Los dueños de Bolívar

El actual directorio del Club Bolívar actúa de acuerdo a los intereses que le dicta BAISA SRL. Es una institución del deporte cuando quiere hacerse condonar deudas, multas e intereses, pero cuando hace negocios simplemente aparece la sociedad que desde 2008 es propietaria de todos los derechos de administración de la institución celeste.

DATOS recorrió los archivos de la institución antes de su transferencia a BAISA SRL y descubrió anotaciones, publicaciones y una cadena de escándalos no aclarados.

Un nuevo escándalo: El Gran Centro

En medio del boom de la construcción que está viviendo el país, BAISA SRL se dispone a construir en el Gran Centro “Mario Mercado” en la residencial zona de Obrajes. El actual vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales del directorio celeste, Jorge Iturralde, ha señalado que el Gran Centro “no vuelve al Bolívar se queda con BAISA SRL”. Todo vale para la enajenar el patrimonio celeste.

Cualquier empresario de la construcción sabe que para hacer aprobar el permiso de construcción, hay trámites que la Alcaldía exige de acuerdo a norma. En primer lugar se deben pagar los impuestos. Es todo lo que haría un digno empresario -de los que pocos quedan en el Bolívar-; sanear la propiedad y después edificar cumpliendo la ley. Pero BAISA SRL se esconde en subterfugios para evitar cumplir los procedimientos legales. Ha buscado hacerse condonar la deuda por el Gran Centro Bolívar, alegando que es una institución deportiva. Los dueños de BAISA SRL argumentan que el Club es patrimonio de los paceños y baluarte del deporte nacional. Todo por hacerse condonar las obligaciones tributarias que tienen con el Gobierno Municipal de La Paz.

El Gran Centro

Antes de ser transferido a BAISA SRL el edifico tenía 7.053 metros cuadrados de construcción por los que el Club Bolívar percibía unos 18.000 dólares mensuales por concepto de alquileres. El terreno en si tiene una extensión de 2.358 metros cuadrados sobre los que BAISA SRL pretende construir dos torres de 31 pisos con áreas útiles por 30.000 metros cuadrados que le rendirán una ganancia neta estimada en 15 millones de dólares. El Gran Centro Bolívar fue vendido por la señora Teresa Bedoya (tía de Marcelo Claure Bedoya) mediante un poder conferido por Guido Loayza y Jaime Jemio, presidente y secretario general respectivamente, de tal manera que al día siguiente la misma Teresa Bedoya -representante de BAISA SRL- lo transfirió a BAISA SRL.

El caso en la justicia

DATOS tuvo acceso al Auto Supremo Nº 307 emitido el pasado 22 de agosto por la Sala Social y Administrativa del Supremo Órgano Judicial en Sucre que anula la Sentencia 18/2009 de 7 de diciembre de 2009 emitida por una juez de Corte Superior del Distrito de La Paz, que en el marco del proceso contencioso tributario seguido por el Club Bolívar contra el Gobierno Municipal de La Paz, dispuso que la Unidad Especial de Recaudaciones del municipio, emita nueva y correcta Vista de Cargo que fije la base imponible de la deuda. En pocas palabras: que se haga un nuevo cálculo de la deuda que el Bolívar debe pagar por la omisión del pago de impuestos municipales. El Auto Supremo Nº 307 de Sucre advierte que la Sentencia 18/2009 “omitió varios procedimientos del Código de Procedimiento Civil. No consideró ni valoró el recurso de apelación, vulnerando el derecho a la defensa de la Administración Tributaria Municipal”. Exige que el trámite vuelva a fojas cero.

¿Qué harán ahora Claure y compañía? ¿Pagarán y construirán el edificio anunciado en grandes letreros? Y si lo hacen, ¿cuál será la siguiente maniobra en la triste historia de la apropiación del patrimonio celeste? La Sub-alcaldía de la zona Sur deberá explicar ¿cómo, cuándo y porque aprobó los planos de construcción de un terreno con deudas impositivas y en proceso contencioso? ¿Quién autorizó el pago del Impuesto a la Transacción de la venta del Gran Centro? ¿Cómo lograron semejante situación si el predio ya pertenecía a BAISA SRL desde el 17 febrero del 2011?

Apelando a ser una institución “deportiva y patrimonio de los paceños” (sic), BAISA SRL que administra el patrimonio del Club Bolívar por 20 años pretende hacerse condonar una deuda que asciende a unos 2.5 millones de bolivianos por impuestos municipales devengados de gestiones pasadas. Para los lectores de DATOS que no han leído las dos anteriores publicaciones a esta nota, les recordamos que Marcelo Claure, es propietario del 99.99% de Bolívar Administración e Inversiones (BAISA SRL) que administra los derechos pasados, presentes y futuros de la institución celeste.

