Bolivia enfrenta seis arbitrajes internacionales

El Estado boliviano enfrenta seis arbitrajes a causa de la nacionalización de varias empresas privadas que realizó desde 2006. Tres firmas piden  compensaciones que, en conjunto, suman al menos $us 1.725 millones.

Uno de los procesos fue iniciado por  la compañía británica Rurelec PLC que remitió, el 13 de mayo de 2010, la carta de notificación formal de controversia al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), realizada el 1 de mayo de esa gestión.

El 2 de marzo de 2012, la firma indicó que la “indemnización completa” que busca por la estatización de sus acciones en Guaracachi alcanza un monto de $us 142,3 millones, “más los intereses” generados “hasta el pago total” de la compensación económica.

El 17 de agosto de 2013, la Procuraduría General del Estado (PGE) dijo que observó en la Corte Internacional de Arbitraje de París como “exorbitante y excesiva” la demanda de indemnización por parte de la británica. Según una orden de procedimiento del tribunal arbitral, la audiencia en el proceso de arbitraje de Rurelec por Guaracachi se efectuó entre el 2 y el 10 de abril del presente año.

El segundo arbitraje lo presentó Pan American Energy (PAE) el 12 de marzo de 2010 contra el Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la petrolera Chaco, en la cual tenía el 50% de las acciones.

La PGE se reunió con ejecutivos de PAE para resolver la controversia por el diálogo, pero la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012. Ante ese hecho, la Procuraduría, el 7 de septiembre de ese año, notificó al Tribunal que presentará la excepción preliminar de falta de mérito jurídico.

Reactivación. La petrolera PAE convalidó el 24 de septiembre de este año un arbitraje contra el país y reclama $us 1.493 millones de indemnización por la estatización de acciones de Chaco, monto que incluye daños y perjuicios, informó Página Siete.

El tercer caso es el arbitraje interpuesto por Abertis Infraestructuras SA de España (SABSA) que remitió, el 5 de mayo de 2011, la notificación de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas Mercantil Internacional.

El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó las acciones de Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA debido a que incumplió un plan de inversiones para mejorar las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal. Abertis reclama $us 90 millones a Bolivia por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90%) y AENA (10%).

La cuarta demanda la interpuso la empresa chilena Quiborax Non Metallic Minerales el 4 de octubre de 2005 ante el CIADI por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni. El 6 de julio de 2010, la compañía reanudó el arbitraje pero se desconoce la cifra de compensación.

El quinto arbitraje fue presentado por Jindal Steel Bolivia (JBS) ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional, en diciembre de 2011, por la ejecución de la primera boleta de garantía que el Gobierno ejecutó en 2010, por $us 18 millones. El 30 de abril de 2013, la canadiense South American Silver inició un arbitraje contra Bolivia por la nacionalización “sin compensación” de su concesión minera en el cerro Mallku Khota. En ambos casos no se conoce el monto de indemnización.