El juicio del siglo y sus implicaciones políticas

Las dudas sobre la autenticidad de las cintas grabadas. Por qué este episodio sangriento podría minar la popularidad del Gobierno.

A estas alturas, ya nadie duda que el caso denominado “terrorismo” se ha convertido en una carga pesada para el Gobierno del presidente Morales. El peso ha comenzado a minar la estructura gubernamental, tras una serie de develaciones que ponen el caso al rojo vivo y abre un episodio que podría ser una de las peores derrotas para la actual administración. Los detenidos que hasta hace poco preferían guardar silencio por temor a represalias, han decidido salir a la palestra envalentonados desde que el proceso ingresó en una especie de nebulosa; primero por la revelación de un video presentado por la senadora Ana María González en el que, con la voz del propio fiscal Marcelo Sosa, se escuchan confesiones como por ejemplo que las pruebas para la imputación han sido sembradas.

Luego de este episodio, Marcelo Sosa desapareció al menos durante una semana; posteriormente el propio Gobierno lo conminó a reaparecer porque no solo estaba en juego la imagen del propio presidente, sino la defensa legal del proceso en el que el Gobierno ha apostado su triunfo político y su permanencia indefinida en el poder.  Este episodio, acabo confirmando los temores de las más altas autoridades del Gobierno que necesitaban un clima propicio para aniquilar los bastiones de la oposición concentrada en la denominada media luna.

Pero las cosas así como están se han convertido en un arma de doble filo que puede apuntar hoy contra las autoridades de la actual administración volcando el caso en favor de un centenar de personajes entre detenidos y prófugos que pelean para que se conozca la verdad; están detenidas o tuvieron que abandonar el país por temor a ser detenidas en un juico que no acaba de cerrar y podría complicar la imagen del presidente y de las más altas autoridades del Gobierno del MAS a nivel internacional.

Durante todo este tiempo se han escrito libros en profundo silencio como forma de paliar el incontrastable miedo de hablar de los detenidos y prófugos  incluidos  en el proceso “terrorismo”. Uno de implicados en la supuesta facción que tenía el objetivo de desmembrar el país, el ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes ha publicado una versión dramática de su verdad en el libro “Desde adentro”. Un relato que impacta y plantes muchos cuestionamientos. A pesar de no estar escrito con tecnicismos, deja abreviado en su sencillo relato, la inconsistencia de la acusación.  Dice que ese día fueron apagadas las cámaras de seguridad del hotel Las Américas y se borraron los registros a partir del ingreso de los malogrados huéspedes. Además plantea las dudas más relevantes en torno a este episodio sangriento.

El continuó amedrentamiento que han sufrido los supuestos implicados, el allanamiento de sus viviendas, las torturas a las que han sido sometidos, los castigos en celdas inhumanas, forman parte de la otra verdad. Alberto Villa Vargas, alias “el viejo” dice estar dispuesto a presentar grabaciones comprometedoras. Pero ni aun así el Gobierno se aplaca y señala por su parte que todo es real y no un montaje como afirman los detenidos.

El periodista Carlos Valverde autor del libro “¡Maten a Rózsa!”, se pregunta si lo más lógico no hubiera sido dejar con vida a los supuestos “mercenarios” para saber la verdad sobre su presencia en Bolivia.

Una sola versión es insuficiente para determinar el punto final del relato. Tampoco del otro lado; contado por el entonces director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, Carlos Núñez del Prado, que le dijo a la agencia de noticias Al Jazeera que los estamentos de inteligencia del Estado boliviano sabían con pruebas fehacientes que los extranjeros hospedados en el Hotel Las Américas habían llegado a Bolivia para provocar una guerra civil que duraría tres años y provocaría al menos 30.000 víctimas fatales. El mismo Núñez del Prado sustenta contra toda lógica la versión de un enfrentamiento duró unos 25 minutos. Versión que ha sido puesta en duda por el propietario del hotel y por las pericias técnicas de expertos extranjeros que examinaron los cadáveres de las víctimas de esa acción policial.

Esa madrugada murieron en el asalto al Hotel Las Américas Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad croata pero de madre boliviana y según su propia biografía soldado aplicado en la guerra de los Balcanes que entre 1990 y 2000 impacto al mundo con el éxodo de poblaciones enteras y la muerte de al menos 250.000 civiles entre niños, mujeres, ancianos y soldados;  Michael Dwyer, de nacionalidad irlandesa y el húngaro Árpád Magyarosi.

El caso más delicado es el que corresponde a la lectura del examen forense del cuerpo de Dwyer. Los peritos que analizaron el cadáver indican que su estudio tiene amplio valor legal para cualquier tribunal internacional e inclusive para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Contra la Tortura y las Ejecuciones Extrajudiciales. El informe plantea que Dwyer fue acribillado mientras se encontraba sentado en su cama, con una bala que le explotó el corazón. En el cuerpo de Magyarosi se encontraron disparos en los antebrazos. Según los peritos que analizaron su cuerpo eso quiere decir que murió maniatado con los brazos arriba en señal de rendición.

Por primera vez después de mucho tiempo, el Gobierno acostumbrado a imponer la agenda política sobre varios temas, quedó al descubierto e impedido de seguir gestionando acciones que considera logros políticos en el ámbito judicial. En esa posición de indefensión, apenas atino a presentar un video contra la senadora Carmen Eva González, pero su efecto fue nítidamente insuficiente. A los pocos días y acorralado por las denuncias, el Gobierno dispuso para Sosa unas vacaciones forzadas hasta que se vuelva a reamar y sustentar un proceso que ha comenzado a remecerse desde varios frentes.

En la cúspide de la pirámide se exponen las principales autoridades de la actual administración. El primer mandatario fue quien en una entrevista al día siguiente del operativo en el hotel Las Américas dijo que estaba al tanto de la acción policial y se hizo responsable del hecho en el que fueron acribillados tres supuestos “mercenarios” que habían llegado a sembrar la división de Bolivia y atentar contra su integridad. Ha quedado expuesto el propio segundo mandatario que ese día ocupaba el primer puesto de mando del país y sabía todos los pormenores de la incursión armada.

Varios ministros de Estado estaban al tanto del hecho. En suma, estos funcionarios y otros de menor rango sabían del operativo. Incluso algunos directores del Ministerio de Gobierno impartieron órdenes a pocos metros donde se registró la matanza. Es el caso del director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno Juan Carlos Núñez del Prado, que se encargó de lavar las pruebas entregando dinero a quienes podrían convertirse el día de mañana en testigos de la acción armada.

Los familiares de las víctimas han declarado en sus países que no descansarán hasta que se sepa la verdad. Afirman en base a rigurosas investigaciones sustentadas en análisis de peritos y apoyo de sus gobiernos  que fueron ejecutados en total indefensión. Uno de los sobrevivientes de la incursión armada la madrugada del 16 de abril de 2009, que hasta hace poco prefería no hablar del caso dijo en una entrevista a los canales de televisión que está seguro que Eduardo Rózsa, se había rendido.

El caso ha tomado otras connotaciones para el Gobierno y hay analistas que se atreven recién ahora a plantear que el caso “terrorismo” le podrá costar un importante caudal de votos al Gobierno si el caso se mantiene en la nebulosa por más tiempo, y no se aclara hasta el próximo año cuando el país enfrente un proceso electoral.

El caso es tan patético que tras la detención del asesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera por su envolvimiento en la red de extorsión y al haber asumido como querellante en el proceso su reemplazante, la abogada Paola Barriga, se vio literalmente forzada a renunciar a sus funciones. Antes de alejarse del cargo la abogada ha señalado que la sustentación de la causa es “sólida” pero no explica por qué dejó el caso a medias. En fuentes de esa secretaria de Estado se dice que su renuncia generó un profundo malestar en el Gobierno. “Estaba plenamente identificada con los equipos”, dijo una fuente de esa repartición estatal.

La abogada querellante habría renunciado un día después de sostener una agria discusión al enterarse que el Tribunal Constitucional emitiría un fallo aceptando el pedido de acción de libertad planteado por los abogados del ex militar Gary Prado Salmón, que es acusado en el mismo proceso, por haber facilitado mapas y logística a los supuestos “mercenarios”. Esa determinación del TC abrió las compuertas al resto de detenidos para beneficiarse con el fallo. El Tribunal Constitucional ordenó que el juicio pase a conocimiento de un juez natural, generando una avalancha de solicitudes para que el tribunal que conoce la causa decline su competencia.

Con esa determinación, el Gobierno comenzó a perder espacios en uno de sus terrenos preferidos. Ha comenzado a lanzar los dados fuera del manto que hasta hace poco cobijó una supuesta moral pública para juzgar a personas que como el propio Juan Carlos Guedes dice en su libro es la peor pesadilla para ellos y sus familias.