¿Son legales los pinchazos telefónicos?

Tres normas hacen legales “pinchazos” telefónicos

Previa autorización judiciales, la práctica de los “pinchazos” telefónicos están legalizados en tres normativas vigentes en el Estado Plurinacional; el resto de las denuncias son espionaje político, según concluyeron legisladores de oposición que se declararon víctimas de lo que ellos consideran una forma de seguimiento político.

Las leyes que permiten las escuchas, previa autorización judicial, son la Trata y Tráfico de Personas, Marcelo Quiroga Santa Cruz y la  Ley 1008, con el objetivo de lograr la captura de personas que cometen actos ilegales, informó la diputada de oposición  Norma Piérola.

La Ley de Trata y Tráfico de Personas en su artículo 41 (Intercepción y grabación de llamadas) establece que la o el fiscal de materia podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intercepción y grabación de llamadas telefónicas, de manera fundada, cuando existan serios indicios de la participación de una persona en asociaciones u organizaciones delictivas, en los hechos delictivos relacionados con los delitos de trata y tráfico de personas”.

La Constitución Política del Estado señala que la intervención de llamadas o “pinchazos” sin autorización judicial por parte del Gobierno es un delito porque se viola el derecho a la intimidad de las personas, lo que es considerado como espionaje telefónico, aseguró Piérola.

El artículo 25 de la Constitución estable que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.

Ex asesores afirman que se compraron equipos de escucha

Tres ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, acusados por el caso red de extorsión, y un exfiscal aseguraron en un memorial presentado ante un juez de La Paz  que en el primer semestre de 2012  la jefa nacional de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral  contra el Narcotráfico (UELICN) contrató la compra de equipos de radioescuchas y aparatos de intercepción telefónica.

De acuerdo al memorial, durante seis meses los equipos operaron bajo la responsabilidad del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

Con estas afirmaciones, los abogados Boris Villegas, Fernando Rivera, Denis Rodas, Isabelino Gómez y Ramiro Ordóñez  tramitaron una acción de libertad que les fue negada, dentro del juicio por extorsión y corrupción abierto por el Gobierno.

Adicionalmente, revelaron la actitud de persecución política contra los opositores y espionaje telefónico, como lo ocurrido contra la diputada Marcela Revollo, a quien acusaron de ser financiadora de la VIII marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La red ERBOL informó el 6 de febrero de 2013 que los acusados aconsejaron buscar antecedentes del proceso de contratación y adjudicación de los equipos cursantes en la UELICN. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, rechazó en su momento estas denuncias de supuesto espionaje.

La posición esgrimida por los tres exasesores es distinta a  las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, quien, en pasados días, negó que el Gobierno haya comprado o tenga actualmente equipos de “pinchazos” telefónicos y, por el contrario, apuntó a la Embajada de EEUU de hacer esta práctica para incluso espiar al Gobierno.

La polémica del “pinchazo” telefónico subió de tono después de que el presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, asegurara que sus conversaciones telefónicas eran grabadas, fiscalizadas y supervisadas.

El propio presidente Morales denunció que sus conversaciones con el alto mando policial fueron grabadas, extremo atribuido a Boris Villegas.

Las denuncias de “pinchazos” son constantes en el país

“No puedo informarle, mi teléfono está intervenido, disculpe”. Esta frase corresponde al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional  Gualberto Cusi, quien la  pronunció a Página Siete  hace dos semanas, antes de que su colega presidente Ruddy Flores revelara que sus llamadas telefónicas son “grabadas, supervisadas y fiscalizadas por sistemas de inteligencia”.

Desde que el presidente Evo Morales asumió el mando de Bolivia, se registraron al menos cuatro denuncias de intervención a las llamadas telefónicas de diputados, dirigentes indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS y a las autoridades judiciales. Las mismas fueron reveladas por el Gobierno.

No obstante, ante la revelación de las conversaciones, ninguna autoridad jurisdiccional abrió una investigación. La diputada opositora Norma Pierola sospecha que esa actitud pasiva invita a suponer que los “pinchazos” son conocidos por el mismo Gobierno, que  aprovecha  el soporte técnico que tienen los organismos de inteligencia, situación que los ubica en el terreno ilegal del espionaje telefónico.

El primer caso se registró en agosto de 2011, cuando el presidente Evo Morales mostró en el canal estatal una lista de llamadas telefónicas que presuntamente realizaron dirigentes y familiares de éstos a funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos cuando se desarrollaba la marcha en defensa del TIPNIS, recordó la diputada Piérola.

Morales -en esa oportunidad- mostró los extractos del diputado Pedro Nuni, Roxana Marupa Tórrez, esposa del dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez, y Rafael Quispe, ex dirigente de Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq).

“Esto es lo más sospechoso (…) las llamadas telefónicas de la Embajada de Estados Unidos al hermano Rafael Quispe; yo sabía, tenía mucha información (…), el 15 de agosto, día de la marcha, llamó el representante de la embajada al compañero Quispe, ahí están las llamadas, el día 2 de junio dos llamadas, 20 de junio una llamada, 6 de julio otra llamada”, detalló Morales.

El segundo caso es de la diputada del MSM  Marcela Revollo. En mayo de 2012, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó un audio y la transcripción de la conversación de la diputada Revollo, quien ofrece a su colega Pedro Nuni y al dirigente indígena Yosin Fabricano, sobrino de Marcial Fabricano, apoyo económico a la marcha en defensa de la reserva ecológica.

“Esta conversación revela (de) una estrategia política, sobre todo la coordinación de un financiamiento económico. En reiteradas oportunidades la diputada Revollo pide los datos, el número de carnet de la persona para hacer el depósito del financiamiento”, denunció Romero, quien aseguró que el audio le enviaron en un sobre con el rótulo de confidencial en 16 de abril de 2012.

Revollo presentó una querella contra el ministro Romero, acusándolo de espionaje gubernamental. “El caso sigue en los juzgados, es un proceso que está durmiendo el sueño de los justos. Sabemos que toda denuncia penal en contra de algún funcionario de Gobierno, las autoridades judiciales no le dan celeridad”, se quejó el diputado Fabián Yaksic (MSM).

Luego está la denuncia de la diputada de Convergencia Nacional  Norma Piérola, quien informó que sus conversaciones son gravadas e ingresaron “virtualmente” a su computadora para revisar el contenido de sus mensajes enviados y recibidos.

“Particularmente tengo siete teléfonos y algunos no están a mi nombre, y son prepagos, porque todas mis llamadas son grabadas incluso entraron a mi IP de mi computadora y revisaron toda información que recibo y envío, por eso tengo que cambiar cada semana la contraseña de mi equipo”, aseguró Piérola y  dijo que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía y Policía, pero hasta ahora no se pronunciaron.

La legisladora aseguró que el espionaje y escuchas telefónicas “son una política de seguridad” en el Gobierno de Morales y que para sostener al personal crean los ítem fantasmas en cada entidad dependiente del Estado.

“Recordemos que Juan Carlos Núñez del Prado apareció realizando un trabajo de espionaje, luego sobornó a Ignacio Villa Vargas  El Viejo  (pieza clave del caso terrorismo) para que desaparezca de Bolivia.  Según investigaciones, Núñez del Prado era funcionario de la Defensoría del Pueblo pero Rolando Villena no lo conocía, es que ahí estaba con un ítem fantasma”, argumentó.

Mientras su colega Roy Moroni (CN) presentó un documento de la Inteligencia policial de Tarija, en la que se especifican la adquisición de micrófonos para escuchas telefónicas y otros que captan sonidos a través de las paredes.

“Esta es la prueba de que el Gobierno ahora no sólo pretende escuchar llamadas de periodistas, políticos, empresarios, juristas”, señaló Moroni.