La historia de los impuestos

En julio de 1999 los entonces dirigentes Mauro Cuellar, Edgar M. Morales y Héctor Alemán solicitaron al director de Recaudaciones del Gobierno Municipal la “exención de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles”, por ser el Club Bolívar “una institución de orden deportivo y sin fines de lucro”.

En agosto de ese mismo año el Gobierno Municipal de La Paz respondió que previamente “la entidad debía presentar su derecho propietario regularizado”. A fines del año 2007 -con nuevo directorio del Club Bolívar- la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió la Resolución Determinativa N° 2326/2007, sancionando al Club a pagar 201.554 bolivianos por un lado y 2.248.566 por otro, bajo conminatoria de iniciar una acción de Ejecución Tributaria.

El 14 de enero de 2009 cuando el Club Bolívar ya no tenía ninguna participación sobre sus activos y pasivos; y BAISA SRL era dueño de todo, apeló ante la Corte Superior del Distrito de La Paz, para dejar sin efecto la Resolución Determinativa N° 2326/2007 indicando que se trata de “una entidad deportiva sin fines de lucro y exonerada del pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles”. El documento dice de manera textual que “el Club Bolívar fundado en 1925 constituye un patrimonio de todos los paceños”.

El 18 de noviembre de 2009  la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo, Fiscal Tributario de la Corte Superior de Distrito de La Paz, dispuso dejar sin efecto la Resolución Determinativa N° 2329/2008, “hasta que se corrijan las deficiencias identificadas en el informe”. 15 días después, el 7 de diciembre de 2009, la juez dictó la “Sentencia Nº 18/2009 anulando obrados hasta el vicio más antiguo”. Y el 7 de febrero de 2011 la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental confirmó la sentencia “sin costas en aplicación del artículo 39 de la Ley 1179”.  Siguiendo el recurso de apelación ante la Corte Superior del Distrito de La Paz, la Sala Social y Administrativa Segunda, dictó el 7 de febrero de 2012 el Auto de Vista N° 011/2012 SS.A.II confirmando la Sentencia N° 18/2009 de fecha 7 de diciembre de 2009.

El Gobierno Municipal de La Paz interpuso un recurso de casación ante el Órgano Judicial en Sucre el 6 de marzo de 2012, solicitando “se mantenga la Resolución Determinativa N° 2326/2007 y consecuentemente el pago de los adeudos de acuerdo a Ley”.

Empero, el pasado 22 de agosto la Sala Social y Administrativa del poder judicial en la capital de la República emitió el Auto Supremo N°307 que anula obrados y dispone que el Tribunal de Alzada “emita nueva resolución exhaustiva que resuelva los agravios expresados en el recurso de apelación”. Considera que la entidad demandante “vulneró el derecho a la defensa de la Administración Tributaria Municipal, así como el debido proceso…” También señala que “…la juez no valoró ni aplicó correctamente las pruebas presentadas omitiendo el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil…”. Asimismo, “…que es totalmente falso que la institución hubiera presentado pruebas en el marco del proceso de fiscalización”, y señala “…que no actuó en el marco de la legalidad al basarse en informes inexistentes…”

Antecedentes para desentrañar el meollo

En 2007 se desató una ferviente batalla por el control de la directiva celeste. Esa campaña llegó a su punto culminante el domingo 21 de octubre de 2007. Ese día, los miembros del Tribunal de Honor, convocaron “a los bolivaristas disconformes con la manera como se ha manejado el Club para comenzar un nuevo proceso”. Se invitó a la hinchada bolivarista a inscribirse como nuevos socios y a participar de una caravana que transitó varias arterias de La Paz y confluyó finalmente en la plaza Abaroa donde se abrieron los libros de inscripción. “Los celestes no tendrán que pagar nada para hacerse socios de la entidad, solo presentar una fotocopia del carnet de identidad”, decía la convocatoria.

Se calcula que en la plaza Abaroa se registraron unos 300 nuevos socios.  El directorio a la cabeza del ex presidente Mauro Cuellar expresó abierta disconformidad con ese procedimiento.

En publicación del periódico La Razón, el directorio aclaró “que no es atribución del Tribunal de Honor captar socios porque no es de su competencia ni jurisdicción”. Además, señaló que “la actuación del tribunal es ilegal, porque al margen de haber sido elegidos en una Asamblea Ordinaria, nunca fueron posesionados y porque de los 10 socios elegidos y no posesionados, solamente Guillermo Fortún, Jorge Tejerina, Guillermo Monje e Iván Alemán, cumplían los requisitos”.

