El Alto exige se cumpla la Agenda de Octubre

La ciudad parece un león dormido. Sus instituciones han sido copadas por dirigentes del Gobierno del MAS. Pero la lucha es dura y la rebelión está siempre presente.

Se calcula que en la ciudad de El Alto viven poco más de un millón doscientas mil personas. En términos absolutos es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos 10 años. Pero su crecimiento es desordenado y silencioso. Gran parte de sus habitantes trabajan en la sede de Gobierno y se trasladana diario para cumplir alguna actividad productiva hasta La Paz (lustrabotas, vendedoras y vendedores ambulantes hombres y mujeres; obreros de la construcción, profesionales y estudiantes en su mayoría universitarios). Es una de las ciudades más olvidadas y la que cobra mayor importancia en términos de estabilidad política para cualquier Gobierno. La gente en esa ciudad se queja de que tras el derrocamiento de Sánchez de Lozada “las condiciones sociales y económicas no han cambiado sustancialmente”.

Está preocupación fue expresada en el Ampliado de Presidentes de la Fejuve el 10 de septiembre de 2010. El documento dice que “como representación de los habitantes de El Alto no podemos dejar de mencionar que fuimos los más firmes defensores del proceso de cambio pero, la ciudad es una de las más postergadas del país en sus demandas”.

Es común escuchar decir entre sus vecinos que en Octubre de 2003 se luchó y ofrendaron vidas que no serán olvidadas y que la “Agenda de Octubre” se está convirtiendo en un simple discurso. Las demandas de El Alto han sido postergadas mientras se debate en medio del desempleo, la pobreza y el atraso que la han convertido en la ciudad más indigente del país. Ningún representante del Gobierno ni su alcalde del MAS ha hecho algo por mejorar los servicios de infraestructura básicos.

Muchas villas no tienen agua, luz y mucho menos alcantarillado público. Los vecinos en varias zonas deben caminar hasta los riachuelos sucios que se forman en sus calles para rescatar algo de agua y cubrir sus mínimas necesidades. Cerca al 80% de la población en El Alto vive en condiciones de pobreza extrema. Son pocos políticos y dirigentes vecinales conscientes de ese drama que ha disparado los índices de desesperación entre sus habitantes. Los vecinos se quejan de que sus autoridades roban cuando ocupan cargos púbicos. “No hacen nada ni por la gente ni por la estética del lugar”, comenta un taxista -ya de por si inhóspito y frio-, ni para darle una nueva imagen a la Ceja de El Alto por donde transitan diariamente cerca a medio millón de personas por día. La ciudad de El Alto es una parte de la cara del país. Es el ingreso del turismo a la ciudad de La Paz o la salida hacía diferentes países limítrofes.

Los vecinos observan que el alcalde en lugar de hacer obras para su ciudad se ha dedicado a usufrutuar del poder y encubrir la corrupción que se ha detectado en sus oficinas. Dicen por ejemplo que se despide a funcionarios honestos mientras en la subalcaldía del Distrito 5, controlada por René Luis Cocarico, hermano del gobernador de La Paz, se comenten hechos de corrupción. El atraso de El Alto se ve hasta en el rostro de sus habitantes acostumbrados a formar largas colas para conseguir movilidades o simplemente en sus costumbres y hábitos de vida. Es frecuente ver a grupos dispuestos en la calle formando rondas humanas en las que los vecinos comen a cualquier hora del día en puestos ambulantes por la módica suma de 3 bolivianos. Pero El Alto no es solo eso. De acuerdo a datos recabados en diferentes instituciones de vecinos se asegura que en la ciudad novel del país hay como 700 villas, 87 sindicatos de transporte público, un total de 476 líneas de minibuses de los que 47 hacen el recorrido entre El Alto y La Paz (haciendo cada una alrededor de siete viajes diarios); los choferes en su mayoría jóvenes que migraron del campo, protestan por el lamentable estado de la llamada autopista La Paz – El Alto. El alumbrado público es casi inexistente en muchas villas y varios trechos de la autopista están a oscuras. La seguridad ciudadana es otra de las grandes preocupaciones entre sus vecinos.

