Bruselas investigará equipos españoles

Bruselas está a un paso de castigar el vínculo que en España se ha establecido entre fútbol, administraciones públicas y constructores. El anuncio de una investigación europea a siete clubes, entre ellos el Madrid y el Barcelona, procedió este lunes de quien menos se podría esperar. Al término de una rueda de prensa en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, adelantó que mañana miércoles la Comisión Europea abrirá un expediente por ayudas públicas ilegales concedidas a los dos gigantes y al Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules.

Los motivos para investigar a los equipos españoles son distintos, pero todos apuntan en la misma dirección: la sospecha de que se han beneficiado de un trato de favor que les ha permitido competir con ventaja frente a sus rivales nacionales y extranjeros. El Gobierno, que a tenor de las declaraciones de Margallo se erigirá en defensor de los clubes analizados, tiene un mes para recopilar argumentos que rebatan las sospechas de Bruselas. Si las explicaciones no convencen a Joaquín Almunia -máxima autoridad de competencia europea y, al mismo tiempo, conocido aficionado y socio del Athletic-, la Comisión forzará la devolución de las ayudas ilegales, en una factura que se adivina millonaria.

Margallo -que anunció la investigación de Bruselas por iniciativa propia, sin que ningún periodista le preguntara por el tema- ha adelantado ya cuáles serán sus argumentos: ningún equipo ha cometido alguna irregularidad. “Es obvio que el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes españoles, que también forman parte de la marca España”, señaló el ministro.

Las sospechas de Bruselas apuntan en tres direcciones. Por una parte, el Madrid, Barça, Athletic y Osasuna podrían haber incumplido las normas al no convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. La ley de 1990 les eximía de una obligación que afectaba al resto de clubes. De esta forma, los cuatro equipos se han beneficiado de unas condiciones de tributación más beneficiosas, así como de un estatus de organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Pero por qué ha esperado la Comisión más de 20 años para investigar si estas prácticas violaban las normas europeas? Porque hasta 2009 nadie protestó. Tras la falta de respuesta ante esta queja, el Defensor del Pueblo Europeo envió una carta al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, en la que aseguraba que no le convencían las explicaciones que había dado la Comisión para justificar su falta de respuesta.

La segunda línea de investigación, probablemente la más avanzada y la que arroja menos dudas, afecta a los clubes valencianos. Bruselas analizará los vínculos del Valencia, Elche y Hércules con los gestores autonómicos. En julio de 2011, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, avaló préstamos a los tres por valor de 118 millones. Ninguno de ellos pagó sus deudas, por lo que la Comunidad Valenciana tuvo que hacerse cargo, con la consiguiente merma para las finanzas públicas. Los préstamos que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió al trío de clubes se hicieron “en condiciones de mercado”, defendió el ministro Margallo.

La tercera pesquisa de los servicios que dirige el comisario Almunia afectarán al Real Madrid por la permuta de terrenos en Valdebebas y al Athletic por las ayudas que recibió para construir su nuevo estadio. Bruselas estudia la operación por la cual el 80% de la parcela de la vieja ciudad deportiva del Real Madrid pasó a propiedad pública. A cambio, el club podía levantar en el espacio restante cuatro torres de oficinas y se quedaba con el terreno para su ciudad deportiva en Valdebebas. “La valoración que se dio a los terrenos de uno y otro lado es perfectamente coherente con el mercado”, aseguró Margallo.

Por si fueran pocos, estos no son los únicos frentes que los clubes españoles tienen abiertos con las autoridades europeas. Los impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, algo bastante habitual en el sector, están también en estudio. “La Comisión es consciente de las cantidades sustanciales en impuestos y cotizaciones que los clubes profesionales españoles adeudan a las Administraciones”, aseguró a principios de año el propio Almunia en una respuesta al Parlamento Europeo.

El bombazo que soltó Margallo tuvo un efecto inmediato entre los afectados, excepto en la Comisión Europa, cuyos portavoces declinaron hacer comentarios. En un comunicado, la Liga de Fútbol Profesional dijo no tener constancia oficial sobre “la posible incoación de un expediente” y mostró su apoyo “incondicional y absoluto” a los clubes y sociedades anónimas deportivas. “Esta patronal manifiesta su profundo convencimiento de que sus actuaciones se han ajustado al acervo comunitario y al ordenamiento español”, añadió.

Cuando la Comisión anuncie esta semana el proceso de infracción, el Gobierno tendrá un mes para presentar unas alegaciones que, según el propio Margallo, ya están listas. Además, se abre un plazo de tres meses para que terceras partes presenten sus argumentos. Concluida esta fase, será el turno de Almunia o, si los plazos se alargan, de su sucesor al frente de Competencia en la nueva Comisión que se formará en noviembre.