Ante estos hechos, el entonces presidente del Club Bolívar convocó a elecciones el 23 de noviembre para elegir al nuevo presidente de la institución. En la votación ganó la presidencia el dirigente Mario Lara que días más tarde de ser posesionado convalidó el registro de los  nuevos socios y ratificó a los miembros del Tribunal de Honor a los que pidió convocar a elecciones “en clara contraposición a lo dispuesto por la norma”. Las elecciones se llevaron a cabo de todas maneras el 19 de diciembre. Los ex dirigentes del Bolívar hacen notar que “otra irregularidad es que todas las resoluciones del tribunal están firmadas por Guillermo Monje, como presidente y Jaime Jemio, como secretario siendo que estos jamás fueron elegidos para conformar el tribunal. Todas estas actuaciones se realizaron con los inscritos en la plaza Abaroa, se modificaron los estatutos y se logró su aprobación en grande a pedido del presidente del tribunal”.

En las elecciones del 19 de diciembre con el aval de los socios inscritos en la plaza Abaroa, Marcelo Claure y Guido Loayza son elegidos a la copresidencia del Club Bolívar. Ocho meses después, el 12 de septiembre de 2008 en una solicitada pagada, esa directiva celeste “convoca a todos los socios legalmente habilitados (inscritos de la gestión 2007 en la plaza Abaroa) a la asamblea general ordinaria que se realizará el día viernes 19 del mes en curso a las 14:30 en el Gran Centro Bolívar para considerar la propuesta de Sociedad Anónima”. Esa asamblea acabó entregando el 100% de la administración del Club Bolívar por 20 años y cinco de gracia a una sociedad constituida con un capital pagado de Bs. 1.000.

Mauro Cuellar y Guido Loayza

El actual presidente del Club Bolívar, Guido Loayza, declaró en reiteradas oportunidades durante el 2007 que “esta cruzada no es en contra de nadie, mucho menos en contra de Mauro Cuellar y de su directorio, es a favor del Club, en procura de que saquemos al Bolívar adelante”. Loayza invitó al propio presidente de la entidad y a sus colaboradores a adscribirse al proyecto. Pero, ¿de qué proyecto hablaba Loayza? Ya en octubre de 2007, Loayza confesó que “se presentaría un plan que consiste en crear un brazo derecho para la academia, una sociedad mercantil que se haga cargo de llevar adelante los negocios del Club sin afectar el patrimonio institucional”.

Por su parte, el ex presidente del Club Bolívar, Mauro Cuellar, apuntó  a Loayza como responsable del golpe planificado contra su gestión. Dijo que conocía el proyecto al que se refería Loayza. Advirtió que se estaba conformando un bloque “con una planificación con dos tipos de proyectos: uno institucional dirigido a la parte patrimonial, a cuya cabeza se encontraba Marcelo Claure y otro por la parte deportiva que sería manejado por Guido Loayza”.

El golpe

En un reciente artículo publicado en un periódico de circulación nacional, Marcelo Claure señaló que en 20 años que dura el contrato “invertirá de su bolsillo 20 millones de dólares y le devolverá a la institución un patrimonio mayor del actual”. Dice además que “BAISA SRL no es dueña de nada”. Sin embargo, el contrato de administración establece que BAISA SRL devolverá en 20 años de administración un patrimonio neto que se deduce de los activos y pasivos de la institución; monto que es de 1.9 millones de dólares más una tasa libor con cinco años de gracia. Se debe recordar que la clausula undécima del contrato reza al pie de la letra que “BAISA tendrá derecho a una remuneración equivalente al total de toda utilidad generada por Bolívar”. Y para garantizar que no perderá un solo centavo Marcelo Claure hipotecó el Gran Centro Bolívar por un millón de dólares.

Miente Claure cuando señala que “BAISA SRL no es dueña de nada”. La escritura pública de transferencia faculta a la sociedad a “disponer, transferir y vender aquellos bienes, activos y derechos que son propiedad el Club Bolívar”. Esa parte de contrato explica a las claras el punto hasta donde llega la enajenación del patrimonio celeste.

Las anomalías

1. Los dirigentes celestes observan que los habilitados para emitir voto en las elecciones de fecha 19 de diciembre eran únicamente los socios debidamente registrados en los libros notariados que fueron cerrados el 31 de agosto de 2007.

2. Las asambleas convocadas por el Tribunal de Honor estando en ejercicio el directorio electo y legítimo de Mario Lara, no tienen ninguna validez y mucho menos la abrupta modificación de los Estatutos.

3. Hacen notar que los nuevos socios inscritos en la plaza Abaroa “no cumplían con ninguna de las obligaciones fijadas de acuerdo a las normas internas”. Se los eximió de cualquier carga económica (cuotas) que habían sido cubiertas por los socios debidamente notariados.

4. Con estas acciones se demuestra claramente que utilizaron a los socios reclutados en la Plaza Abaroa para legitimar sus actos que a todas luces ilegales.