Se calcula que en promedio una persona que trabaja en La Paz debe gastar 9 bolivianos diarios en transporte. Ninguno de estos datos fueron tomados en cuenta por los autoridades del Ejecutivo para decretar a finales de 2010 el alza de los carburantes. Pero al lado de esta realidad incontrastable, existe el crecimiento de florecientes negocios. La Ceja y sus alrededores se han convertido en una especie de mercado persa donde se pueden encontrar todo tipo de tiendas que ofrecen productos de construcción, repuestos, electrodomésticos y una variedad de servicios que mueven considerables sumas de dinero. Todas las instituciones bancarias han abierto sus oficinas en El Alto. Esa oferta de servicios ha disparado el crecimiento desordenado de la ciudad. De acuerdo a datos de la Alcaldía de El Alto se han extendido cerca a 460 autorizaciones para el funcionamiento de bares y restaurantes, pero se cree que una cantidad similar funciona sin licencia. “Estos lugares son verdaderos antros y preferimos cerrarlos porque fomentan el consumo de alcohol y hasta de droga”, dicen los vecinos. Están alarmados por el incremento de la prostitución y la delincuencia.

El Alto es una masa humana que subsiste en partes gracias a su propia realidad que ha hecho de sus habitantes seres indomables frente a las adversidades, sus necesidades y los cambios políticos que se han producido en el país. En esa aparente forma de fortaleza para luchar por su propia subsistencia, descansa gente que quiere mejorar sus condiciones de vida y conquistar sus propios sueños y objetivos. Varias personas con las que conversó DATOS en esa ciudad sintetizan que el bienestar de una población es mejorando las condiciones de educación, salud, el acceso a los servicios básicos (agua y luz), empleo y seguridad. En ese orden, son los requisitos que cualquier ciudadano desea tener.

Historia

El Alto fue declarada ciudad el 26 de Septiembre de 1986 y desde entonces ha crecido a un espectacular ritmo atrayendo migraciones del campo y de extranjeros (hay dos distritos enteros que albergan casi con exclusividad a ciudadanos peruanos); la mayoría de su población está compuesta de jóvenes menores de 25 años. Esa ebullición constante los ha hecho extremadamente sensibles a los cambios que se han desarrollado en el país en los últimos años.

En Octubre de 2003, días previos a la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, El Alto se convirtió en una especie de polvorín que al pasar las horas canalizó las demandas de varios sectores sociales que fueron claves en el derrocamiento de ese Gobierno, que no resistió la presión social y acabó cediendo ante la presión del movimiento social. Son varias las versiones que persisten sobre la actuación de sus dirigentes y vecinos en esas manifestaciones. El Gobierno derrotado empleó el argumento de que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) – contraria al Gobierno- obligó a la gente a sumarse a las movilizaciones y salir a las calles para tumbar al “neoliberalismo”. Hasta se dijo que fueron obligados a entregar dinero en efectivo a sus dirigentes para solventar el movimiento. Una tercera versión apunta a que corrió dinero de algunas organizaciones internacionales para provocar el caos y la posterior caída del “neoliberalismo”.

Empero, los sectores organizados y sus dirigentes repiten hasta el día de hoy que el movimiento fue espontáneo y que, por lo tanto, los vecinos se manifestaron contra la política oficialista que pretendía exportar gas por Chile a EEUU. Pero, además, también influyó la decisión de la entonces Alcaldía alteña de incrementar los impuestos mediante un nuevo sistema de recatastramiento denominado “Maya, Paya, Quimsa” que enfureció a los propietarios. “Por eso las reivindicaciones sociales son una conquista de la lucha de los vecinos de El Alto que consagró a la presidencia al compañero Evo Morales”, dice un dirigente zonal.

