto armado que duró medio siglo y dejó más de 220.000 personas fallecidas.

Los rebeldes aceptaron deponer las armas, y el gobierno prometió integrar a las comunidades rurales abandonadas por mucho tiempo por el Estado colombiano al ofrecer trabajos, carreteras, escuelas y la oportunidad de una vida mejor. Al abordar la pobreza y la desigualdad, se suponía que la paz extinguiría la insatisfacción que había impulsado la guerra.

Pero ahora que se cumplió un tercio del plazo de 15 años del acuerdo, gran parte de esa ayuda aún no ha llegado al campo colombiano. Los grupos armados todavía controlan pueblos como La Paz. Y, según los expertos, es posible que se esté acabando la oportunidad para lograr la paz duradera prevista en el acuerdo.

“Hablaron de beneficios”, dijo Jhon Jiménez, de 32 años, un cultivador de coca. “Fue una mentira”.

El acuerdo de paz de 2016 fue uno de los más completos de la historia moderna, lo que le valió al presidente Juan Manuel Santos el aplauso mundial y un Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos, que invirtió miles de millones de dólares apoyando al gobierno colombiano durante el conflicto, estaba entre sus mayores partidarios.

“Un acuerdo de paz es exitoso si los signatarios no han regresado a la guerra”

Desde entonces, más de 13.000 combatientes de las Farc han dejado las armas. Muchos se están integrando a la sociedad. El acuerdo también estableció un ambicioso tribunal de justicia transicional que investiga los crímenes de guerra y procesa a los principales protagonistas.

Después de cinco años, muchos académicos consideran que un acuerdo de paz es exitoso si los signatarios no han regresado a la guerra. En esos términos, el tratado es un éxito: aunque todavía existen facciones disidentes, como las que se encuentran en La Paz, las Farc no se han rearmado.

Pero muchos investigadores y expertos en seguridad advierten que la transformación de los territorios rurales —lo que constituye el núcleo del acuerdo— es un proceso que se encuentra peligrosamente estancado. Al no ganarse la confianza de la población rural, dicen los expertos, el gobierno está permitiendo que los grupos violentos, viejos y nuevos, se muevan y perpetúen nuevos ciclos de violencia.

“Hay demasiadas cosas que no se han hecho”, dijo Sergio Jaramillo, uno de los principales negociadores del gobierno en 2016.

El presidente Iván Duque, un líder conservador que desde su elección en 2018 se encuentra en la incómoda posición de implementar un acuerdo al que se opone su partido, calificó las críticas como infundadas.

“No hay una implementación lenta en lo absoluto”, dijo en una entrevista. “No solo hemos estado implementando, sino que los temas que hemos implementado serán decisivos para la evolución de los acuerdos”.

Según el mandatario, para garantizar el derecho de los agricultores pobres a la tierra, su gobierno le otorgó títulos de propiedad a miles de ellos y aprobó más de una docena de planes de desarrollo regional. Pero el partido de Duque está aliado con poderosos terratenientes que tienen mucho que perder si se reescriben las reglas de propiedad de la tierra, y muchos críticos lo acusan de demorar esa iniciativa.

Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, que monitorea el progreso del acuerdo, solo el cuatro por ciento de las medidas de reforma rural han sido completadas. En junio, un 83 por ciento adicional acababa de comenzar o no se había iniciado.

Al mismo tiempo, la seguridad ha empeorado en muchas zonas rurales porque los grupos criminales luchan para apoderarse del territorio que antes ocupaban las Farc.

Los asesinatos masivos, los desplazamientos y los asesinatos de líderes sociales han aumentado desde 2016, según las Naciones Unidas, lo que dificulta cada vez más la estrategia del Estado.

Los analistas culpan tanto a Duque como a su predecesor, Santos, por no llenar el vacío dejado por las Farc.

El pueblo de La Paz se encuentra a más de tres horas de la ciudad más cercana, por un camino largo y embarrado. Una estatua de la Virgen María preside las dos calles principales de la localidad. No hay servicio celular y las reuniones comunitarias se anuncian por un altavoz enganchado a un poste en el centro de la población.

Durante la guerra, La Paz estaba en el territorio de las Farc. La coca fue el principal motor de la economía. Los agricultores pobres la recogían, los combatientes rebeldes la recolectaban y los narcotraficantes la convertían en cocaína que luego era transportada hacia Estados Unidos y otros países.

En La Paz, el acuerdo fue recibido con mucho escepticismo y algo de esperanza. El gobierno incluyó esa zona en uno de sus planes de desarrollo, mientras que los cultivadores de coca fueron invitados a participar en un programa de sustitución para ayudarlos a producir nuevos cultivos. Pero los cambios fueron limitados. Se pavimentó una parte de la carretera a La Paz. La electricidad y las ambulancias solo llegaron a algunos de los pueblos remotos.

