ONU recomienda terminar corrupción en cárceles

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, pidió a la administración de Justicia y a la Policía que deben terminar con la corrupción para agilizar los procesos de los reclusos de las diferentes cárceles del país y con el hacimiento existente.

La población carcelaria en Bolivia asciende a más de 14.000 reclusos y está afectada por la retardación de justicia ocasionando un hacinamiento en las cárceles. Se suma a ello las acciones que asumen abogados, policías, jueces fiscales y autoridades de Régimen Penitenciario.

Disposición del Gobierno no es suficiente

Denis Racicot, señaló que el nuevo Indulto y Amnistía presidencial para los privados de libertad no es suficiente y que requerirá de otras medidas alternas para contrarrestar el hacinamiento de las cárceles y la retardación de justicia en el país.

Expresó que aunque este decreto aliviará de alguna manera la problemática del hacinamiento, “es necesario trabajar otras medidas urgentes para revertir el fenómeno de retardación de justicia que se observa desde hace muchos años”. Señaló que la retardación de justicia es un problema del cual son responsables los operadores de justicia como la Policía, la defensa legal, los abogados, los jueces y fiscales e incluso Régimen Penitenciario. “Todos ellos, los operadores de justicia, deber reflexionar y buscar estas soluciones a corto plazo”, dijo.

Planteó algunas otras medidas para coadyuvar en la solución de la problemática como audiencias en las cárceles, audiencias aceleradas, revisión del rezago, identificación de los expedientes y un trabajo más eficaz de la justicia; todo esto como medidas a corto plazo; aunque también mencionó otras, a ser aplicadas en un largo plazo, como una reforma del colchón procesal penal, “porque el actual origina rezago”.

“Porque algunas reglas distorsionan completamente el sistema, ya que se implementó aquí en el 2001, se quiso hacer un sistema acusatorio reemplazar el antiguo y también creaba el mismo problema de rezago de personas sin sentencia, incluso una proporción más elevada que hoy en día, se cambió todo el sistema, pero 10 u 11 años después seguimos con el mismo problema, entonces algo no funciona”, señaló.

Sin embargo, manifestó que es necesario que el nuevo Indulto presidencial se implemente de forma adecuada, “que no se quede como letra muerta en el papel”, ya que beneficiaría a una proporción de privados de libertad, en un corto plazo.

“Eso puede aliviar un poquito el hacinamiento actual, eso ayudaría, pero donde hay que trabajar lo más fuerte en estos momentos es en la articulación entre el Régimen Penitenciario y los detenidos para que puedan asistir a sus audiencias y los operadores de justicia para que la justicia sea eficaz en su administración”, refirió.

Criticó la postergación de los procesos y las audiencias por motivos inaceptables, así mismo la labor antiética de los abogados, jueces y fiscales, “quienes deberían acelerar las audiencias”, añadió.