Una vez instalado en el centro del poder en enero de 2006, el Presidente Evo Morales hizo un juramento con lágrimas en los ojos ante el Congreso Nacional en el que decidió gobernar el país escuchando a los movimientos sociales. El recién ungido presidente encontró en esa primera oportunidad motivos para atacar a los líderes políticos que se encontraban en el recinto parlamentario en la ceremonia de posesión acusándolos por la profunda crisis política que sufrió el país a lo largo de las últimas dos décadas. Ese juramento fue seguido de cerca no sólo en el país sino en el mundo entero; se trataba del primer presidente en ganar las elecciones con mayoría absoluta y que no necesitaba alianzas que de entrada habrían debilitado su posición en defensa de los intereses de los sectores empobrecidos.

Además, Evo Morales era el primer líder “indígena” en asumir el mando de la nación. Transcurridos seis años desde aquella gloriosa fecha, para los movimientos sociales, muy pocas cosas han cambiado tal como lo expresa el pliego petitorio de la Fejuve del mes de Septiembre de 2010. La dirigencia sindical fue captada por el poder político y el estado de calamidad pública que se plasmó en la “Agenda de Octubre”, no fue resuelto por el Ejecutivo y se convirtió en la espada de Damocles de la política económico-social de la actual administración. El idilio con las masas tenía que acabar tarde o temprano. No ha sido sólo el decreto por el que se incrementaron los precios de los carburantes, sino la suma de los errores que escondieron en todo este tiempo el deterioro del esquema oficialista, encubierto en millonarias campañas publicitarias detrás de las que se escondía a la población la grave crisis del país. Al mismo tiempo hay versiones de que el Gobierno cooptó a la dirigencia sindical con recursos económicos. El Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, afirma que tiene pruebas contundentes de que el Ejecutivo entregó movilidades a varios sindicatos en el resto del país y hasta una cancha de césped sintético en Huanuni. “Todo a cambió de silencio”, advirtió Solares.

Tres días después del anuncio del alza en el precio de los carburantes faltando pocos días para la Navidad del 2010 los alteños salieron a las calles enfurecidos por el incremento de la gasolina que en pocas horas elevó los productos de la canasta familiar. Los manifestantes quemaron retratos de Evo Morales y juraron defender la economía popular y le pidieron que renuncie. En esas horas que presagiaban una historia similar a las que se vivió en Octubre de 2003, varias personas fueron apuntadas por el Ministerio de Gobierno como responsables por los disturbios del jueves 30 de Diciembre. Entre los responsables que señala el Gobierno, hay una mujer que llegó a la presidencia de la Fejuve de El Alto, con los votos de la mayoría en el último Congreso de la organización, realizado en Julio de 2010. Los vecinos aseguran que en esa oportunidad votaron contra el “voto cerveza” identificado con el oficialismo y a favor de Juana Fany Nina, humilde mujer a la que DATOS encontró postrada en la cama de una clínica privada de El Alto recuperándose de un “accidente” que pudo costarle la vida dos días después de la multitudinaria manifestación contra la política económica del Gobierno. A ella, el Gobierno la identificó como “sediciosa” y responsable de las protestas.

La elección de Fany Nina provocó susceptibilidades. Ella no estaba en los cálculos del Gobierno. Desde el primer día de su nombramiento la presidenta de la Fejuve se instaló firme y comenzó a atender las colas que se formaban en su oficina escuchando las necesidades de la población. Esa forma de trabajar llegó a los oídos del primer mandatario a quien no le gustó que las demandas de El Alto perturbaran su administración.

En Septiembre de 2010, la Fejuve identificó sus demandas y redactó el Pliego Petitorio de seis puntos que reclamaba la atención del Gobierno y pidió reunirse con el presidente Morales. Esa reunión se celebró los primeros días de Octubre en el Palacio Quemado. Además de los ejecutivos de la Fejuve participaron la COR y otras instituciones de la ciudad. Fuentes que tuvieron acceso a esa reunión comentaron que Nina fue agredida verbalmente por las autoridades de Gobierno. Algunos asistentes al encuentro contaron que la representante de la Fejuve estuvo a punto de abandonar la reunión dolida por la posición oficial pero se contuvo al conocer la decisión presidencial de conformar comisiones técnicas que atenderían las demandas planteadas en el pliego.

El 21 de Octubre ejecutivos de la Fejuve – la organización está conformada por 60 cargos ejecutivos – violaron a la fuerza las oficinas de Fany Nina y la expulsaron amenazándola con duros términos por haber traicionado el proceso de cambio conducido por el Gobierno del presidente Morales. Fany Nina relata que desde la intervención a sus oficinas hasta el 15 de diciembre de ese mismo año cuando fue restituida en su puesto, siguió atendiendo a la gente en un escritorio que ella misma instaló en inmediaciones del predio de la organización.

Mientras conversamos en la Clínica El Carmen donde estuvo internada recuperándose del golpe de un minibús que le provocó lesiones de gravedad en ambas piernas, la espalda y el cuello, un allegado le confirma que será procesada por “sedición”. Las lágrimas le resbalan por sus mejillas. “No sé qué voy a hacer”. Luego reflexiona: “No hice nada malo, no falté el respeto a la autoridad. Mi único delito debe haber sido recordarle al presidente que dijo que iba a gobernar con el pueblo. Ha sido el pueblo que se ha manifestado contra el decreto. No he hecho nada malo”, insiste.

El Gobierno busca culpables

El lunes 27 de diciembre, un día después de dictado el decreto el pan (artículo de primerísima necesidad) había desaparecido en El Alto. “No podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Invitamos al pueblo de El Alto a un Cabildo Abierto en el que se decidió convocar a una marcha de protesta por el incremento de los carburantes para el jueves 30. Todos en el Cabildo manifestaron que se sentían traicionados. La gente se acercaba y me decía: ´Ud. nos tiene que ayudar. Esta medida nos va a afectar a los más pobres´. Todo lo que hice fue transmitir ese sentimiento. Yo no tengo poder político ni económico, soy una dirigente normal que trata de cumplir el mandato del pueblo. Evo Morales era una esperanza para cumplir las aspiraciones postergadas durante tantos años en materia de salud, educación, proyectos para beneficio de la gente pobre, industrialización”.

El antes y el después

Las juntas vecinales habían determinado con anterioridad a la dictación del decreto 748 que el Gobierno estaba postergando las demandas de El Alto y que no se había cumplido con la “Agenda de Octubre”. El pliego aprobado el 10 de Septiembre hacía alusión a poner en marcha cuanto antes la construcción de la Planta Petroquímica para la industrialización de los hidrocarburos. El segundo punto del mismo pliego hace mención a la construcción del Hospital de Tercer Nivel Sector Sur y la conclusión del Hospital de Tercer Nivel Sector Norte. El tercer punto solicita la instalación inmediata de todos los servicios básicos para todas las zonas de El Alto; agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario, teléfono, mejoramiento vial y la construcción de ejes troncales que vinculen e integren todos los distritos. El cuarto punto menciona establecer una política pública clara y concreta para la Seguridad Ciudadana frente a los muchos casos de asaltos, muertes, violaciones que día a día siembran el horror en la ciudad. En el quinto punto el documento señala la construcción de la Terminal de Buses Bimodal Metropolitana y finalmente solicita la abrogación del Decreto Supremo 21060  y la aplicación de un plan estratégico de desarrollo real para poner fin a la pobreza y el desempleo.

Ninguno de estos puntos mereció atención de las autoridades, dicen los dirigentes vecinales. Aunque reconocen que se está ejecutando la construcción del Hospital del Sector Norte. El Gobierno definió la conformación de 6 comisiones de trabajo que han quedado en suspenso. La parte final del documento señala “El Alto de Pie Nunca de Rodillas”.