Absuelven a Joaquino por compra de autos usados

El Tribunal Segundo de Sentencia de Potosí determinó ayer la sentencia absolutoria para el alcalde, René Joaquino, quien era acusado junto a seis concejales de haber cometido irregularidades en la compra de autos usados para la Alcaldía en 2006.

El Alcalde argumentó que los acusados presentaron toda la documentación donde se demostró que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en la denuncia presentada por la Fiscalía.

“El Ministerio Público no ha podido presentar nuevas pruebas. Se han sostenido simple y llanamente en la acusación inicial y no han aportado absolutamente nada como para señalar que hemos cometido error. En cambio, nosotros hemos presentado pruebas y obviamente el debate ha sido amplio y la conclusión es una sentencia absolutoria de toda pena y culpa”, dijo Joaquino a la red Erbol.

Joaquino y seis concejales fueron acusados de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de 12 vehículos a medio uso en la gestión 2006, transacción en la que se invirtieron 152 mil dólares.

Por su parte, el juez José Pinto Andia, manifestó que se cumplió con el pronunciamiento de la sentencia al establecer que no se cometió ningún tipo de delito por parte de los sindicados.

“El Tribunal Supremo de Justicia había emitido ya un criterio respecto de que tendría que plasmarse un daño económico materializado en dinero monetario para que se pueda conminar por este delito, lo cual no se ha demostrado en este juicio. Los tres jueces ciudadanos con su voto unánime han decido dar absolución”, dijo la autoridad judicial.

Pinto también explicó que los fiscales no individualizaron la acusación. “Prácticamente no decían cuál era la responsabilidad de cada uno”, apuntó.

Además, señaló que la defensa presentó varios informes previos, concurrentes y posteriores a la compra, por lo cual se descartó esta acusación.

De todos modos, Joaquino ya había retomado la Alcaldía en febrero de este año cuando el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de suspender a una autoridad sin que ésta tenga sentencia ejecutoriada.