Una facción disidente de las Farc permanece en la selva cercana, recibiendo nuevos reclutas. Sus “leyes”, establecidas en un manual, dictan todo, desde los castigos para los ladrones (muerte después de una tercera infracción) hasta las reglas laborales (que prohíben la discriminación salarial) y los impuestos (los que tienen medios deben pagar).

La coca sigue dominando

Las carreteras en mal estado les impiden llevar otros cultivos al mercado, dijeron los residentes, y la falta de efectivo los excluye de la economía convencional. La tienda del pueblo acepta la base de cocaína como pago, en vez de monedas y billetes.

“Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es ilícito y le estamos haciendo un daño a Colombia y al mundo”, dijo Orlando Castilla, un líder comunitario de 65 años, que hablaba sobre los cultivos de coca.

“¿Pero para dónde vamos a coger?”, agregó.

En su casa, ubicada en un largo camino de tierra, Sandra Cortés, de 44 años y madre de 11 hijos —su “medio batallón”, como suele decir— afirma que participó en el programa de sustitución de cultivos de coca.

La decisión fue un acto de fe: requirió que su familia arrancara toda su cosecha, que representaba casi todo lo que poseían. A cambio, recibió un año de subsidios equivalentes al salario mínimo, un racimo de árboles frutales, algunos equipos agrícolas y visitas de un técnico que se suponía que le enseñaría una nueva habilidad. Ella quería criar ganado.

Pero pronto terminaron los subsidios, la mayoría de los árboles se murieron y el técnico desapareció. Ella nunca recibió los fondos ni los conocimientos técnicos para el ganado. Desesperada, vendió su tierra a un vecino, dijo, y ahora pide dinero prestado para alimentar a sus hijos.

“Uno se creyó que de verdad era una ayuda para uno, para sobrevivir”, dijo mientras arrullaba a su bebé de 14 meses. “Pero creo que fue un error que la gente cometió”.

Según el gobierno, de las 99.000 familias que participaron en el programa de sustitución, poco más de 7000 tienen nuevos negocios productivos en la actualidad.

Durante otra mañana, en una finca de coca ubicada en las afueras de La Paz, unos agricultores que tomaban un descanso para almorzar dijeron que habían notado un cambio desde el acuerdo de paz. El gobierno había aumentado drásticamente sus esfuerzos para erradicar los cultivos y, con eso, sus medios de vida.

“Ahorita la guerra es del gobierno contra el campesino”, dijo José Yarra, un agricultor de 44 años que se dedica al cultivo de la coca. “Si no tengo otra forma de ganarme la vida tendré que unirme a la guerrilla”, dijo Jiménez, otro agricultor.

En 2022, Colombia celebrará sus elecciones y, por ley, un presidente no puede postularse para la reelección. Así que le corresponderá al sucesor de Duque tratar de construir la paz a pesar de la desconfianza y la inseguridad actuales. Sin embargo, varios expertos afirman que todavía tienen motivos para ser optimistas, aunque con cautela.

“La implementación será cada vez más difícil debido al aumento de inseguridad”, dijo Kyle Johnson —un fundador de Conflict Responses, una organización sin fines de lucro enfocada en temas de paz y seguridad en Colombia—, “pero no es imposible”.

Las Colinas, un pueblo con visión de futuro

A varias horas de La Paz, un pueblo llamado Las Colinas ofrece una visión de cómo podría ser el futuro. Construido tras el acuerdo de paz, Las Colinas es el hogar de cientos de excombatientes de las Farc que ahora llevan una vida civil. Gracias al financiamiento gubernamental e internacional, tienen 270 hogares, una escuela, una casa de reuniones, una clínica de salud, una biblioteca y un laboratorio de computación.

También han formado varias cooperativas y recientemente estaban construyendo un supermercado, un centro de acopio de productos, una planta de alimentos procesados ​​y un restaurante. Desde 2016, más de 60 niños han nacido en ese pueblo.

Pero el éxito está lejos de ser una certeza. No está claro si esos negocios serán rentables o cuánto tiempo durarán los fondos del gobierno y de los donantes.

Y el dirigente del pueblo, Feliciano Flórez —mejor conocido por su nombre de guerra, Leider Méndez— dijo que viven con miedo. Según Naciones Unidas, desde que se firmó el acuerdo al menos 286 excombatientes han sido asesinados, muchos por grupos armados, y algunos por apoyar el acuerdo de paz.

Pero Flórez, de 27 años, sentado en su porche con su niño pequeño en su regazo, alentó a los colombianos a no perder la fe en la paz. “Estamos comprometidos. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas”, dijo. “Es que no hay otro camino”, agregó.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que abarca Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz